Economía, demografía y Fuerzas Armadas

España ha optado por un modelo de Fuerzas Armadas -FF AA 2000- en relación con el carácter y volumen de contingente humano que lo nutre -ejército mixto, 50% profesionales y 50% de reemplazo, aunque remunerado-, imaginativo y perfectamente adaptado a sus condiciones económicas y demográficas, además de satisfacer sus necesidades de defensa y seguridad y ser coherente, en cuanto al total de efectivos, con el esfuerzo que cabe exigir de un país como España, en el marco de las alianzas -OTAN, UEO- a las que pertenece.Entre los múltiples factores que condicionan la elección del modelo de Fuerzas Armadas de un país -ejército de recluta obligatoria, profesional o mixto-, los económicos y demográficos tienen el carácter de variable de restricción del modelo. Las preferencias ideológicas, evaluación de las necesidades de defensa y seguridad complejidad y cantidad de los sistemas de armas, entre otros factores, han de moverse inexorablemente en el marco trazado por la economía y la demografía.

No es casualidad, aunque asombra que nadie Parezca reparar en su excepcionalidad, que sólo seis países del mundo industrial avanzado disponen de un ejército exclusivamente profesional o se planteen tenerlo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica -desde 1994- y Holanda, a partir de 1998. Se trata, en todos los casos, de países cuya demografía es capaz de soportar la opción elegida, entre los más desarrollados del mundo, con una envidiable red de infraestructuras, un tejido empresarial altamente competitivo y un completo sistema de servicios y prestaciones sociales.

Ese nivel de desarrollo les permite dedicar una proporción muy importante de su producto nacional bruto (PNB) a gastos de defensa, en los que España sólo se asemeja a Bélgica y se encuentra por detrás de todos los demás.

Nuestra sociedad viene desarrollando durante los últimos años un extraordinario esfuerzo para homologarse con los países más avanzados de nuestro entorno. Si ese objetivo puede considerarse satisfecho en el plano institucional, todavía queda un largo camino que recorrer en el plano del desarrollo económico y de las prestaciones sociales.

Ello hace imprescindible la continuación del esfuerzo inversor en infraestructuras y de apoyo a la modernización del aparato productivo, además del mantenimiento y mejora de los gastos sociales. Este esfuerzo generará ulteriores excedentes de renta y riqueza, siendo posible atender líneas de gasto ahora inevitablemente preferidas. No debe olvidarse que, hasta 1985, la formación bruta de capital fijo en España ha ido siempre por debajo de la media comunitaria. El. gasto de protección social, por su parte, es en España el 22% del producto interior bruto (PIB), aproximadamente, frente al 26% de media en la CE.

La financiación de este esfuerzo ha de hacerse en el marco de unos escenarios presupuestarios restrictivos para los próximos años, pese a que el gasto, público en España, el 48% del PIB en 1994, todavía se encuentra por debajo de la media de la -Unión Europea: 51,4% del PIB. El déficit público ha sido el 7,3% del PIB en 1993, frente al 6,4% de media en la Unión Europea, y para acceder a la Unión Monetaria, en 1997, es necesario no superar el 3%, lo que da idea del esfuerzo a realizar.

En estas condiciones, manteniendo un volumen de efectivos acorde con las necesidades de defensa y seguridad de España, como prevé el modelo FF AA 2000 -180.000, de los cuales 50.000 son cuadros de mando-, parece poco razonable sacrificar los objetivos de un mayor desarrollo económico y bienestar social, para intentar disponer de un ejército exclusivamente profesional, extraordinariamente costoso.

Es necesario recordar que el total de efectivos civiles y militares de las Fuerzas Armadas españolas en relación con la población -1,61/6- se encuentra en la banda baja de los países de la OTAN, muy por debajo de la media de la organización, que supera el 2%.

Un ejército exclusivamente profesional, de tamaño semejante al español del modelo FF AA 2000, tampoco parece compatible con la demografía española, cuyas previsiones para los próximos 25 años, en el estrato de edad más significativo para la defensa, se recogen, comparándolos con la de otros países europeos. España es el único país de Europa que disminuirá constantemente su población durante los próximos 25 años. La regresividad del modelo poblacional español determina que en el año 2000 sólo 125.000 personas de 18 anos serán efectivamente incorporables a las FF AA.

Si se defiende la opción exclusivamente profesional, en base a la hipótesis de mantener, en cuanto a efectivos, el modelo FF AA 2000 y suponiendo una media de permanencia como profesionales de cinco años, a partir del año 2000 el 20% de los jóvenes de 18 años tendrían que incorporarse anualmente como soldados profesionales a las FF AA, en competencia con la Guardia Civil, policías autonómicas y locales. Si se tiene en cuenta que la permanencia media en los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido se estima en tres o cuatro años, a pesar de su tradición y de los medios económicos disponibles, y que en estos países se necesita incorporar no más del 10% de los jóvenes en edad militar, se pueden valorar las dificultades, prácticamente insalvables, que representaría para España, por razones estrictamente demográficas, la opción de un ejército exclusivamente profesional.

La restricción para la libertad de elección acerca del modelo de FF AA que suponen los factores económicos y demográficos se pone dramáticamente de manifiesto en las reflexiones precedentes. Existen, no obstante, variables teóricas de ajuste: reducción drástica el total de efectivos previstos , adaptando un viejo concepto e raíz marxiana, utilizar lo que podría denominarse "ejército de reserva".

Una reducción radical -en torno al 50%- de los efectivos previstos en el modelo FF AA 2000, no parece compatible con nuestras necesidades de seguridad y defensa, tal y como han sido evaluadas en el Acuerdo del Congreso, de los Diputados de junio de 1991, ni con las obligaciones que conlleva el pertenecer a un sistema de alianzas, que exige a sus miembros una aportación en el esfuerzo de defensa relacionada con sus recursos demográficos y económicos.

En cuanto a la ilusión de que un ejército exclusivamente profesional de tan exiguas dimensiones podría suponer una disminución equivalente en el actual volumen de gasto en defensa, puede servir de ejemplo el caso de Canadá. Este país, con sólo 80.000 efectivos, menos del 50% de los previstos para España en el modelo FF AA 2000, dedica a gastos de defensa una proporción del PIB superior en 0,4 puntos a la española actual; es decir, un 35% más.

Los costes de formación, reinserción en la vida civil, indemnizaciones por razón de servicio, Seguridad Social y otros gastos sociales; las mayores exigencias en personal civil o en contratación de servicios a empresas privadas; las inversiones en infraestructura y viviendas que suponen unas FF AA profesionales, no entran en el cálculo de los promotores del ejército profesional, aunque pudiera suponer, en el caso español, en torno a 400.000 millones de pesetas adicionales al año.

La opción acrítica por un ejército profesional apenas se para en este coste y también ignora la quiebra de la solidaridad intergeneracione -los padres de los actuales soldados garantizaron, en su momento, la seguridad de las nuevas promociones-, interterritorial y social que supone, cuando es posible demográfica y económicamente, este modelo de Ejército.

Ahora se trata de dar un paso en su consolidación, mediante un incremento sustancial en la compensación económica de los soldados de reemplazo para determinados destinos, contribuyendo a disminuir la carga económica que el servicio militar -como cualquier otro servicio- supone para quienes lo realizan.