La Unidad contra el Fraude propone rebajar la sanción de pago ineludible

La Unidad Especial para el Estudio y Propuesta de Medidas contra el Fraude propone, en el informe remitido al Gobierno, moderar las sanciones y, a cambio, asegurar que éstas se abonarán de forma inmediata como medidas para mejorar la "eficacia del sistema sancionador". El informe destaca asimismo la "clara tendencia a disculpar el fraude basado en el estado de necesidad" -aunque advierte que éste depende directamente de la percepción subjetiva de cada ciudadano.

La Unidad contra el Fraude, que dirige Manuel Bravo, afirma que "cuando las sanciones son desproporcionadas o excesivamente elevadas, la aplicabilidad y la eficacia del sistema sancionador decrece de forma notoria". Ello ocurre porque, por ejemplo, surgen "inevitables reservas" entre los funcionarios y los jueces que deben hacer cumplir las sanciones. Además, desde el punto de vista del defraudador, "a partir de un nivel inasumible de coste, éste no influye en la decisión de defraudar".Para solucionar este problema, la Unidad contra el Fraude defiende que Ios sistemas sancionadores aplicables en los distintos fraudes sean equilibrados en cuanto a la cuantía de las sanciones".

Pago inevitable

Además, añade el informe que ha dirigido Bravo, habría que buscar la "equidad" del sistema sancionador, por la vía de "ligar a la graduación de cualquier tipo de sanción la consideración de los factores del incumplimiento y los medios puestos para el mismo". Tras moderar y graduar las sanciones, habría que asegurar que éstas son "efectivas", es decir, que,, "descubierta la irregularidad", los, incumplidores "van a soportar inevitablemente la sanción".Ese pago, además de inevitable, debería ser inmediato. El motivo que aduce la Unidad contra el Fraude es que existe la "percepción de que, transcurrido cierto tiempo, pueden darse circunstancias que eviten el pago o cumplimiento de la sanción".

La eficacia en el control del fraude y en su sanción debe completarse, añade el estudio, con una mejora de la imagen que tienen los ciudadanos sobre la capacidad de la Administración de controlar y castigar a los defraudadores.

Para ello, la información sobre el control del fraude "debería planificarse y ser más permanente" en lugar de, como en la actualidad, "circunscribirse a las campañas de declaración u otras circunstancias específicas".

La Unidad advierte contra la pretensión de hacer creer a los ciudadanos que Hacienda lo ve todo, porque ello reduce el efecto contrario al deseado en un principio. Las campañas, por tanto, "deben ser siempre equilibradas y no deberían sugerir la existencia de medios de control que posteriormente no puedan ser ratificados por la realidad", con el objetivo de evitar "los efectos contraproducentes suscitados por determinadas campañas en el pasado".

Listas de infractores

Una vía "explícita" para dejar claro cuáles son los medios exactos con los que cuenta la Administración "podría ser la publicación de las sanciones firmes correspondientes a las infracciones a partir de cierta gravedad".El informe advierte que uno de los motivos más generalizados para defraudar es "la percepción subjetiva de que, de no adoptar determinadas prácticas de fraude, el nivel de vida personal descenderá por debajo del mínimo admisible", señala el documento.

El fraude para evitar ese mínimo, que la Unidad contra el Fraude denomina "fraude por estado de necesidad", cuenta con una considerable aceptación social. "Existe una clara tendencia a disculpar el fraude basado en el estado de necesidad por lo que tiene, en el sentir social, de reestablecimiento de la justicia", indica el informe. El desarrollo de la economía sumergida es uno de los ejemplos de fraude por estado de necesidad que comenta el informe.