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El Gobierno abandona su idea de subir el umbral del delito fiscal, que seguira en cinco millones

El Gobierno decidió ayer, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, mantener el umbral del delito fiscal en cinco millones de pesetas y abandonar su idea de elevarlo a 15 millones. Esta decisión contrasta radicalmente con los informes a favor de elevar el umbral M delito elaborados por Hacienda y Justicia, así como por expertos fiscales. Defraudar a Hacienda será delito cuando el importe ocultado supere los cinco millones de pesetas. La nueva norma equipara el delito fiscal a los, fraudes por obtener subvenciones indebidas (cuando la cantidad supere los 10 millones de pesetas), por no pagar a la Seguridad Social (a partir de 15 millones) o por cometer fraude contable (de más de 30 millones de pesetas).

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificó el mantenimiento de los cinco millones de pesetas de fraude como frontera entre la sanción administrativa y el paso a los tribunales de Justicia porque "para la relación individual con Hacienda, cinco millones parece una cantidad razonable".Rubalcaba negó, a preguntas de los periodistas, que esta inesperada decisión sea una respuesta al caso Rubio. "El Gobierno ha adoptado la decisión por consideraciones generales, no se remite a casos singulares", respondió Pérez Rubalcaba.

El ex gobernador del Banco de España, según los datos del sumario abierto en el juzgado número 6 de Madrid, dejó de ingresar en Hacienda 6,16 millones de pesetas en 1989 por los ingresos obtenidos de su cuenta opaca 7MM en el despacho del ex síndico Manuel de la Concha. Es decir, si se hubiera elevado el umbral a 15 millones, los 6,16 millones de fraude que se imputan a Rubio no serían delito, sino que deberían castigarse por la vía, administrativa.

Fuentes de Hacienda subrayaron la misma idea de Rubalcaba al asegurar que los ingresos, no ya la capacidad de defraudar, de la mayoría de los ciudadanos no superan los cinco millones de pesetas. Durante 1993, casi la mitad de los 199 expedientes de delito fiscal que Hacienda remitió a los tribunales correspondían a fraudes de entre cinco y 15 millones de pesetas. Fuentes de Hacienda negaron ayer que la Agencia Tributaría haya cursado ninguna orden para que se pospusiera el trámite de los expedientes por delito fiscal de entre cinco y 15 millones de pesetas.

La lentitud de los tribunales y la dificultad práctica para lograr el cobro de la deuda y de la sanción contaban como motivos implícitos en la defensa de subir el umbral del delito. Ahora, la consideración de la capacidad de fraude de la mayoría de los ciudadanos ha pesado más. No en vano se trata de un proyecto de ley orgánica, que requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara. Rubalcaba estimó ayer que el trámite parlamentario se dilatará "unos seis meses" y fuentes gubernamentales no descartan negociar el apoyo necesario en las discusiones que el Gobierno mantiene para la aprobación de los Presupuestos. Tras su aprobación, esta ley se integrará en el nuevo Código Penal.

Al mantener invariado el umbral del delito, las novedades del proyecto de ley orgánica se refieren a los nuevos fraudes que pasan a la jurisdicción de los tribunales de Justicia. Hasta ahora, el impago de las cuotas a la Seguridad Social, por ejemplo, no estaba tipificado como conducta delictiva, aunque podía ser objeto de sanción penal a través de la figura de "apropiación indebida". El proyecto fija en 15 millones de pesetas el fraude A la Seguridad Social, que será castigado como delito. De igual forma, recibir subvenciones indebidas por un importe de más de 10 millones de pesetas se considerará "delito de subvenciones" y falsear la contabilidad de una empresa por más de 30 millones será "delito contable".

Voluntad de defraudar

Las penas previstas para todos estos delitos quedan unificadas en el proyecto de ley. El importe de la sanción podrá llegar hasta seis veces la cantidad defraudada. Esta sanción podrá estar acompañada de prisión menor. Además, cuando concurran circunstancias que denoten una especial voluntad de defraudar y de dificultar la investigación, o cuando haya una estructura organizativa pensada para facilitar el fraude, la pena a imponer será la máxima prevista en el proyecto de ley.

La regularización fiscal antes de que empiece la inspección será la única vía de evitar estas penas. El proyecto de ley calca la norma administrativa (la que opera para el fraude fiscal de menos de cinco millones) al eximir de castigo a quienes regularicen antes de que se les notifique el inicio de una actuación inspectora.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer la venta de Artespaña (por 50 millones de pesetas) a la empresa Medino, SL, y de CAIVSA, sociedad del INH, a Gas Natural. Esta última, por 2.265 millones de pesetas. Además, el Ejecutivo suprimió las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, así como su Consejo Superior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de agosto de 1994

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