CONCLUSIONES

1 y 2. Se deducen indicios racionales de criminalidad en la actuación de Roldán como director general de la Guardia Civil. No se descartan indicios referidos a otras personas. Ha podido existir menoscabo de caudales o efectos públicos, constitutivo de responsabilidad contable.3, 4 y 5. Roldán, como delegado del Gobierno en Navarra, no hizo la declaración de actividades, ni realizó hasta diciembre de 1993 la declaración de bienes que debió presentar un año antes. También incumplió, de hecho, la ley de incompatibilidades al nombrar a Esparza administrador de Europe Capital.

6 y 7. Se empleó de forma abusiva la ley de Contratos del Estado y hay serios indicios de que la adjudicación directa sirvió para favorecer a determinadas empresas. Las multiplicación de modificaciones en los proyectos ya aprobados, los llamados reformados, aumentaban el coste real de las obras y "parecen ocultar otro incumplimiento", la prohibición de fraccionar contratos.

8. La contratación de arquitectos y técnicos revela "una sospechosa concertación de encargos guiados por el amiguismo y la arbitrariedad, que podría suponer ilícito penal".

9. Se ha conocido la existencia en la Guardia Civil de ingresos y gastos absolutamente atípicos.

10. Se propone la reprobación de la conducta de Roldán y de su gestión política, presupuestaria y administrativa al frente de la Guardia Civil. Se constatan insuficiencias objetivas en los sistemas de gestión y control que facilitaron la comisión de irregularidades. Durante el desarrollo de los trabajos de la Comisión, se han producido hechos significativos y singulares en la aceptación de responsabilidades políticas suficientes, por parte de altos cargos de Interior.

11 y 12. Se insta al Congreso a reforzar el papel de las comisiones de investigación y a poner en marcha una oficina presupuestaria de apoyo a la Cámara.

13, 14 y 15. La nueva ley de Contratos del Estado debe garantizar la transparencia y objetividad en la adjudicaciones. Las razones de urgencia o seguridad deberán justificarse expresamente. Se recomienda crear una clasificación de empresas acreditadas para este tipo de obras. La normativa de fomento a la exportación debe revisarse para evitar su aplicación fraudulenta.

16. Se pide un régimen especial de incompatibilidades para quienes intervengan en la adjudicación de contratos públicos.

17. Se debe comprobar la biografía de los altos cargos.

18. Se reclama un proyecto de ley regulador de los fondos reservados que garantice su correcta utilización, responsabilidad política y control parlamentario. Su dotación presupuestaria no podrá aumentarse sin autorización de las Cortes. También se pide una nueva regulación interna de los mismos y la creación de un registro de intereses de las personas capacitadas para usarlos.

19. Se recomienda cambiar la normativa para asegurar que se cumplen las recomendaciones de la Intervención y que se garantiza la concurrencia de ofertas.

20, 21 y 22. Se propone regular los fondos extrapresupuestarios de la Guardia Civil y los gastos de viaje. Debe modernizarse su gestión presupuestaria.