Droga blanda, dura polémica

ENVIADO ESPECIALSon las doce de la noche en Bogotá y Marco cabecea poco después del segundo café de sobremesa. Contrariado por la modorra, saca de la billetera un sobrecito con cocaína y reduce a polvo varios grumos de primera calidad con el canto de una tarjeta de crédito. A continuación lo esnifa con un billete de mil pesos enrollado. "Aquí es mucho más pura que en Europa, baratísima y fácil de conseguir. La encargo por teléfono y me la traen directamente a casa", dice. De esa comodidad saben también los dos candidatos a la presidencia de Colombia, el liberal Ernesto Samper y el conservador Andrés Pastrana, que comenzaron la campaña previa a la segunda vuelta reafirmándose en su lucha contra la despenalización de la dosis personal,. acordada el 5 de mayo por el Tribunal Constitucional. La ofensiva prosigue acompañada por una de las polémicas más importantes de los últimos tiempos.

A los traficantes, consumidores, rateros o agitadores libertarios de la calle de El Cartucho, el mayor centro de venta al por menor en la capital de este país productor de cocaína, no parece importarles mucho las airadas declaraciones del presidente del Gobierno, el liberal César Gaviría, la decisión del tribunal, apoyadas por la Iglesia católica, el procurador general, la mayoría de la opinión pública y medios de comunicación. "Ojalá Dios nos los castigue con un hijo drogadicto que les robe, les pegue, les insulte, como sucede en millares de hogares aquí y en el exterior", advierte Leonor Uribe."La droga es violencia y corrupción", agregan las juventudes pastranistas y samperistás, mientras el diario El Tiempo subraya en un editorial que el tribunal ha incurrido en una "una tremenda equivocación cuyos efectos los ilustres guardianes de la Constitución no han medido ni previsto". La medida deja sin efecto multas o penas de prisión mientras la tenencia no sea superior a un gramo de cocaína, 10 de hachís y 30 de marihuana. Como era de esperar, una decisión de este tipo ha tenido consecuencias, y el presidente de esta alta instancia, Jorge Arango, ha de nunciado que los cinco jueces favorables a la liberalización reciben amenazas de muerte "de elementos fanáticos". Continúa prohibido, sin embargo, procesar, vender y exportar cocaína u otras sustancias. La situación en Colombia no parece cambiar mucho, porque el uso y consumo personal era. prácticamente libre antes de la sentencia. La penas impuestas no pasaban de dos días de arresto y 10.000 pesetas de multa."Yo por esa calle no entro", se resiste el taxista. "Señor, no salimos vivos", exagera. Las trazas de muchos de los transeúntes por El Cartucho, ubicada a dos manzanas del Batallón de la Guardia Presidencial, son en verdad patibularias.

Ignacio Gómez, periodista del rotativo El Espectador, destaca que a poca distancia del edificio del Tribunal Constitucional ,está la Zona Rosa, dentro de la cual varios bares ofrecen cajetillas de Marlboro de 4.000 o 5.000 pesos (unas 1.000 pesetas) que son en realidad dosis personales de cocaína".

El director nacional de Estupefacientes, Gabriel Vega, declaró recientemente que en muchas ciudades se sufre esta situación. "En un parque de Viena, frente a la sede de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, los heroinómanos mueren con las jeringas pegadas a la frente".

El presidente Gaviria, que promueve un referéndum con la recogida de las 800.000 firmas necesarias para su convocatoria, no descarta la eventual modificación de la Carta Magna, ya que no está de acuerdo en que cinco magistrados del Tribunal Constitucional puedan decidir por 34 millones de colombianos.

Gustavo de Greiff, fiscal general, apoya la despenalización como uno de los enfoques positivos con vistas a la solución del problema, critica el moralismo del Gobierno y el ambiente "histérico" en torno al asunto. La demanda disminuirá, insiste, con una intensa campaña de educación.