Socialistas y catalanes ceden a Jon Zabalía, del PNV, la presidencia de la 'comisión Rubio'

La comisión de investigación sobre Mariano Rubio se constituyó ayer en el Congreso mostrando cuáles serán los focos de tensión durante su mes de actividad: socialistas, vascos y catalanes tratan de poner el acento en el posible enriquecimiento del ex gobernador del Banco de España; los populares señalan que les preocupa más el posible uso de información privilegiada y las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno; Izquierda Unida quiere hablar de todo. Jon Zabalía, del Grupo Vasco, será el presidente y contará con dos secretarios, del Grupo Catalán y de IU.

La presidencia de la comisión y la intensidad del trabajo fueron ayer motivo de discusión desde el principio. Izquierda Unida presentó una propuesta para que un representante suyo, Jerónimo Andreu, presidiera los trabajos. A su favor jugaba que el PP no quería un socialista al frente de las investigaciones y que los populares hablan renunciado al cargo. Pero el PSOE propuso, con el apoyo de los catalanes de CiU, a Jon Zabalía, que finalmente fue elegido por unanimidad.Se abrió luego otro debate sobre la conveniencia, por primera vez en una comisión de investigación, de que hubiera un secretario que ayudara a la presidencia. IU volvió a ofrecerse y la cuestión quedó solucionada al designarse dos: Jordi Cases, secretario primero, del Grupo Catalán, y Jerónimo Andreu, secretario segundo.

Juan Pedro Hernández Moltó, socialista, había manifestado antes de iniciarse la reunión que "en cualquier país europeo esta comisión no se constituiría en estos momentos, dada la existencia de un proceso judicial". Aunque inmediatamente añadía que, "dada la trascendencia política de la propia comisión, no podía impedirse su constitución para evitar que se diga que el Parlamento no quiere investigar".

Las posibles interferencias con el proceso judicial abierto son admitidas por los comisionados, aunque con interpretaciones dispares. Jon Zabalía señalaba ayer que "se trata de dos procesos distintos que indudablemente pueden tener alguna relación y provocar que a la luz de lo que se sepa podamos decidir nuevas comparecencias". Para Hernández Moltó, la comisión se ha dotado de un escudo, "ya que hemos asumido que no somos ni fiscales ni jueces y que sólo buscamos los aspectos políticos del caso Rubio".

Luisa Fernanda Rudi, del PP, tiene muy claro cuál es el objetivo de la comisión: "Que se investigue no tanto el patrimonio de Mariano Rubio, sino entrar en la segunda parte de la comisión, el tráfico de influencias y de información privilegiada" para dilucidar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

Para Rudi, el hecho de que Carlos Solchaga haya dimitido de sus puestos políticos no cierra el camino de las posibles responsabilidades: "¿Tengo que recordarles que Felipe González sigue siendo presidente del Gobierno y que fue durante su mandato cuando Rubio fue nombrado gobernador?", preguntó a los periodistas mostrando cuál parece ser la pieza a cobrar.

Francesc Homs, del grupo catalán, puso el énfasis en que la comisión debe "aclarar todo el patrimonio de Rubio, superando las incertidumbres que han planeado al respecto". Para Francisco Frutos, de IU, "se trata de acabar con las personas que encontraban lo más natural delinquir de forma prolongada y contumaz".

Luisa Fernanda Rudi anunció que pedirá la comparecencia de Rubio, Manuel de la Concha, Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Luis Carlos Croissier, Miguel Boyer, Carmen Posadas y las personas que tuvieron responsabilidades en Schaff Investment, sociedad luxemburguesa a la que estuvieron vinculados una hermana de Mariano Rubio así como el marido de ella.

Coalición Canaria va a solicitar que comparezca el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, "ya que Rubio ha sido su asesor en los últimos dos años y puede haber seguido utilizando información privilegiada", según Lorenzo Olarte.

La reuniones se celebrarán a puerta cerrada los martes y jueves durante un mes, aunque también puedan celebrarse los lunes y los viernes. Incluso es previsible que los trabajos no terminen en el plazo fijado.