"Confunde el Estado con una sociedad anónima"

"Se trata de un decreto clasista y racista". "Es un decreto para poner en libertad a los amigos". "Bersluconi confunde el Estado con una sociedad anónima". Son manifestaciones realizadas a EL PAÍS, el lunes pasado en El Escorial, antes de la rectificación efectuada ayer por el propio primer ministro, por los juristas italianos Luigi Ferrajoli y Salvatore Senese, que participan en un seminario sobre La crisis de la jurisdicción en la crisis del Estado de derecho.Ferrajoli es magistrado en excedencia para dedicarse a su cátedra de Teoría General y Filosofía del Derecho, y miembro eminente -como Senese- de Magistratura Democrática. Afirma que el asunto de la revisión de la prisión preventiva (legislada por decreto por el Gobierno de Berlusconi) lleva siendo objeto de debate en Italia desde hace 10 años. "El decreto no beneficia a los más débiles, ya que los delitos comunes quedan fuera... Salen beneficiados los amigos, las gentes de la Fininvest, del grupo Berlusconi, que estaban en el punto de mira de los jueces".

Senese, de 59 años, vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado italiano -es un independiente elegido senador en las listas del Partido Democrático de la Izquierda- y que fue miembro del Consejo Superior de la Magistratura, abunda en la dirección apuntada por Ferrajoli: "El decreto afecta a los delitos de cuello blanco (corrupción, bancarrotas fraudulentas), que quedan excluidos de la prisión preventiva, mientras todo queda igual para los delitos comunes". "Es un decreto clasista y racista, basado en la defensa de intereses privados", sentencia Ferrajoli.

El vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado indica que el ministro de Justicia italiano, Alfredo Biondi, compareció en la Cámara Alta en vísperas de la promulgación del decreto para exponer sus planes: "Naturalmente, se le preguntó por la cuestión de la prisión preventiva, que nos preocupa a todos, y expuso ideas generales sobre el tema, dijo que quería elaborar una ley, pero negó tajantemente que la fuese a legislar por decreto".

Para Ferrajoli, la actitud del Gobierno de Berlusconi, "un empresario", es altamente peligrosa para la democracia, porque "rompe el principio de la distinción, de la separación, entre el interés público y el privado". "Un ejemplo claro sobre esto", añade, "es lo que está ocurriendo con la RAI (la televisión pública), cuya reestructuración busca ante todo vaciarla de publicidad para desviaría hacia las cadenas privadas de Berlusconi".

Senese indica que el decreto llega cuando los jueces de Manos Limpias investigaban un escándalo de facturas falsas que afectaba a industriales milaneses, entre ellos, una personalidad muy cercana a Berlusconi. "El objetivo del decreto es absolutamente de interés privado", apostilla.

Para Ferrajoli, el problema es que Berlusconi actúa como si el Gobierno tuviese una soberanía ilimitada. "Esto es muy preocupante, es un neoabsolutismo en el que se desprecia el pluralismo y en el que el Parlamento es contemplado como si fuese la asamblea de accionistas de una sociedad anónima en el que se imponen las mayorías". Sobre el papel del presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, que ha rubricado el texto del Gobierno, coinciden en señalar que su posición está debilitada últimamente. Indican que cuando se le presentó el decreto de reforma de la RAI lo rechazó y pidió su revisión, provocando las iras del portavoz del Gobierno.

Recuerdan que Scalfaro está bajo punto de mira judicial en el caso del escándalo de los fondos reservados del SISDE (servicios de información): "Curiosamente, han sido puestos también en libertad quienes habían sido encarcelados por ese escándalo".

Sobre la afirmación del Gobierno de que la investigación de la corrupción no tiene por qué verse afectada, ya que los acusados quedan bajo arresto domiciliario, indican que eso no es así.

"Es como quitar una marcha en el tren de la investigación", señalan. "Piense, si no, en el caso del ex ministro de Sanidad, excarcelado y confeso de corrupción, que tuvo que ser enviado a prisión tras ser descubierto en su casa quemando pruebas y documentos".