Berlusconi asume su derrota y retira el 'decretazo'

Silvio Berlusconi sufrió ayer su primera gran derrota como primer ministro de Italia. Plegándose a las exigencias de la Liga Norte, el partido lombardo, cuyo apoyo le es imprescindible para gobernar, retiró el decreto-ley por el que se suprime la prisión preventiva a los presuntos implicados en delitos de corrupción y aceptó sustituirlo por un proyecto de ley que ya no servirá para librar de la cárcel a los caídos en las redes de la investigación Manos Limpias. El desenlace plantea muchos interrogantes sobre el futuro del Gabinete y sobre la suerte de los 1.800 presos liberados en estos días.

Técnicamente, la norma aprobada la semana pasada dejará de tener vigencia en las próximas horas, por lo que nada impide que alguno de los 169 procesados ilustres, como los ex ministros Francesco de Lorenzo y Giulio di Donato, o como el empresario Roberto Falk, rescatados de la prisión por dicha medida, vuelvan a entrar en la cárcel enseguida. Pero para ello deberá mediar un nuevo auto de prisión, a discreción del juez competente en cada caso.La justicia tendrá, en cambio, algún problema para localizar a cientos de rateros y pequeños traficantes de droga que fueron puestos en libertad por aplicación del polémico decreto.

Un clima similar de confusión acompañó al anuncio de la rectificación del Gobierno, que se produjo in extremis, cuando la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, convocada para examinar el decreto-ley, ya había comenzado. Esta, poco después, rechazó la constitucionalidad de los requisitos de urgencia y necesidad reclamados por el Gobierno. La decisión fue tomada con 29 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

Los síntomas de la crispación reinante y del ambiente de precrisis, según las expresiones utilizadas en medios del Gobierno, se extendieron durante el día. Sobre la una de la tarde, Berlusconi anunció a los periodistas, saliendo de su domicilio, que se dirigía a su despacho para "pronunciar un discurso transmitido en directo por televisión". Todas las cadenas italianas ' las del propio Berlusconi y las estatales, habían sido llamadas, en efecto, al Palazzo Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno, para que el primer ministro pudiera hablar a todo el país.

Las televisiones anunciaron la conexión para las 13.15. Una red de Fininvest, grupo de Berlusconi, comenzó a preparar el ambiente para un anuncio espectacular. Y a las 13.15 llegó el desmentido: Berlusconi no hablaría. Su subsecretario se escudó en un malentendido. Otra versión asegura que Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, telefoneó a Berlusconi para advertirle de que, si salía por televisión, la Liga haría caer el Gobierno.

Sobre las dos de la tarde, Berlusconi se reunió con los presidentes de los grupos parlamentarios de los tres partidos de la mayoría -Alianza Nacional, Liga Norte y Forza Italia- y comprobó que las posiciones seguían encontradas. Ni siquiera su partido iba a votar a favor si su redacción no era cambiada. El problema era la Liga: el partido de Bossi garantizaba que el decreto sería rechazado como inconstitucional y que la única solución que admitía era su sustitución por un proyecto de ley. La indeseada prueba de humildad que Berlusconi hizo la víspera se revelaba inútil.

El entendimiento en dicha reunión debió de ser malo, porque los portavoces de Alianza Nacional y Forza Italia salieron de ella diciendo que el decreto-ley a modificado, pero no sustituido por un proyecto de ley.

No hubo tal. Poco después de concluida la reunión, el ministro portavoz del Gobierno, Giuliano Ferrara, anunciaba que Berlusconi había hablado por teléfono con Gianfranco Fini y Umberto Bossi y que los líderes habían llegado a un acuerdo para "transformar el decreto-ley en un proyecto de ley que la mayoría se compromete a aprobar antes de mediados de agosto".

El portavoz añadió también que los tres líderes habían acordado, además, "enmendar el texto [presentado inicialmente como decreto-ley] en la línea anunciada por el presidente", que pretende la "exclusión de los principales delitos contra la Administración pública, como la corrupción y la concusión, del conjunto de delitos para los que no se admite la prisión preventiva, y otros puntos que se refieren al carácter secreto de las investigaciones sobre la Mafia".

Por otra parte, se supo que los jueces de Manos Limpias que anunciaron sus dimisiones la semana pasada seguirán en sus puestos, si bien la adjudicación de otros asuntos queda aplazada hasta septiembre. Su jefe, Saverío Borrelli, ha rechazado sus peticiones de traslado.

Los jueces habían protestado porque el decreto limitaba a tres meses el plazo de secreto sumarial en las investigaciones sobre la Mafia. También se prevé que el nuevo proyecto legal permita el encarcelamiento preventivo de los presuntos reos de delitos económicos y que levante la prohibición de informar sobre investigaciones en curso impuesta por el decreto a los periodistas.