La oposición reclama al Gobierno un cambio más amplio de la LRU

El Pleno del Congreso rechazó ayer las propuestas alternativas de IU y PP al proyecto de ley de Actualización de la LRU. Los grupos de la oposición intervinientes, incluido el de CiU, criticaron el texto del Gobierno porque consideran que debiera abarcar muchos más aspectos que el del profesorado. La Cámara aprobará el próximo día 22 la ley que sitúa en los 70 años la jubilación obligatoria de los profesores universitarios.

El ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, dijo que la cuestión del profesorado es el aspecto de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) que requiere una actualización "más urgente". Sin embargo, rechazó que ello signifique hacer oídos sordos al debate que se está produciendo en el seno de la comunidad universitaria desde que hace más de un año se discutiera un texto similar a éste y que estuvo a punto de ser aprobado cuando se disolvió la anterior legislatura.En este sentido, Suárez Pertierra aseguró que la cuestión de la financiación universitaria, en la que insistieron todos los grupos parlamentarios, está siendo objeto de un debate en el seno del Consejo de Universidades desde hace varios meses y que en muy breve plazo se hará público un informe sobre sus resultados. Explicó también el ministro que otros aspectos de la LRU, como el relativo a los órganos de gobierno de las universidades, deberán ser abordados más adelante, aunque no precisó cómo podrán plasmarse eventuales nuevas modificaciones en el plano legislativo.

El nuevo texto introduce como principal novedad que la Comisión Nacional de Evaluación de la Investigación deberá acreditar los méritos de los aspirantes a ingresar en los cuerpos de profesores funcionarios, los cuales mantendrán su actual estructura.

Profesores contratados

Los principales cambios, con ligeras variantes sobre el proyecto debatido el año pasado, se refieren a las modalidades del profesorado que contratan las universidades: eméritos, asociados, visitantes y colaboradores. Los ayudantes, que hasta ahora no tienen asignadas funciones docentes, podrán convertirse en profesores ayudantes tras cuatro años de contrato renovables por otros dos, a condición de que hayan alcanzado el doctorado.

Los portavoces de los dos grupos que presentaron proyectos alternativos dedicaron mucho más tiempo a criticar el del Gobierno que a defender sus textos alternativos. El de IU-IC, representado por Franco González, propugna, por ejemplo, un mayor protagonismo de los sindicatos y de los estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades y una elevación del techo de competencias de las consejos sociales. Por el contrario, el texto del PP, que pretende un cambio radical de toda la LRU, apuesta, entre otras cosas, por la recreación del Consejo de Rectores y un sistema de habilitación nacional para el acceso a los cuerpos docentes, que al PSOE le parece una resurrección de la universidad anterior a 1982.

CiU, a quien tampoco le satisface el proyecto del Gobierno por insuficiente, se muestra dispuesta a colaborar en su mejora durante el trámite de enmiendas al articulado. Coalición Canaria cree que la limitación de la reforma de la LRU al título del profesorado puede dar la impresión de que lo único que está en juego es una "batalla corporativa". Por otra parte, el Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley por el que se retrasa desde los 65 a los 70 años la edad de jubilación obligatoria del profesorado universitario. Dado que la cámara alta ha introducido dos enmiendas al texto que le remitió el Congreso, será éste, en su reunión plenaria del próximo día 22, el que deba aprobar definitivamente esta ley. Ello permitirá continuar en su puestos a los profesores que, cumplidos ya los 65 años, pudieron permanecer provisionalmente en sus plazas merced a un decreto ley que expira el día 30.