A cara de perro

ALGO SE ha movido en el Parlament6desde el debate sobre el estado de la nación. González se presentó con media docena de dimisiones como prueba de su voluntad de luchar contra la corrupción; los nacionalistas le alentaron a mantener esa firmeza recién asumida, y el propio Anguita aceptó la moción de confianza como alternativa parlamentaria a la dimisión. Sólo Aznar se mantuvo impertérrito en su exigencia de que se vaya. El Parlamento demostró ayer que la legislatura no está forzosamente acabada, siempre que la decisión de atajar la corrupción se demuestre con hechos.Cuando un político presenta su dimisión es porque no puede presentar una explicación. Hay cierta contradicción, por ello, en la insistencia de Aznar en pedir esas explicaciones después de haber obtenido las dimisiones que reclamó de acuerdo con el criterio de las responsabilidades políticas. Lo más preocupante del debate de ayer fue la constatación de que entre el Gobierno y el primer partido de la oposición no existe ni un mínimo terreno compartido sobre las reglas del juego limpio.

El debate, planteado por la fuga de Roldán, giró de hecho sobre una crisis política que hunde sus raíces en los casos de corrupción. Por primera vez la respuesta de Aznar fue más larga que el discurso inicial del presidente. Ello refleja la actitud de ambos ante la crisis. González ha optado por una actitud escueta: cómo restablecer un clima de confianza política que elimine incertidumbres y favorezca la recuperación económica. Aznar responde con una argumentación más barroca: que quien ha tolerado, si no estimulado, la corrupción no puede combatirla con eficacia, por, lo que la continuidad de González sólo asegura la prolongación de la crisis (y de la inestabilidad).

Así, a la enumeración por González de las medidas anticorrupción adoptadas por su Gobierno desde el debate sobre el estado de la nación, incluyendo las dimisiones de varios ministros y ex ministros, Aznar replicó afirmando que todavía no se ha dado una explicación clara de las causas de esas dimisiones, e insinuando la existencia de motivos ocultos detrás de ese silencio. Es verdad que no ha habido tales explicaciones, y que todavía no ha ofrecido González una autocrítica explícita sobre las condiciones que hicieron posible la corrupción durante el largo periodo de mayoría absoluta. Pero esas dimisiones pueden considerarse el reconocimiento implícito de esa responsabilidad, y no es imprescindible que existan motivos inconfesables para que un político sea incapaz de ofrecer explicaciones racionales y públicas de ciertos hechos: la fuga de Roldán es inexplicable (y por eso dimitió Asunción) tanto si ha habido como si no un pacto secreto como el que insinúa Aznar.

La dificultad de plantear explícitamente la cuestión de las responsabilidades políticas deriva en buena medida de la hipoteca del asunto de Filesa. Al no haber asumido en su día lo que a todo el mundo parecía obvio, las complicidades y obstruccionismos acumulados, durante años impiden a los socialistas volverse atrás sin comprometer a toda su dirección. Y la convicción de que casos similares de financiación irregular comprometen a casi todos los partidos aporta una permanente coartada para seguir aplazando un problema cuya solución es inexcusable para que la opinión pública se tome en serio cualquier autocrítica.

Roca ofreció una descripción más racional de las alternativas del momento. Si el objetivo es hacer compatible la lucha contra la corrupción con la perseverancia en las medidas para la recuperación económica, hay que descartar soluciones aventureras tipo catarsis y también una disolución anticipada que supondría paralizar la acción del Gobierno durante unos meses decisivos. Roca lamentó que González no se hubiera adelantado a poner en práctica el proyecto de comparecencia semanal en sesión parlamentaria de control: ello habría evitado la tensión adicional derivada del retraso en la aparición del presidente ante los escándalos. El consejo parece especialmente oportuno a la vista de un panorama caracterizado porque algunas personas se atribuyen el derecho a establecer la agenda política desde fuera.

Especialinente lamentable resulta que, siguiendo ese calendario, la decidida opción del líder de la oposición por un estilo descarnado, de oposición a cara de perro, le llevara a dar más credibilidad a las acusaciones no probadas procedentes de un prófugo de la justicia que al vicepresidente del Gobierno. No sin que antes la existencia misma de ese prófugo se achacara a un contubernio gubernamental.