El número de delitos aumentó el año pasado un 8%

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, se propone utilizar todos los "resortes y medios legales" para combatir la corrupción y los delitos económicos. Para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra este tipo de delincuencia, expertos de la Agencia Tributaria y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) formarán a los fiscales en cursos de especialización que se celebrarán antes de fin de año, según manifestó ayer. El número de causas abiertas el año pasado fue de 2,2 millones, con un incremento del 8% respecto a 1992.El incremento de delitos se ha producido en todas las comunidades autónomas, con excepción de Cantabria. El aumento es especialmente preocupante en Madrid, donde la delincuencia creció un 34%, seguido del 18% que registró La Rioja.

Granados anunció también la futura adscripción a las fiscalías de profesionales expertos en asuntos económicos y de unidades especiales de la Policía Judicial.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1993, que Granados expondrá el lunes en la apertura del año judicial, con la asistencia del Rey, da la voz de alarma sobre los delitos ecológicos, y, en concreto, sobre los incendios forestales (con un 16%, de siniestros intencionados).El documento refleja el incremento, respecto al año anterior, de las causas abiertas por fraude fiscal (94,5%), los delitos de agresión sexual (16,5%) y las detenciones por narcotráfico (un 9%). Los delitos de terrorismo se mantienen en una cifra similar a la de 1992.

El fiscal afirma que se han producido casos espectaculares de delincuencia económica relacionados con la corrupción, si bien considera que las instituciones no están corruptas y que no se puede hablar de "generalización del fenómeno".

El fiscal destaca dos lacras de la sociedad española: el terrorismo y el narcotráfico. En concreto, se refiere en la Memoria a "los efectos devastadores del terrorismo sobre la pacífica convivencia y la paz social" y "la erosión que produce el narcotráfico" entre la juventud.

Granados afirma en el documento que cada fiscal debe ser un defensor judicial de los ciudadanos y un "puente entre la sociedad y los tribunales" mediante el desempeño de un trabajo presidido por el estudio y la dedicación.

Respecto al cobro de indemnizaciones, Granados recordó ayer la instrucción que se dio en enero para que los fiscales insten que se dejen abiertos los procesos en los que no se ha resarcido a las víctimas, pero no sólo de terrorismo, sino de todos los delitos.