Faltan explicaciones
LOS SOSPECHOSOS meandros de buen número de casos de corrupción política han contribuido a fomentar un clima de impunidad que desalienta a los ciudadanos. El desenlace del caso Planasdemunt, en el que un ex consejero del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha sido condenado a siete años de prisión y ocho de inhabilitación, conduce, en cambio, a un atisbo de esperanza en la renovación de la vida pública de la mano de una acción rápida y eficaz de los tribunales.La sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha condenado a Jordi Planasdemunt y a otras seis personas es elogiable tanto por la celeridad con que se ha instruido y resuelto el caso apenas dos años como por la clara descripción de los mecanismos utilizados para realizar la estafa de 2.300 millones a pequeños inversionistas y la rotunda caracterización delictiva de los hechos.
Tres empresas insolventes y con aprietos económicos, propiedad de cinco de los acusados, libraban pagarés falsos, equivalentes a cheques, que la sociedad BFP colocaba a pequeños inversionistas. Los pagarés eran girados contra la garantía de supuestos trabajos y servicios que prestaban a grandes compañías como Repsol o Telefónica, aunque en realidad se trataba de operaciones de cuantía muy pequeña hinchadas a veces por procedimientos tan burdos como la adición de ceros a una cifra. Los clientes de BFP confiaban en la solvencia de estas grandes empresas instrumentalizadas sin su conocimiento y en el prestigio de los socios, entre los que destacaba Planasdemunt, ex consejero de finanzas y director entonces del máximo organismo financiero autonómico, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Se sumaban así un clásico procedimiento de estafa con la utilización de un cargo público para el enriquecimiento ilícito. Y no un cargo público cualquiera, sino precisamente el del mayor responsable catalán en la concesión de avales y créditos oficiales.
Esta vez es el Gobierno de Jordi Pujol el que se ve relacionado -por un caso de abuso de confianza y, a lo que parece, de defecto en el control y la tutela de sus subordinados- con un caso de corrupción, como en muchos otros bien distintos ha sido el PSOE o en otros más el PP y el PNV. Todos los grandes partidos políticos han demostrado en España, al igual que ha sucedido en el resto de la Europa latina, que se hallan aquejados de enfermedades similares, al margen del mayor o menor temple moral demostrado por sus dirigentes a la hora de enfrentarse con las responsabilidades políticas derivadas de la corrupción.
No sirve ante estos casos ni la proyección exagerada de la sombra de las responsabilidades sobre el máximo dirigente de cada partido o sobre el conjunto de todos los políticos ni la impasibilidad que pretenden practicar quienes se hallan políticamente comprometidos. Hay que atenerse a los hechos y no rendirse a la tentación de lanzar la basura contra el ventilador. para salpicar a todos. Por eso no es posible eludir las responsabilidades políticas: no es suficiente asegurar -como ha indicado Jordi Pujol- que no ha habido malversación de dineros públicos ni funcionamiento incorrecto del Instituto Catalán de Finanzas.
El Parlamento catalán y el Gobierno de Pujol tienen ahora la oportunidad de contribuir a la renovación de la vida política siguiendo el camino trazado por la Audiencia. Es preciso que a las expresiones de solidaridad personal con el ex consejero y al rechazo inicial de la existencia de cualquier tipo de responsabilidades políticas les sigan ahora las explicaciones y pruebas que merecen el Parlamento y la opinión pública sobre la actuación de los inmediatos superiores de Planasdemunt. Todo, menos dar el carpetazo.
