ANTONIO ELORZA El arrepentimiento

El tema del arrepentimiento ha estado sobre el tapete durante estas últimas semanas en diversos escenarios de la política mundial. El más espectacular, sin duda, el de la conmemoración del levantamiento de Varsovia (no del gueto, como afirmó el telediario de TVE-1), con el gesto del presidente alemán solicitando perdón por los actos de barbarie que sus compatriotas cometieron en Polonia por mandato de Hitler. La justicia se imponía a los rescoldos nacionalistas, gracias a otro generoso gesto, esta vez de invitación, a cargo del presidente polaco, Lech Walesa. La otra cara de la moneda vino de la siempre viscosa política exterior rusa. Yeltsin. se limitó a delegar en su consejero Filatov, evitando así afrontar la responsabilidad histórica que tuviera la URSS de Stalin, como cómplice de Hitler primero, y como testigo mudo luego, de la destrucción de Varsovia por los alemanes mientras éstos aplastaban a los polacos sublevados.Hay, pues, quien se arrepiente y hay quien no lo hace. Esta perogrullesca conclusión resulta pertinente para valorar el tema en su polémica proyección sobre nuestra, escena social y política. Volviendo al ejemplo internacional arriba citado, parece obvio que el camino de la reconciliación, queda abierto entre Polonia y Alemania, no sólo por el gesto de humildad del presidente Herzog, sino ante todo por. la admisión de unas responsabilidades concretas. Nueva perogrullada: cuando uno se arrepiente, se arrepiente de algo, y la actitud de arrepentimiento supone reconocer el contenido del daño ocasionado al otro.

Por eso no se tiene en pie la justificación dada por nuestro Gobierno al recurso vergonzante mediante el cual se ha librado del asunto GAL. El hecho de que los condenados declaren ahora en unas cuartillas que rechazan la violencia nada tiene que ver con un arrepentimiento: éste sólo se habría producido si Amedo y Domínguez hubieran roto su cortina de silencio y revelado la trama terrorista en que se vieron envueltos, según consta en una firme condena que borra ya toda presunción de inocencia. La noción del arrepentimiento, forjada en Italia como respuesta a las actividades de terroristas y mafiosos, tiene como núcleo la colaboración del pentito para sacar a la luz aquella estructura criminal de la que previamente formó parte. El arrepentido colabora con la justicia para que ésta alcance a conocer lo que de otro modo le estaría vedado. No es éste el caso del asunto GAL, ya que el semiindulto a los implicados viene a suponer el cerrojazo para toda ulterior investigación. Y por lo mismo, mal cabe ver en las palabras del ministro Belloch una muestra de "exquisita sutileza", al incluir su personal desagrado ante ciertas concesiones de libertad "quizá en referencia a Amedo y Domínguez" (sic). Más aún si, como informa este diario, al llegar la propuesta de indulto para ellos, con los antecedentes que él bien conoce -recordemos su llamamiento a Barrionuevo para que aclarase las cosas en su día-, y si el dato mencionado es cierto, tras el bloqueo registrado anteriormente desde el Gobierno de González a autorizar una profundización de las investigaciones, no habría sólo base para atizar una "cultura de la sospecha", sino indicios muy fundados de que estamos ante un caso de terrorismo de Estado. A partir de ahí, poca exquisitez hay en volver la cara ante la basura que uno mismo está enterrando. El texto de la ley, previamente dispuesto, puede autorizar una aberración como la que acabamos de contemplar, pero no excluye la abierta violación de los fundamentos del Estado de derecho, al refrendar la intervención reiterada de los Gobiernos presididos por Felipe González para impedir la investigación de unos hechos criminales en que verosímilmente se vieron implicadas autoridades públicas.

La coartada es que no conviene ahondar en determinadas cosas, porque todo desprestigio del Estado, igual que toda discusión política entre partidos democráticos sobre el terrorismo, va a parar en beneficio de ETA. Como si ésta no le hubiera sacado ya suficiente jugo al tema GAL. Y sobre todo, como si la experiencia no hubiese dejado ver claramente que la trabajosa reforma en los comportamientos de las fuerzas de orden público ha sido uno de los elementos que han hecho posible el retroceso del apoyo social a la organización terrorista. Tiene gracia que el PNV rechace ahora la luz propia de un procedimiento democrático porque éste pudiera favorecer a ETA como espectáculo, olvidando los shows que periódicamente ofrece su líder supremo al reflexionar sobre hutus y tutsis, errehaches y soberanía vasca, todo lo cual contribuye sin duda eficazmente a erradicar la irracionalidad de Euskadi.

La misma luz que hace falta para despejar toda duda en el tema de las reinserciones. Éstas son sin duda necesarias, y no sólo porque exista una autorización constitucional, sino por razones humanitarias -para los presos de ETA y para los demás- y para quebrar la lógica de fortaleza sitiada que aspira a mantener el sistema ETA. Nueva perogrullada: recordar que la situación de violencia en Euskadi no equivale a una guerra y que quien lo desee puede defender sin problema alguno sus ideas políticas, incluidas las independentistas, sin otro obstáculo que la resistencia posible de los electores. Frente a la sacralización de los presos por parte de HB, en cuanto principal referente para sostener la acción terrorista (supuesta lucha armada), aplicación de una legislación penal generosa cuando existan garantías de un arrepentimiento efectivo y no al modo GAL. No se conseguiría así únicamente horadar una de las claves de la estrategia política de ETA-HB, sino también apuntar hacia una normalización de las relaciones sociales dentro de la sociedad vasca, algo que pasa necesariamente por la reintegración de aquellos que participaron en la acción terrorista.

Pero el acuerdo de principio no elimina las dificultades en la aplicación. Un primer obstáculo nace de esa oscuridad, presente aún en el informe de Belloch, y que hace de supuestas asociaciones con el tercer grado de los GAL una posibilidad interpretativa entre otras, y no sólo una difamación o una calumnia, como proclamó. Por otra parte, admitir y propiciar la reinserción es una cosa, y algo bien distinto es renunciar a formularse cualquier pregunta sobre los resultados. Para la cuestión que nos ocupa, hay dos vertientes que no cabe olvidar, teniendo en cuenta de paso que el tema no es sólo un mano a mano entre el Gobierno y los presos, sino que concierne a la sociedad, y a la necesidad que ésta siente de comprender el contenido de la justicia. La primera, apuntada por el juez Garzón, es el absurdo aparente que resulta de ver. en la calle a hombres sobre los que pesan condenas firmes de cientos de años. Una cosa es la justicia como revancha, la ley de talión, y otra que las condenas sean algo parecido a los marcos de la gran inflación de Weimar. La segunda atañe al contenido de los delitos: hace falta una sólida explicación para aceptar que el asesino de Yoyes, o el de varios guardias civiles, recupere la vida normal sólo con firmar una renuncia a la violencia y con la seguridad estadística de que no va a volver a matar. De momento, otros etarras encarcelados pueden sentir la tentación de imitarles. Pero también cabe alimentar el reclutamiento ante el bajo coste de los crímenes. Claro que esto supondría caer en la lógica de la razón de Estado, de los objetivos políticos sobrepuestos a la justicia, lo que constituye el principal riesgo para la política del Gobierno en este terreno.

es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid.