La juez procesa a Carmen Salanueva por fraude de más de 500 millones en el BOE

Carmen Salanueva, directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE) entre 1985 y 1991; Julio Fernández González, jefe de su departamento de producción de 1982 a 1992, y otras nueve personas -en su mayoría empresarios- han sido procesados por la juez de instrucción Ana María Ferrer por malversación y, otros delitos en relación con la compra de papel prensa para el diario oficial, que, según el auto judicial., perjudicó a la Hacienda pública en más de, 500 millones pesetas. Las penas previstas por malversación pueden, ir de 12 a 20 años de cárcel.

Los 11 procesados quedan en libertad provisional Salanueva fue detenida en noviembre de 1993 y quedó en libertad bajo fianza de 15 millones. La resolución con, el procesamiento, firmada por la juez Ferrer el pasado día 15 de julio -antes de iniciar su permiso de maternidad- y notificada ayer a las partes, considera que los hechos investigados desde 1991 revisten los caracteres de los delitos de prevaricación (dictar resolución injusta a sabiendas), malversación de caudales públicos, fraude y cohecho (aceptación u ofrecimiento de dádiva o regalo por una actuación ilícita). Como resultado de la investigación, la juez considera que Salanueva y Fernández "adoptaron la decisión de comprar el papel que debía utilizar el organismo para la confección del periódico oficial a determina das empresas, por un precio muy superior al del mercado".

Para ello, Salanueva relevó al funcionario Faustino San cho Hernán y dio. instrucciones concretas para que las compras las controlase Fernández quien conocía el mercado, pape lero y organizó "una actividad defraudatoria, que, bajo la apariencia de legalidad y utilizan do siempre el procedimiento de contratación directa", explica la magistrada, "( ... ) posibilitó la adjudicación de los suministros de papel a precios previamente acordados y mucho más elevados que los de rnercado". Las 11 adjudicaciones realizadas por ese procedimiento, con la participación de empresas invitadas para dar la apariencia de legalidad y concurrencia, supusieron un total de 2.385,5 millones, con un perjuicio inicial para la Hacienda Pública superior a los 500 millones, aunque las pruebas periciales pendientes pueden todavía elevar este importe.

Malversación y cohecho

Al margen de otras penas como las de inhabilitación y multa, la privación de libertad que, en su caso, corresponde por cada uno de los delitos oscila entre 12 y 20 años por la malversación y de seis meses a seis años tanto por el fraude como por el cohecho. Según la resolución, de 15 folios, existen indicios racionales de criminalidad contra Salanueva sobre todos los delitos mencionados y contra Fernández, sobre todos menos el de cohecho. Los indicios de malversación existen, además de en los dos principales implicados, en Guillermo-Rafael Cervera Monfort, administrador único de la empresa Toixima; Santiago Sánchez Ezquerra y su hijo Luis Sánchez Acevedo -el primero, antiguo ingeniero de instalaciones en el BOE y ambos propietarios de la empresa Tecnicel-; José María Olmo Ortega, coadministrador de Grolpinsa; Enrique José Vidal Lorenzo, director de ventas del grupo Enso; Anton Soroa Carrera, consejero-delegado de Papelera Udalar; Lorenzo Cavanillas García de Carellan, administrador único de Papel-6 SA, y Ohto Mikael Nuóttamo, director gerente de Enso Ibérica y representante en España de Enso Gutzeit.

Por lo que se refiere a la participación en el cohecho, además de en Salanueva, la juez aprecia indicios de este delito en los empresarios Vidal Lorenzo, Soroa Carrera y Mikael Nuottamo, así como en Jack Kelly, amigo de la ex directora del BOE y que, según la magistrada, actuó de testaferro suyo.

La magistrada señala que, a pesar de la gravedad de los hechos, dado que no se puede determinar el tiempo que falta para completar la instrucción y que "no concurren motivos para pensar que tratarán de sustraerse a la acción de la justicia", declara la libertad provisional de todos ellos.

Para garantizar posibles responsabilidades pecuniarias, la juez ratifica la. fianza de 60 millones impuesta a Salanueva y la incrementa en 140 millones. Asimismo, impone a Fernández González una fianza de 125 millones; a Soroa, Mikael Nuottamo y Vidal Lorenzo, 65 a cada uno; a Cervera Monfort, Sánchez Ezkerra, Sánchez Acevedo, Cavanillas y Olmo Ortega, 50 a cada uno, y a Kelly, 15 millones. También se decreta la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas implicadas.

[La juez Ana Mercedes del Molino ha sido enviada en comisión de servicio por el Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de Instrucción número 16 para sustituir a Ana María Ferrer durante su baja por maternidad].