Gobierno de Berlusconi sobrevive a la orden de prisión contra el hermano del primer ministro

El Gobierno de Silvio Berlusconi sigue adelante. Los coligados con Forza Italia, el partido del primer ministro, Gianfranco Fini (líder de Alianza Nacional) y Umberto Bossi (de la Liga Norte) han reiterado la voluntad de sostenerlo tras una reunión con Berlusconi el martes por la noche. La oposición tampoco muestra voluntad de hacerlo caer, porque nadie quiere afrontar unas nuevas elecciones. Pero la debilidad del Gabinete es extrema, tras la orden de detención contra Paolo Berlusconi, el hermano menor de Silvio, en un contexto de tensión creciente entre el primer ministro y los magistrados.

Aumenta la presión judicial sobre Fininvest, el grupo empresarial del presidente del Gobierno. La única línea de la investigación no confirmada por Salvatore Sciascia, el director fiscal de Fininvest detenido el domingo, tiende a demostrar presuntas manipulaciones en Telepiú, cadena de televisión por cable, realizadas en vísperas de la última campaña electoral, para ocultar que su propiedad corresponde supuestamente a Berlusconi, lo que contravendría las leyes.El fiscal jefe de Milán, Saverio Borrelli, hubo de desmentir en la mañana de ayer que se hubiese abierto un sumario al primer ministro italiano. A su hermano Paolo se le acusa, en cambio, de tres episodios de corrupción, con una responsabilidad global de unos 25 millones de pesetas. Anoche se encontraba en paradero desconocido, pero sus abogados trataban con el juez Antonio di Pietro que fuera interrogado en cuanto se presentara y sometido luego a arresto domiciliario para evitar la prisión. Los letrados esperaban. que el menor de los Berlusconi se entregara en cuestión de horas. También se busca a otros dos dirigentes de Fininvest: Alfredo Zuccotti, director administrativo, que se encuentra en España, y el ex policía fiscal Gianmarco Rizzi, en paradero desconocido.

"En Italia, la responsabilidad penal es personal. El Gobierno no tiene hermanos, primos, cuñados ni parientes", dijo el ministro portavoz, Giuliano Ferrara. Al fredo Biodi, ministro de Justicia, consideró, en cambio, que "el es tado de salud del Gobierno de pende de la capacidad de convivir de la propia mayoría".

Solidaridad renovada

"No tengo motivos para sentirme pesimista ni preocupado", dijo Fini tras la cumbre del martes. "Hemos renovado la solidaridad en la mayoría, con una cohesión más fuerte", comentó Umberto Bossi quien, pese a todo, no se privó de lanzar una pulla sobre los ataques de Berlusconi a los jueces. "Mientras no se demuestre lo contrario, los jueces están cumpliendo con su deber", afirmó el líder de la Liga, identificada especialmente con la depuración de los magistrados.

Para Massimo d'Alema, secretario del Partido Democrático de la Izquierda (PDS, ex comunista), el problema fundamental es, en cambio, el conflicto entre los intereses públicos del primer ministro y los intereses empresariales privados de Silvio Berlusconi. "O consigue separarlos, o habrá crisis", dijo ayer. No obstante, D'Alema ha explicado que no se debe ir contra la voluntad ciudadana de que gobierne quien ganó las elecciones. El PDS, afirma, no pretende soportar el desgaste de llegar al, poder por una crisis parlamentaria, sin pasar por las urnas, aunque tampoco se podría negar a formar parte de un Gobierno de transición para llevar al país hasta nuevos comicios, en el caso de que el Gabinete de Berlusconi caiga por sí mismo.

"La tendencia a restringir los espacios reales de la oposición y los continuos ataques a la magistratura son preocupantes y peligrosos", advirtió ayer Rosa Russo Jervolino, presidente del Partido Popular Italiano (PPI), adoptando una distancia crítica frente al Gobierno, al inaugurar un congreso clave de su partido.

Berlusconi podría encontrar cierto respiro si el nuevo secretario del PPI, a elegir este fin de semana, es el filosofo derechista Roceo Butiglione, dispuesto a colaborar con el Gabinete, o si el ala derecha se escinde, como es probable, en caso de elección de un secretario izquierdista.

Así las cosas, el Gobierno se prepara para las vacaciones de verano. Los partidos han acordado que el Parlamento cierre sus puertas el 5 de agosto, de modo que la ley sobre la prisión preventiva no podrá ser aprobada antes del 8 de agosto, como había prometido el Gabinete. Queda para septiembre. El proyecto correspondiente ni siquiera ha sido presentado, porque el acuerdo anunciado del Consejo de Ministros parece no ser completo. También se ha aplazado hasta septiembre la convalidación parlamentaria del decreto de reorganización de la RAI, la televisión estatal, que suscita diferencias en la mayoría.

La actividad gubernativa se bloquea, pero las verdaderas vacaciones políticas en Italia sólo comenzarán cuando las tomen los jueces.