Aborto, ciencia... falacias

Al parecer, algunos opinan que la modificación de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo no es, en estos momentos, oportuna. Nada más oportuno, sin embargo, que la promulgación de una ley de plazos, como la que se anuncia, cuando la sociedad ha llegado al grado de madurez suficiente como para encarar sin complejos esta delicada cuestión. El nivel de civilización de los distintos países no se mide tan sólo con parámetros macroeconómicos; a la comparación entre ellos me remite a aquellos que han permitido que mujeres españolas se acogieran a leyes similares, cuando no eran siquiera pensables en nuestro país debido a la hipocresía social que siempre ha rodeado a este asunto.El aborto no es ni puede ser considerado un método anticonceptivo. Se trata de algo suficientemente traumático como para que su práctica, como afirmaba recientemene el presidente Clinton, tenga por fuerza que ser poco frecuente. Resulta hasta ofensivo pensar que las mujeres vayan a tomar a la ligera una decisión de este calibre. Los métodos anticonceptivos, los que de verdad deben contribuir a que las personas libremente decidan sobre el número de hijos que quieren tener, y a estabilizar la población humana sobre el planeta han de ser preventivos, fáciles de aplicar y de difundir.

Por eso, aquellos a quienes más repugna debieran ser los primeros defensores de la extensión de los métodos anticonceptivos que la ciencia y el sentido común nos han proporcionado, aunque no sea esa precisamente mi experiencia. Desde luego, quienes pensamos que el aborto debe ser despenalizado y regulado teniendo en cuenta la libre voluntad de la mujer, dentro de plazos predeterminados, lo consideramos un último recurso al que ojalá nadie tuviera que recurrir.

Con frecuencia se arguye acudiendo a supuestas verdades científicas. La más consistente, sin dejar de ser una falacia, es la continuidad entre el embrión y un futuro ser humano. Eso es tan evidente que es casi una simpleza; como es evidente que esa misma continuidad existe entre el embrión y el óvulo y espermatozoide que lo originaron, y entre estos y los de los progenitores y así sucesivamente. La vida y su propagación es una larga cadena, regida por las leyes de la naturaleza que son ciegas y que no saben de derechos, de dignidades ni de libertades.

Esos conceptos, que son los relevantes en este asunto, son fruto de la inteligencia y de la experiencia en sociedad de los humanos, y son ellos quienes han de decidir. La naturaleza no nos dice cuando un conjunto de células debe ser portador de derechos y acreedor a lo que se entiende como dignidad humana. A mi juicio, los extremos son claros; cuando un feto, aún antes de haber nacido, empieza a tener las sensaciones y, probablemente, indicios de la consciencia propios de los humanos, debe ser considerado persona y, en consecuencia, protegido; cuando se trata de un mero proyecto, acumulación de células que en nada comparten las características de los humanos, son más bien una parte del cuerpo de la mujer que lo acoje.

Establecer ese límite es responsabilidad de los propios humanos; no está fijado por la naturaleza, aunque deba recurrirse a lo que la ciencia pueda decir, sin ir más allá de lo que dice, como frecuentemente se hace. Un obispo se preguntaba en estos días con qué derecho el Estado puede legislar sobre estos asuntos. A mí no se me ocurre otra instancia que no sea, justamente, el Estado democrático en el que cada cual puede expresar y hacer valer su opinión; desde luego no creo que sean los clérigos la autoridad competente al respecto.

Si una Iglesia piensa que lo que tolera la ley, que no lo impone a nadie, va contra su credo, nada más fácil que dirigirse a sus miembros para que no hagan uso de la misma. Lo que me parece que ocurre en esto, como en otras cosas, es que no se tiene demasiada confianza en la propia grey y se prefiere recurrir ¡al Estado! para que éste imponga principios que deberían ser privativos de los fieles y voluntariamente admitidos por estos.