Las cuotas de la discordia

Los partidos políticos afilan sus lápices y las gomas de borrar y se preparan para iniciar la discusión, parlamentaria que, formalmente, es la más importante de cada año: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este año, el protagonismo que adquiere el Parlamento es superior al de otros, ya que no hay una mayoría absoluta que garantice la aprobación automática. El objetivo del Gobierno y del PSOE, como el año pasado, es llegar al Congreso con el compromiso de Convergéncia i Unió de votar a favor del proyecto. Por eso la discusión prevía, la que está teniendo lugar estas semanas entre las dos formaciones políticas, puede quitar un relativo protagonismo, al Pleno del Congreso. En todo caso se buscan más apoyos parlamentarios por lo que la negociación continuará hasta diciembre.Dos son las piedras de toque del proyecto de presupuestos que Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, presentará en el Congreso de los Diputados antes de que finalice el actual mes de septiembre. La credibilidad del proyecto, para los operadores internacionales, va a depender de si, con las cifras, que se presenten, creen posible seguir reduciendo el volumen de déficit público acercando la cifra. actual hacia lo que exigirían los criterios de convergencia con la Unión Europea, en el supuesto de que estos criterios estuvieran realmente vigentes en la actualidad.

El otro elemento básico es si la anunciada rebaja de las cotizaciones sociales, entre medio punto y un punto, se compensa con ingresos fiscales sin grandes consecuencias inflacionistas y si se genera la suficiente confianza como para creer posible que esta rebaja se profundizará en los ejercicios siguientes.

Sobre el papel, y por lo qué se ha ido enseñando hasta ahora, los presupuestos, tendrán un cierto carácter restrictivo al crecer los gastos por debajo dé lo que lo haga el PIB nominal -la previsión de crecimiento nominal es del 6,3%-, pero al tiempo tendrán un crecimiento real positivo respecto a los previstos para el año en curso ya que- el aumento del gasto aprobado, el 5%, es superior a la previsión de la inflación para 1995.

Electoralistas

El primer elemento para la discusión parlamentaria, si el esfuerzo de saneamiento y rigor necesario se va a llevar a cabo o no en 1995, está servido. Por ello, Cristóbal Montoro, responsable de Economía del Partido Popular, señala que los presupuestos. de 1995 "van a ser socialistas" y que van a estar afectados "por las elecciones autonómicas y locales del próximo año" transformándose en "gastosos y electoralistas y actuando negativamente con tra la recuperación económica".

Joaquín Almunia, presidente del Grupo Parlamentario del PSOE, señala que el esfuerzo iniciado en 1994 de contención del déficit "continuará en 199-5 con un objetivo de cerrar el año con el 5,9% del PIB para todas las administraciones",. Almunia dice que en 1995 el esfuerzo debe hacerse, "en determinados gastos ya que los ingresos tienen serias limitaciones en lo que se refiere a su crecimiento". La deflactación de la tarifa del IRPF, después de tres años de no adaptarse a la inflación, los -menores beneficios del Banco de España y la bajada de las cotizaciones de la Seguridad Social limitan claramente el techo de los ingresos.

En el lado, opuesto se coloca Salvador Jové, coordinador de Economía de Izquierda, Unida, quien considera que "si es verdad que se está produciendo una recuperación económica, algo sobre lo que mantengo ciertas dudas, ello ensancharía los márgenes de actuación, permitiendo ritmos menores de reducción del déficit público, destinando partes más importantes de los ingresos tanto a gastos sociales como a inversión productiva".

Junto con el debate sobre el volumen de déficit público, y cómo atajarlo, en la presentación previa al proyecto de ley han sobresalido todas las cuestiones relacionadas con el- denominado a la economía productiva" y en especial la reducción de cuotas de la Seguridad Social y la forma de financiar estas rebajas. Todos los grupos, salvo Izquierda Unida enprincipio, consideran que para ayudar a ganar competitividad a las empresas españolas es necesario reducir los costes laborales y entre ellos las cotizaciones sociales. Aunque el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía el viernes que quería dejar claro "que cualquier rebaja se haría bajando tanto la cuota empresarial como la de: los ,trabajadores, esta posición no era la inicial deEconomía y Hacienda, donde se ha dudado sobre si no seria mejor aplicar toda la bajada a la cuota empresarial.

