Nuevo impulso a los pisos de PSV en Alcobendas y Madrid Sur

Crispadas, tensas, soporíferas, vivaces y hasta didácticas resultaron las diferentes fases del último debate del presente periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid antes de las vacaciones del verano. Se discutía la Ley de Avales para sacar adelante las promociones madrileñas de. la cooperativa PSV. Esta ley, finalmente aprobada, no afectará económicamente de ninguna manera a los cooperativistas, aunque sí permitirá que las promociones más avanzadas en Alcobendas y Madrid Sur reanuden inmediatamente sus obras. El portavoz del PP, Antonio Beteta, reclamó que se exigiera un seguro sobre el patrimonio de UGT para otorgar el aval de 3.353 millones que concederá la Comunidad. Este punto fue rechazado con vehemencia.Javier Doz, de Izquierda Unida; José Antonio Sainz, del PSOE, y el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, consideraron esta petición un nuevo obstáculo que retrasaría la resolución del problema y, además, un sinsentido: "Si se exige un seguro a un tercero, ¿para qué se quiere el aval?". Indicaron también que esa reclamación provocaría reticencias entre las constructoras y empresas implicadas ya en la reanudación de las obras.

Estos diputados opinaron incluso que ese seguro repercutiría económicamente al final sobre los cooperativistas. Doz fue incisivo: "Ustedes pretenden darle una bofetada a UGT en la cara de los cooperativistas".

"Sinvergüenzas"

Beteta respondió inflexible: "Duele la verdad, pero nosotros pensamos que a los sinvergüenzas que han llevado a fracasar esta experiencia cooperativa, a ésos, no se les debe dar ni agua. Quien ha creado el quebranto tiene que pagarlo, y éstos [en relación a los dirigentes de UGT] no han tenido el valor ni la decencia de poner sus bienes y su patrimonio para resolver el problema, porque si lo hubiesen hecho no haría falta el aval". Beteta indicó que la Comunidad está "tirando 3.353 millones a un agujero negro, y en el caso de que haya fallidos, la responsabilidad será de los que han votado en contra de esta enmienda". Es decir, del PSOE y de Izquierda Unida. "Aquí se ha preferido salvar la cara de la UGT y no la de los madrileños", concluyó el portavoz del PP.

Ramón Espinar explicó que "a partir de ahora se establecerá el proceso de segregación promoción a promoción; luego los cooperativistas pagarán su derrama, que nunca será superior al 7% del precio original de su vivienda; se imputará la parte de los gastos generales de IGS-PSV a cada promoción y, una vez segregados, los cooperativistas, ya individualmente, decidirán si se quedan en la gestora de IGS o se marchan a otra promotora".

El consejero de Hacienda reveló que con la ley aprobada ayer "se ve el final de un túnel" pero reconoció que para ver definitivamente la luz hará falta "un proceso de segregación rápido".