Una ley anticines

La Ley de Medidas Urgentes para la Cinematografía (ya llamada "ley cierra cines") fue aprobada por el Senado el día 18 de mayo de 1994, y ha sido aprobada con su actual redacción por el Parlamento. Entre sus disposiciones contempla la llamada "cuota de pantalla", que obliga en cada cine a la exhibición de películas procedentes de la Comunidad Europea, con la relación de una por cada dos películas de terceros países para las poblaciones de más de 125.000 habitantes.Esto significa que la programación de las salas de exhibición cinematográfica no será libre y regulada por el mercado, sino que una tercera parte se habrá de cubrir necesariamente con películas españolas o procedentes de la Comunidad Europa, y ello con independencia de que sean o no de la aceptación del público. Es decir, se trata de que se exhiba también la basura, la propia y la ajena.

El articulado del proyecto está repleto de fallos y carencias de la más absoluta arbitrariedad, como, por ejemplo, no distinguir entre los multicines y las salas individuales, ya que los primeros pueden programar las películas rechazadas por la audiencia, en una o dos salas, y mantener concurrido el complejo exhibiendo en el resto títulos de éxito. Por si ello fuera poco, a los situados en las pedanías, de fácil acceso y aparcamiento, se les obliga solamente a una comunitaria por cada tres

Pero la ley es totalmente irracional se manifiesta principalmente en dos aspectos:Primero. No se puede cumplimentar.Aunque la relación "recaudación: permanencia en- cartel" no es matemática, sí es obviamente proporcional. Pues bien, el cine comunitario, incluido el español, ha cubierto solamente el 19,04% de la recaudación del año 1993 (datos oficiales del Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisulaes), lo que significa que durante el año pasado la proporción que adoptó el mercado (ya bajo presión) fue de menos de una película comunitaria por cada cuatro de terceros países. Según todos los axiomas científicos, no es posible, con el mismo o equivalente material, pasar de una proporción de cuatro a uno a otra de dos a, uno. Este problema lo considera salvado la nueva ley, fijando brutal y despóticamente las sanciones: 10 millones para las faltas graves, que pueden llegar al cierre del local.Segundo. No ya a suponer un apoyo efectivo para el cine español.Por mucho que nuestra jubilosa ministra afirme lo contrario, lo cierto es que el público no accede a las salas a golpe de decreto. No lo consiguió la anterior dictadura y tampoco lo logrará ella. Los espectadores asisten a la proyección que les apetece, les guste y se les antoje. Obligar a proyectar algo qué el público rechaza, por mucha ley y mucha sanción que se aplique, se hace a sala vacía, sin beneficio para nadie y con descrédito para el origen de la producción.

En cambio, las películas con méritos, como La belle époque, Kika y otras, triunfan solas con ley o sin ley. Resulta, por cierto, un sarcasmo, que los demás países de la Comunidad Europea, cuyas realizaciones aquí se imponen, no ofrezcan contrapartida alguna al cine español y ni siquiera obliguen a la exhibición de sus propias películas en sus circuitos locales.

La industria de la exhibición, acosada por una competencia deletérea, sobre todo por los canales de televisión y el vídeo, se encuentra un estado muy precario. Creer que al cercenar su programación comercial el público asistirá dócilmente a aquello que en su lugar se le ofrezca es un error que puede resultar irreparable.

Los exhibidores hemos invertido nuestra economía para ofrecer al público lo que éste quiere ver. De implantar rigurosamente tan aberrante legislación, las salas cinematográficas, sobre todo las tradicionales y suntuosas grandes salas, se irán cerrando indefectiblemente una tras otra. La frivolidad, tan seductora en la vida cotidiana, es inadmisible a la hora de legislar.Emilio Pechuán es miembro de la Junta de Gobierno de la Federación de Empresarios de Cine de España.