Clientelismo

LA INVESTIGACIÓN parlamentaria sobre el fraude de las oposiciones de 1990 al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ratificada ayer por el Parlamento vasco, ha confirmado la existencia de una trama organizada de militantes socialistas que llevó a cabo la manipulación, pero ha limitado las responsabilidades políticas al antiguo director general del organismo Mario González Ortega. El PSE-EE no ha conseguido rebajar el nivel de su implicación en el caso, pero tampoco el Partido Popular (PP) ni Eusko Alkartasuna (EA) han logrado elevarlo para que afectase a la ejecutiva de los socialistas vascos ni -como intentó EA- al conjunto del Gobierno vasco de coalición.En todo caso, el dictamen parlamentario supone un varapalo en toda regla para el PSE-EE en un año electoral en Euskadi y en plena crisis de credibilidad, de la opción socialista a escala nacional. Los hechos y las conclusiones puestos de manifiesto por la investigación parlamentaria son elocuentes: en la España actual es posible -'a veces parece que hasta probable- el clientelismo más descarado, esa forma de corrupción que tuvo su apogeo en épocas del pasado, cuando no existían los controles democráticos.

Los hechos: fraude masivo, que afectó al menos a 581 exámenes correspondientes a 363 opositores que en su mayor parte aparecen vinculados, de una u otra forma, al PSE-PSOE o a la UGT; lentitud injustificada en el proceso administrativo, disposición no justificada de servicios ajenos a los de la Administración (empresas ICSA y Euro Apraisal, a las que se encargó la corrección de los exámenes), con un coste suplementario de 200 millones de pesetas; contratación claramente irregular de Euro Apraisal; varios miles de opositores burlados...

Las conclusiones: el objetivo del fraude fue doble; de un lado, "beneficiar a numerosos opositores de un determinado ámbito político y/ o sindical, y por otro, instalar un grupo de personas afines a tales ámbitos en posiciones con capacidad de control efectivo sobre el funcionamiento de la red sanitaria pública". Además, el volumen y la naturaleza de las manipulaciones efectuadas, así como su materialización, "obedeció a una conspiración, la cual requirió, por un lado, la intervención de varios agentes, y por otro, la existencia de una trama organizada a tal fin". Y como colofón, la existencia "en los servicios centrales de Osakidetza de una estructura de poder político paralelo compuesto por personas vinculadas, de un modo u otro, al partido político sobre el que recaía la gestión del organismo y sin cuyo concurso no hubiese sido posible el fraude masivo detectado".

Se comprende que el dictamen haya constituido un hueso duro de roer para el PSE-EE. Existen indicios de que tales prácticas clientelistas no son ajenas a otras áreas administrativas en Euskadi ni a comunidades autónomas gobernadas por otras fuerzas políticas. Pero este caso demuestra una especial falta de pudor en la operación fraudulenta. Hace pensar que algunos militantes consideraban esta estafa como un trámite a realizar con plena naturalidad. En ese sentido, el voto del PSE.-EE contrario al dictamen, por más que se escude en supuestas carencias o irregularidades de la investigación, no deja de resultar políticamente incoherente con su mensaje de lucha contra la corrupción.

Los socialistas vascos podrían haber quedado peor parados: el dictamen deja fuera del caso al vicepresidente del PSE-EE, José Luis Marcos Merino, que también viajó a Madrid y se hospedó en un hotel cuya factura pagó Euro Apraisal. Resta, no obstante, por cerrar el capítulo de las presuntas responsabilidades penales. La Audiencia de Vitoria ha apreciado indicios de "una torpe y clara manipulación y falsificación de los exámenes de determinados opositores". Es de esperar un esclarecimiento pleno y rápido.