Orden de prisión contra el hermano del primer ministro italiano

Una "campaña de prensa nacional e internacional" está "desinformando" sobre la actividad del Gobierno italiano, según denuncia el primer ministro, Silvio Berlusconi. "Las viejas fuerzas de la política" añade, "se refugian bajo las togas de los fiscales de la República" que, por presunciones de corrupción de la policía fiscal, han detenido a altos ejecutivos de las empresas de Berlusconi. Mientras el primer ministro hacía anoche estas proclamas, los jueces lanzaban una orden de prisión cautelar contra su hermano, Paolo.

Unas horas antes, los abogados de Paolo Berlusconi, presintiendo lo que iba a pasar, habían pedido que su cliente pudiera acudir a- declarar. Salvatore Sciascia, el director fiscal de Fininvest, que se entregó y prestó declaración el pasado lunes, afirmó ante el juez que, si bien la decisión de pagar sobres a la policía fiscal la adoptaba por sí mismo, los fondos necesarios le fueron facilitados en algunos casos por Paolo Berlusconi, entonces presidente de Videotime, una de las tres filiales de Fininvest implicadas en el escándalo.Los magistrados de Milán emitieron ayer una orden de detención contra Alfredo Zuccotti, director administrativo del grupo de Berlusconi, que se encuentra en España por motivos de trabajo, y ordenaron un nuevo registro en sedes de Fininvest. Sigue prófugo Gianmarco Rizzi, un ex policía fiscal que pasó a trabajar para el grupo empresarial del primer ministro italiano. Rizzi era anoche el único no detenido de los 23 buscados desde el pasado sábado en relación con este mismo asunto.

Este nuevo frente de investigación abierto por los magistrados de Manos Limpias, bloqueado momentáneamente por el decreto ley que suprimía a prisión preventiva para los presuntos corruptos y relanzado, al ser retirada dicha norma, con una serie de detenciones que han afectado ya a altos dirigentes de grupos como Fiat o Montedison, además de Fininvest, es el telón de fondo de una intervención que Berlusconi protagonizó anoche.

"Los magistrados deben cumplir su oficio sin interferencias. Si quieren gobernar el país, decidir sobre las leyes, asumir la responsabilidad de guiar la economía, deberán obtener el mandato del pueblo soberano", afirmó el primer ministro, para quien tanto estas actitudes de los jueces como las supuestas campañas de prensa responden a un mismo motivo: "El deseo de revancha inmediata y total de la fuerzas que han perdido las elecciones", las cuales "no aceptan la sencilla idea liberal de que quien vence, gobierna, y quien ha perdido, se prepara para gobernar mañana".

La investigación está revelando que todas las grandes empresas italianas pagaban sistemáticamente a los policías fiscales para evitar las inspecciones. Los empresarios sostienen que, en lugar de corruptores, eran víctimas de la venalidad de los agentes, cuya capacidad de extorsión no podían resistir más que al precio de graves prejucios. Pero lo cierto es que ningún empresario ha denunciado un caso de este tipo durante los dos años largos que duran las investigaciones.

Por otra parte, en el proceso preliminar por las comisiones ilegales pagadas con motivo de la adjudicación de las obras de construcción del metro de Roma, ha sido absuelto plenamente Cesare Romití, consejero delegado de Fiat.

Ha quedado, en cambio, procesado, y será juzgado el próximo mes de marzo, el ex líder socialista Bettino Craxi, cuyo partido fue, junto con la Democracia Cristiana (DC), el principal beneficiario de los pagos ilegales efectuados.