Aprobada la creación de una ponencia para la reforma constitucional del Senado

El Pleno del Senado aprobó ayer la creación de una ponencia de estudio sobre la reforma de la Constitución para transformar la Cámara alta en una Cámara de las autonomías, con la única abstención de Coalición Canaria. Los partidos apoyaron por unanimidad que las comunidades autónomas participen en las cuestiones comunitarias europeas que afecten a sus propias competencias. El acuerdo sobre ambas cuestiones, las más trascendentes en las discusiones de los partidos sobre política autonómica, puso broche final a un debate de tres días celebrado en un clima político distendido.

El pleno del Senado aprobó 20 de las 80 mociones presentadas. Además de las dos citadas, salieron adelante tres del PP, dos de CiU, cuatro del Par, una del PNV, una de IU, una de Eusko Alkartasuna, una de Coalición Canaria y cinco del PSOE.La sesión final del debate sobre el Estado de las autonomías contó con el PNV, cuyos representantes estuvieron ausentes los dos primeros días. Su portavoz, Ricardo Sanz, hizo ante el pleno un discurso moderado en defensa del Estatuto de Gernika. Su moción en demanda de 47 transferencias solicitadas por el Gobierno vasco fue aprobada. En cambio, su fórmula de participación en Europa fue rechazada. El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, manifestó que la incorporación del PNV al pleno demuestra su "lealtad constitucional".

La creación de la ponencia de la reforma constitucional -que se limitará a la composición y funciones del Senado- va acompañada de una potenciación del papel de la Comisión de Autonomías del Senado.

Este organismo, provisional hasta que el Senado sea una Cámara de las autonomías, tendrá a partir de ahora mayores competencias. Figuran entre ellas los debates sobre la aplicación de los objetivos de los fondos comunitarios estructurales y de cohesión; el balance de la presidencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y las conclusiones del Libro Blanco de Financiación Autonómica.

Conferencia de presidentes

Esta comisión será también el organismo encargado del seguimiento del desarrollo del Estado de las autonomías, el fomento de la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y, particularmente de la cooperación horizontal entre éstas, así como de la participación de las autonomías en la elaboración de la legislación estatal que deban ser posteriormente desarrolladas por las comunidades. A propuesta del PP, el Senado aprobó la creación de una conferencia de presidentes autonómicos.

En materia financiera, el Gobierno se compromete a desarrollar en el plazo máximo de seis meses, después de la elaboración del Libro Blanco sobre Financiación, el establecimiento de un nivel mínimo de prestaciones del conjunto de los servicios públicos fundamentales. El capítulo de financiación se cierra con el compromiso de hacer un balance del funcionamiento de la corresponsabilidad fiscal, esto es, la cesión del 15% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Senado solicita al Gobierno que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas en las relaciones del Gobierno con la UE en las materias que afecten a sus competencias.

La fórmula aprobada consiste en que serán las conferencias sectoriales -organismos que reúnen a las 17 comunidades con una representación del Gobierno central- los instrumentos mediante los cuales se canalice la opinión de las comunidades autónomas en materia europea.

Representación directa

No obstante, la moción aprobada ayer por el Senado admite la posibilidad de que exista una representación directa de las autonomías en instituciones europeas "cuando se considere procedente o porque existan expertos de las comunidades autónomas que puedan enriquecer la posición de la delegación española".

La reforma de la Administración periférica del Estado, otra de las cuestiones pendientes, fue uno de los compromisos más importantes que el Senado trasladó al Gobierno. No fue admitida en el debate una moción de rechazo de la figura de los gobernadores civiles, pero el Gobierno se compromete en el actual periodo de sesiones a aprobar la Ley de Organización de la Administración, que reducirá sustancialmente la Administración del Estado en la periferia, evitando duplicidades funcionales y despilfarros.

El pacto local -esto es, el compromiso de las comunidades autónomas de descentralizar competencias hacia los ayuntamientos- ha sido el gran ausente del debate. Hubo una ligera referencia en la intervención del jefe del Ejecutivo, Felipe González, del martes y finalmente fue aprobada ayer por el pleno una moción del PP en tal sentido, pero con un carácter testimonial.

El conflicto del agua tuvo, como no podía ser menos, su propia moción aprobada por el Senado. Su carácter es también testimonial. Según la moción aprobada, el Senado insta la Gobierno a que alcance un gran pacto nacional que ayude a conciliar los distintos intereses y tenga en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas del Consejo Nacional del Agua y otros estamentos institucionales. El pleno pidió que el Gobierno apruebe los planes de cuenca antes de tramitar en las Cortes el Plan Hidrológico Nacional.

El Senado pidió "a las instituciones" que se promueva la reforma del Estatuto de Aragón.