La comisión propone que se envíe al fiscal su investigación sobre las irregularidades de Rubio

Mariano Rubio cometió presuntamente "irregularidades económicas fiscales", realizó operaciones financieras para "un enriquecimiento ¡lícito", defraudó "la confianza en él depositada" por quienes le nombraron y vulneró "la deontología profesional exigible a un gobernador del Banco de España". Ésta es la décima conclusión del dictamen aprobado ayer por la comisión del Congreso que durante cuatro meses y medio ha investigado su gestión al frente del banco emisor. A la vista de estas responsabilidades, civiles y políticas, la comisión propondrá al Pleno del Congreso que traslade al ministerio fiscal toda la documentación y actuaciones que ha realizado para que "se depuren cuantas responsabilidades pudieran existir".

Las actuaciones, irregulares a las que hace referencia esta conclusión se refieren a "un enriquecimiento ¡lícito, con incumplimiento de obligaciones fiscales, y globalmente reprochable" por parte del ex gobernador.Según lo investigado, Rubio realizó a través del despacho del agente de Bolsa Manuel de la Concha operaciones bursátiles no declaradas a Hacienda y que dieron lugar a la presunta comisión de un delito fiscal, al ocultar rendimientos por valor de 115 millones de pesetas en un año, y la suscripción de pagarés del Tesoro en otros sucesivos.

Las conclusiones señalan también que Mariano Rubio participó en la compra de Sistemas AF, que pudo tener una participación en el Grupo Ibercorp y que, desde su cargo al frente del Banco de España, pudo tener un trato de favor para sí mismo, para sus familiares y para sus socios en Ibercorp.

Sin embargo, el dictamen final excluye cualquier referencia a un posible tráfico de influencias, tercer objeto de investigación por parte de la comisión del Congreso, que no ha encontrado elementos suficientes para demostrar esta afirmación. Algo que no comparten ni el Partido Popular ni Izquierda Unida, que en sus votos particulares al dictamen tratarán de justificar el posible uso de información privilegiada.

La redacción del dictamen final de la comisión, una vez puestos de acuerdo sus integrantes sobre los hechos imputables a Mariano Rubio, provocó mayores problemas de los inicialmente previstos entre los grupos que pensaban actuar de forma conjunta. PNV, Convergència i Unió y el PSOE protagonizaron algunas escaramuzas a las que trataron de sumarse el Partido Popular e Izquierda Unida.

La primera de ellas surgió a la hora de establecer si había o no responsabilidades por parte de Carlos Solchaga, ex ministro de Economía, que no destituyó a Mariano Rubio cuando estalló el escándalo.

La redacción final señala que "fueron las circunstancias de este escándalo las que llevaron a Solchaga a presentar su dimisión", pero que se trata de una decisión personal, "que hay que respetar y de cuya actitud se desprende la asunción de una responsabilidad política que él ha juzgado conveniente asumir". Es decir, la comisión no responsabiliza a Solchaga de nada de lo ocurrido, sino que se limita a constatar que él consideró oportuno dimitir.

Responsabilidad del Gobierno

Donde estalló la discusión fue en otro párrafo del dictamen en el que se señalaban posibles responsabilidades del Gobierno o de instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, y en el que, se señalaba que la dimisión de Solchaga "era suficiente" y que "no se aprecia la posibilidad de proyectar responsabilidades a otros altos cargos". El párrafo terminaba señalando que el Gobierno conoció los hechos cinco meses antes de que terminara el mandato de Rubio y que "era aceptable que en ese periodo no se hubiera procedido a un cese por razones de estabilidad económico-financieras".

El párrafo contaba con el apoyo inicial del PNV, Convergéncia, Grupo Mixto y Coalición Canaria. El PSOE había advertido que no lo aceptaba, pero se esperaba que sí lo hiciera el Partido Popular. Pero esta formación se abstuvo, argumentando que no estaba de acuerdo con la inexistencia de responsabilidades de otros altos cargos y, por tanto, el párrafo debía desaparecer del dictamen.

No obstante, se repitió la votación a petición de los populares, que cambiaron su intención de voto haciéndolo en esta ocasión en contra. El PSOE había decidido abstenerse para no romper el consenso con CiU y PNV. Pero se perdió de nuevo la votación, ya que el Partido Popular rechazaba el párrafo.

El PNV reaccionó señalando que se había roto el consenso alcanzado. anteriormente y que, por tanto, no sólo podía presentar votos particulares en el pleno, sino incluso anunciar que, no participaría en la discusión del conjunto del dictamen que debe hacerse en el pleno del Congreso.

Nuevas conversaciones entre el Grupo Socialista y el PNV parecen haber logrado una nueva situación de equilibrio que se concreta en que vascos y catalanes presentarán un voto particular que, mediante una enmienda transaccional, podrá ser aceptado finalmente por los socialistas. En todo caso se hablará de una responsabilidad muy diluida de algunos organismos dependientes del Gobierno, que quizá deberían haber actuado con un mayor celo.