Las auditorías descubren graves fallos de gestión de Carmen Mestre en la Cruz Roja

Las auditorías de tres años consecutivos en la Cruz Roja Española ponen de manifiesto la mala gestión de Carmen Mestre al frente de la institución benéfica. Cada ejercicio se cierra con más pérdidas que el anterior, mientras se gastan 1.000 millones en la Expo o se incrementan los inmovilizados en terrenos y construcciones en una media de 7.000 millones anuales. La última operación realizada por Carmen Mestre ha consistido en vender un edificio por debajo del precio de mercado. El inmueble, valorado en casi 600 millones, según tasación que manejaba la propia institución, se ha adjudicado en 400 millones.

En 1990, primer año de mandato de la presidenta Carmen Mestre, Cruz Roja Española perdió 351 millones de pesetas. En 1991 las pérdidas se situaron en 1. 159 millones y en 1992, en 1.416 millones. Todas las auditorías, plagadas de salvedades por falta de datos, están realizadas por Ernst & Young. La última, la de 1993, aún no está disponible.Los datos de 1992 -últimos disponibles- deja muchas dudas sobre la contabilidad de la institución. Entre las más reveladoras está el hecho de que Hacienda haya abierto inspección de los últimos cinco ejercicios fiscales o que tuviera unas deudas de 7.530 millones de pesetas con la Seguridad Social y 1.154 millones con Hacienda, correspondiente a retenciones del Impuesto sobre la Renta, realizadas a los trabajadores, pero no ingresadas. Esta última cantidad podría ser considerada apropiación indebida, ya que Cruz Roja está obligada a ingresar inmediatamente las retenciones, en nombre de sus trabajadores. A estas cifras habría que añadir los intereses de demora.

También recoge la auditoría de 1992 el hecho de que siete oficinas provinciales de la organización (Almería, Ciudad Real, Guipúzcoa, La Rioja, Málaga, Pontevedra y Valencia) carecieran de sistemas administrativos y contables suficientes para justificar sus gastos e ingresos. Y, por último, que las cuentas no contienen provisiones de ningún tipo para cubrir los costes de la reestructuración y el cierre de los centros sanitarios deficitarios. En los últimos años, Cruz Roja se está desprendiendo de servicios emblemáticos, como el Instituto de Diabetología o el hospital de Reina Victoria.

Presidencialista

En estos tres años de mala situación para la institución benéfica, Cruz Roja ha reducido sus fondos propios de 9.700 millones a 7.300 a 31 de diciembre de 1992. Mientras tanto, la institución ha inmovilizado en "terrenos y construcciones" grandes sumas de dinero: 6.800 millones en 1990, 7.600 millones en 1991 -el año de la polémica permuta- y 8.500 en 1992.Pedro Ramos, secretario general de Cruz Roja, no dió ayer explicaciones sobre estas fuertes inversiones. "Las oficinas provinciales y locales tienen una gran autonomía y probablemente hayan hecho edificios nuevos. En 1992, además, hay que tener en cuenta la inversión realizada en la Expo". Dicha inversión, sin embargo, no está incluida, como se desprende de la lectura del resumen de la auditoría. De hecho, en la auditoría de aquel año no se justificaron los gastos correspondientes a este capítulo.

La gestión de Cruz Roja, según todas las fuentes consultadas, es centralista y presidencialista. Cualquier operación patrimonial ha de aprobarla la presidencia, según consta en los estatutos. El poder del consejo nacional, formado por 20 miembros de Cruz Roja -casi todos presidentes provinciales- y 10 miembros de la Administración es muy limitado, según confirman miembros del mismo consejo y el propio Pedro Ramos, que habló con EL PAÍS en nombre de Carmen Mestre.

En este contexto se inscribe la venta del Centro de Quemados de la Cruz Roja, situado en la pequeña calle de Lisboa, junto al paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más caras de Madrid. La venta se formalizó el 3 de noviembre de 1993 y el comprador es la Inspectoría Salesiana de San Juan Bosco.

Se trata de un edificio de ocho plantas de 2.400 metros cuadrados construidos, de lo que se desprende que la venta se ha realizado a 166.666 pesetas el metro cuadrado, lo que, según expertos inmobiliarios consultados por este periódico, es un precio muy bajo. "En esa zona se estaba pagando a primeros de año entre 375.000 y 400.000 pesetas por metro cuadrado construido. Es verdad que el precio ha de ser más bajo si la calificación de la construcción es dotacional y no residencial. El precio de 250.000 pesetas el metro [600 millones por el total del edificio] me parece ya un precio razonable", dijo ayer un especialista.

El director de la empresa Intec S.A., Carlos Ferrer, es de una opinión similar. "La clave está en saber si el edificio se puede usar tal cual o necesita muchas reparaciones. En cualquier caso", admite Ferrer, "el precio es bajo".

"La operación es intachable", decía ayer el secretario general, que asegura que las valoraciones del inmueble que la entidad tenía oscilaban entre los 278 y los 582 millones de pesetas. Esta última tasación data de agosto de 1992. Ramos explica la necesidad de deshacerse del edificio en razón de "buscar el equilibrio financiero" de Cruz Roja.

Un miembro del consejo nacional aseguró ayer no saber prácticamente nada de la operación. Otro dijo conocerla, pero sin detalles.