De la Rosa usó el aval de la Generalitat a Tibigardens como garantía para pagar el dividendo de Tibidabo
Javier de la Rosa utilizó el 31 de diciembre pasado 1.000 millones de pesetas del aval de 10.000 millones concedido por la Generalitat para el parque Tibigardens para cubrir, durante dos meses, un riesgo no autorizado por la ley que permitió el aval público, según han confirmado a este diario seis fuentes distintas. De la Rosa utilizó esa parte del aval para garantizar un crédito de la Caixa de Tarragona que permitió a Grand Tibidabo, sociedad que presidía, pagar el dividendo de 1992. Ayer, el Departamento de Economía reconoció este uso indebido del aval y anunció un informe jurídico sobre el tema.
Precisamente, el uso hecho por De la Rosa de ese aval centró ayer el debate de la Comisión de Economía del Parlament de Cataluña. El portavoz de Iniciativa per Cataluña, Joan Saura, preguntó al consejero de Economía, Maciá Alavedra, sobre los mencionados 1.000 millones y solicitó la creación de una comisión de investigación, petición a la que se sumaron el PP y ERC.Alavedra afirmó no conocer la operación y anunció una investigación sobre el tema, al igual que había contestado el pasado martes a preguntas de este diario sobre el mismo tema.
Los 1.000 millones del aval garantizaban a la Caixa de Tarragona el cobro de cinco pagarés ofrecidos por Gran Tibidado, por la misma cantidad, en caso de que necesitase ejecutar el crédito. Esta garantía se instrumentó a través de una orden de compra, sin fecha, firmada por Miguel Soler, directivo de Grand Tibidabo y de Tibigardens, y Javier Garrido, director general de Tibigardens. Con esta orden, la caja podía cargar esos pagarés contra la cuenta de 1.000 millones de Tibigardens avalados por la Generalitat. Otra operación, en febrero de este año, que incluyó el otorgamiento de un segundo crédito por parte de la misma entidad permitió tanto solventar el primer crédito, que Grand Tibidabo no pudo devolver, como pagar deudas a los proveedores del parque.
En las cuentas de tesorería de Tibigardens a 31 de diciembre de 1993 figuran los mil millones del aval como depósito y en la auditoría encargada por la Generalitat se contabilizan bajo el epígrafe de "inversiones financieras temporales", aunque este informe no explica cuál es esa inversión. Los 1.000 millones de pesetas utilizados por De la Rosa como garantía para obtener un créddito para una empresa ajena al parque, Grand Tibidabo, procedían del último tramo del crédito avalado por la Generalitat, concedido durante el pasado mes de diciembre.
Durante dos meses completos, entre el 31 de diciembre y el 21; de febrero, esos 1.000 millones estuvieron cubriendo un riesgo no autorizado en el decreto de concesión del aval aprobado por el Parlamento de Cataluña. El Parlament aprobó en julio de 1992 la concesión de un aval de 10.000 millones de pesetas a Tibigardens para la financiación de las obras de construcción del gran parque de atracciones de Tarragona. El decreto de concesión del aval estipula que la empresa promotora "debe destinar el producto de las operaciones avaladas a financiar la inversión correspondiente en el centro".
El Departamento de Economía, cuyo titular es Maciá Alavedra, es el encargado de firmar los avales y de la tutela política del uso que se haga del mismo. Este departamento concedió el aval en dos grandes tramos de 5.000 millones de pesetas cada uno, concedidos a Tibigardens por el Chase Manhattan Bank el 20 de abril y el 28 de diciembre de de 1993.
En el pasado mes de abril, los socios minoritarios de Tibigardens, el grupo norteamericano Anheuser Busch, propietarios del 20% del capital, descubrieron que en la caja de Tibigardens faltaban 1.000 millones y en su lugar De la Rosa había dejado pagarés de Grand Tibidabo.
En ese momento, De la Rosa explicó que el dinero retirado procedía de un nuevo crédito, en este caso sin aval de la Generalitat, concedido por la Caixa de Tarragona el 28 de febrero, que además permitió que todo el dinero del aval quedará así invertido en el parque.
Segundo crédito
Para este segundo crédito, el financiero solicitó la mediación de Maciá Alavedra, que intervino en este sentido ante la entidad financiera al objeto de conseguir evitar que los constructores del parque paralizaran las obras ante la falta de pago.
En febrero, con la concesión del segundo crédito, la Caixa de Tarragona recuperó los mil millones de pesetas correspondientes al primer crédito a Grand Tibidabo y Tibigardens solventó pagos pendientes a proveedores. Aunque en la tesorería de Tibigardens había, en teoría, 1.600 millones de pesetas para el pago de proveedores, al estar inmovilizado el depósito de mil millones del aval, la liquidez real era de 600 millones.
