La constructora del 'caso Atocha' arremete contra el PP y la fiscalía

Un nuevo frente se ha abierto en el denominado caso Atocha. La protagonista del escándalo, la empresa Construcciones Atocha, ha salido por primera vez a la palestra. En un escrito firmado por su consejo de administración, la constructora niega las acusaciones de la Fiscalía de Madrid y del PP que la implican en un supuesta estafa de 2.000 millones de pesetas a empresas de leasing (véase EL PAÍS del 15 de agosto), así como en la adjudicación irregular de unas obras por las que han sido acusados tres funcionarios del Gobierno socialista de Joaquín Leguina.La empresa, en suspensión de pagos desde 1991, considera que las acusaciones fiscales que se han vertido sobre su gestión están basadas en "un libelo, carecen de rigor y nunca podrán ser probadas".

"Se quieren utilizar los tribunales con fines partidistas y políticos, quizá para tapar otras actuaciones (las verdaderamente delictivas)", indica la empresa en una referencia implícita a las denuncias del PP, formación que no se libra de la andanada.

"Desinformar y tergiversar públicamente, por hombres públicos, crea alarma social, con el peligro que ello implica", señala la constructora, para la que los "ataques" han tomado un "cariz personal y sucio", sin que jurídicamente se sustancie nada. "Creemos que no hay caso Atocha, quizá sí caso Beteta [portavoz autonómico del PP]", añade el escrito, en el que se insiste que el asunto se ha utilizado como un "arma" contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No puede haber lesión para los intereses de la Comunidad de Madrid cuando se dejaron de cobrar 150 millones de pesetas", señala. En este sentido, indican que comunidades y ayuntamientos controlados por el PP, principalmente en Castilla y León y La Rioja recibieron adjudicaciones por más de 2.500 millones.

Una afirmación que contrasta con la última denuncia efectuada por el PP: cinco autonomías gobernadas por el PSOE, además de la Comunidad de Madrid, concedieron contratos de obras a entidades afines a la Constructora Atocha. El monto de las adjudicaciones en las otras comunidades -Castilla-La Mancha, País Valenciano, Andalucía, Asturias y Murcia- asciende, según los populares, a más de 3.400 millones de pesetas. En esta extensión de la trama, el PP, aunque sin destapar ninguna irregularidad, ha seguido el rastro a Defensas Hidráulicas, entidad vinculada a la constructora.