Desacuerdo total entre el Gobierno y Convergencia i Unió sobre los Presupuestos del Estado para 1995

Después de un mes medio de conversaciones entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 1995 el desacuerdo entre las dos partes es total. Ningún tema les aproxima y cada uno de ellos pesa como una losa en la negociación actualmente en curso. Lejos queda la visita del pasado 4 de julio del ministro de Economía, Pedro Solbes, para informar a Jordi Pujol del proyecto de Presupuestos y que desató la ira de la oposición por entender que era una claudicación del Gobierno ante Convergència i Unió.

Este clima de desencuentro entre CiU y los socialistas quedó patente el pasado lunes en la entrevista que mantuvieron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que inició sus vacaciones el pasado viernes, las interrumplió ayer para reunirse con Alavedra y con el consejero de Política Territorial, Josep Maria Cullell, sus dos principales colaboradores en cuestiones económicas.La entrevista de Pujol con Alavedra y Cullell se celebró en el Palau de la Generalitat en un clima de gran malestar y profunda irritación por las inconcreciones del discurso socialista en la mesa de negociación. Aunque el presidente catalán no da las conversaciones por definitivamente rotas, lo cierto es que, en principio, no volver a haber una reunión entre las dos partes hasta los primeros días de septiembre.

El propio Pujol ha confesado a sus colaboradores más próximos que, tras las últimas reuniones con miembros del Gobierno, tiene la impresión que el Ejecutivo "no nos toma en serio", por lo que, de no cambiar las cosas, "van a tener un disgusto". Fuentes de la Moncloa atribuyeron ayer las actuales discrepancias a la habitual estrategia negociadora y expresaron su esperanza de que se alcancen acuerdos en las conversaciones que se reanudaran el próximo mes.

Aunque no habrá una reunión formal entre CiU y el PSOE hasta septiembre, Pujol ha dado instrucciones a Macià Alavedra para que mantenga contactos, aunque sean telefónicos, con Pedro Solbes. Llegado el momento, Pujol está dispuesto a encarar personalmente las conversaciones con el ministro de Economía y con el presidente del Gobierno, con quien se podría ver a la reanudación del curso político.

Economía productiva

Las discrepancias en estos momentos afectan tanto a las medidas presupuestarias tendentes a mejorar la economía productiva como al paquete de temas autonómicos pendientes que Pujol intenta que avancen al mismo ritmo que los acuerdos presupuestarios. No hay acuerdo en ninguna de las tres cuestiones relacionadas con la economía de las que los nacionalistas hacen bandera: eliminación de la doble imposición de dividendos, rebaja del tipo de cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de incrementar impuestos especiales como el tabaco, el alcohol e incluso el IVA, y regularización de balances. En la cuestión de la doble imposición de los dividendos; los nacionalistas aseguran que hay un compromiso de Solbes de resolver el problema.

Las posiciones también están alejadas en una cuestión de la que los socialistas no quieren ni oír hablar: la reforma laboral con el objeto de reintroducir modalidades de contratación temporal. Tampoco hay acuerdo en temas como la exención del impuesto de sucesiones para empresas familiares, en la bonificación por beneficios invertidos, y en la mejora de la fiscalidad de la familia, cuestión que Unió Democrática, socio electoral de Convergéncia, considera preferente.

En materia autonómica, dos son las cuestiones prioritarias que inciden directamente sobre la negociación de los presupuestos. Una nueva fórmula para la financiación de la Sanidad que arregle el fuerte déficit sanitario de Cataluña -cifrado en unos 200.000 millones de pesetas- y tener competencia sobre el reparto de los fondos de cohesión de la Unión Europea. En ambos casos las posiciones están muy alejadas. La solución del problema sanitario exige obviamente un acuerdo entre todas las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia -Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid, País Vasco, Galicia y Navarra- y su posterior ratificación por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiero. Todo ello supone para los socialistas que se vuelva a abrir la caja de los truenos y las acusaciones de trato preferente a algunas autonomías. Además, una comunidad tan importante como Andalucía, que parecía suscribir las posiciones de la Generalitat en el tema sanitario, se ha distanciado.

Medios cercanos a la negociación opinan que ninguna de las dos partes parece decidida a ceder en sus posiciones. Los nacionalistas se mueven con la convicción de que el Gobierno acabará cediendo, ya que lo contrario acarrearía la celebración de elecciones anticipadas y la más que probable derrota del PSOE. Desde las filas gubernamentales se duda de que Jordi Pujol mantenga la firmeza actual y cargue sobre sus espaldas con la apertura de una etapa de inestabilidad política en unos momentos en que la economía empieza a repuntar.

Elecciones anticipadas

Son varios los colaboradores del Pujol que últimamente han visto en éste una actitud proclive a aceptar la anticipación de las elecciones, que podrían celebrarse coincidiendo con las municipales del año próximo. Pujol piensa que durante el último año su apoyo a la gobernabilidad del Estado, enfrentándose a la oposición siempre que ha sido necesario, le legitima para defender con firmeza sus demandas.

Los nacionalistas descubren signos que no veían en la negociación de los Presupuestos actuales. En primer lugar, el clima es diferente. Las dos partes se muestran más recelosas que el año pasado y Convergència i Unió no se fia de los compromisos que no aparecen reflejados por escrito.

Además, los negociadores de CiU notan "poca coordinación" en el equipo socialista. Así, cuando Pedro Solbes tantea la posibilidad de sustituir parcialmente cotizaciones sociales por impuestos, inmediatamente sale un colaborador tan estrecho de- Serra como el director del gabinete de Presidencia del Gobierno, Antoni Zabalza, enmendando la plana al ministro y asegurando que el Gobierno no está en condiciones de adoptar esta medida.