¿Quién no quiere comparecencias?

EL CAMBIO del cambio parece que va a ser sólo de estilo. Es menos de lo prometido, pero puede ser más de lo esperado si realmente se plasma en un comportamiento más transparente por parte del Ejecutivo: respecto a las negociaciones con sus aliados, a la explicación de sus decisiones, a sus propósitos sobre cuestiones de interés general. Una primera manifestación de ese cambio sería la mayor presencia del presidente en el Parlamento,- y, en particular, su compromiso de comparecer semanalmente para responder a las preguntas de los portavoces de los grupos.Tales comparecencias pueden ser un eficaz instrumento de revitalización de la actividad política en su ámbito más propio y servir, a la vez, para disipar falsos debates nacidos de la ausencia de pronunciamiento del presidente. Se trata, por tanto, de una cuestión de interés general. Que la posibilidad de plantear preguntas se reduzca a los portavoces de los grupos o se extienda a cualquier parlamentario es algo relativamente secundario. La discusión sobre ese u otros aspectos no esenciales de la cuestión ha impedido ya en dos ocasiones que la iniciativa llegara a plasmarse en un uso parlamentario reglamentado. La novedad es que ahora el Gobierno ha anunciado la disposición de González a comparecer voluntariamente, incluso si no hay una norma que le obligue a hacerlo.

Ese compromiso es oportuno para disolver la sospecha de que se trata de aplazar el asunto con la excusa del desacuerdo sobre el procedimiento. En las ocasiones anteriores, la oposición replicó, con razón, que si González estaba dispuesto a comparecer todas las semanas, nada le impedía hacerlo, con o sin reforma del reglamento. Sería bien paradójico que los términos se invirtieran y fuera la oposición quien ahora pusiera pegas con el pretexto de la limitación a los portavoces de la posibilidad de realizar preguntas.

Esa limitación tiene que ver con el temor a eventuales desbordamientos demagógicos de las sesiones. La experiencia indica que ese riesgo es real. Basta imaginar las tentaciones de ciertos diputados ansiosos de notoriedad o a los especialistas en armar bronca, ante la oportunidad de encararse cada siete días con el presidente del Gobierno. Pero es un riesgo consustancial al régimen parlamentario. No es posible evitarlo por vía reglamentaria. De hecho, los principales grupos de la oposición tienen al menos a uno de esos especialistas entre sus portavoces acreditados. Por ello, sería sabio por parte del Gobierno retirar esa limitación. Desplazaría así a los grupos la responsabilidad de controlar a sus respectivos incontrolados. La limitación de tiempo en las comparecencias', en cambio, parece lógica. Si algún partido hiciera de ella un obstáculo para el acuerdo demostraría que prefiere que las cosas sigan como están.

Tales comparecencias se incriben en el marco de lo dispuesto en el artículo III de la Constitución: "El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras"; pero no deriva directamente de ese precepto. El reglamento actual interpreta que las preguntas, cualquiera que sea su destinatario nominal, se entienden dirigidas al Gobierno en su conjunto, pudiendo responderlas cualquiera de sus miembros. Es cierto que, como recordó el martes la diputada del PP Loyola de Palacio, González podría contestar cada miércoles a las preguntas dirigidas a cualquier miembro de su Gobierno; pero se supone que se trata de un trámite específico y de especial entidad política, similar al del primer ministro británico ante el Parlamento de Westminster.

De hecho, ése fue el ejemplo invocado por la oposición al reclamar una mayor presencia de González, a lo que éste concedió por primera vez que estaba dispuesto a comparecer "tantas veces como la señora Thatcher". Las limitaciones planteadas por los socialistas pueden ser discutibles. Pero es absurdo considerar que la regulación del trámite, con limitaciones similares a las de otros de la vida parlamentaria, supone cercenar los derechos de los diputados o limitar la función de control de la oposición. Y es inconsecuente o demagógico criticar a la vez un mal (la ausencia de González del Parlamento) y, con la excusa del procedimiento, aquello que viene a remediarlo (su compromiso de comparecencia semanal).