Medidas cortas

Para el PP y también para CiU y PNV, la rebaja que finalmente parece que propondrá el Gobierno, entre medio punto y un punto, se queda corta. El PP estima en ocho puntos la bajada ideal, en varios años, mientras que para Josep Sánchez Llibre, diputado democristiano y portavoz adjunto de CiU, "una bajada de dos puntos en este año sería bueno y, marcaría un compromiso para el futuro".

Las discrepancias surgen cuando se trata de decidir cómo se compensa la pérdida de ingresos -185.000 millones de pesetas por cada punto de cotización que se reduce- -que conlleva una medida dé ese tipo.

Emilio Olabarríal- del PNV, señala qué "hay varias alternativa si pero que no- sería malo pensar en una fórmula intermedia entre el IVA y el impuesto de sociedades". Para CiU "lo mejor sería el IVA". El Gobierno aún no se ha decidido por una subida del impuesto sobre carburantes o por elevar el tipo medio del IVA.

Joaquín Almunia, por el PSOE, se inclina por los derivados del petróleo. Subir el IVA no gusta en el partido mayoritario, entre otras cosas "porque el fraude es, mucho mayor en este impuesto" y se corre el peligro de que una parte importante de lo que debería ir a compensar los menores ingresos del Estado acabe en los circuitos del dinero opaco.

IU rompe la discusión al señalar que podría hablarse de reducir los costes laborales pero no a costa deprivatizar ni de subir impuestos indirectos, ya que ello supondría incrementar las injusticias del sistema fiscal". Jové propone que "se haga a través de una mayor progresividad del IRPF'.

En todo caso, la medida de este año va a ser testimonial, se reconoce en todas partes, y lo importante puede- ser a partir del año próximo a la luz de lo que resulte de la ponencia del Congreso sobre reforma de la Seguridad Social y de si se decide la adopción de medidas drásticas que aseguren el equilibrio financiero de la Seguridad Social para las próximas décadas. "Por eso hemos introducido en el debate la posibilidad de implantar en España la contribución social generalizada", señala Almunia., Esta tasa se aplica sobre las rentas, no sólo las salariales, que obtienen quienes hacen la declaración del impuesto sobre la renta.

Gastos sociales

El mantenimiento de los gastos de carácter social se ha convertido en el banderín de los socialistas este ano, así como Ciu y PNV hacen especial hincapié en seguir manteniendo estímulos a la economía productiva para garantizar la recuperación. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos supone un, incremento de los gastos de importancia.

En parte se van a compensar con la decisión del Gobierno de reducir las plantillas globales de la Administración mediante la decisión de río cubrir todas las bajas vegetativas que se producen por jubilación o salida' de la. Administración. Inicialmente, el objetivo fijado era cubrir sólo un 50% de estas bajas; pero las conversaciones con los sindicatos ha hecho que se elimine el porcentaje máximo de renovación.

Las medidas de apoyo a la economía productiva se concretarán en 1995 en el mantenimiento de apoyos fiscales para la reinversión de beneficios obtenidos, en el exterior y en España, por la internacionalización de su actividad y mediante apoyos concretos a las empresas familiares y a los patrimonios en los que las empresas familiares tengan un peso importante.

El Partido Popular mantiene su distancia de oposición al señalar que, aunque se quiera, es prácticamente imposible hacer unos presupuestos "coherentes con lo que la economía necesita sin acometer reformas profundas y globales". Cristóbal Montoro señala que su grupo ya presentó antes del verano su esquema de reforma fiscal que debería afectar no sólo al impuesto sobre la renta, sino también al de beneficios de sociedades, el IVA y el de patrimonio.

Pero esta reforma debería ir acompañada, se señala en el Partido Popular, de una decisión clara de moderar el crecimiento del gasto público, de reformar la Administración pública y de instrumentar una política de privatizaciones que reduzca el peso del Estado.