El Gobierno cambiará la ley tributaria para facilitar el acceso parlamentario a las declaraciones fiscales
El Gobierno insiste en aparecer a la cabeza de la lucha contra1a corrupción. Así, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer en el Congreso que el Consejo de Ministros del viernes modificará la Ley General Tributaria para permitir que las comisiones de investigación accedan a las declaraciones fiscales y a los movimientos bancarios de los investigados. Sin embargo, dicha norma no estará en vigor hasta al menos dentro de un mes, por lo que no se podrá aplicar a la comisión Roldán, a la que el Ejecutivo ha negado estos datos alegando que le ley lo impide.
El pleno del Congreso aprobó anoche por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a remitir, antes de 30 días, las reformas legales necesarias para que las comisiones de investigación parlamentarias puedan acceder a cuantas informaciones precisen.La proposición se presentó ayer, un día después de que el Gobierno negara a la comisión Roldán las declaraciones fiscales y cuentas bancarias del ex director de la Guardia Civil y poco antes de que Pérez Rubalcaba anunciara que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un proyecto de ley con este propósito.
En el debate, los portavoces de la oposición dejaron claro que su apoyo a la propuesta no significa que estén de acuerdo con la negativa del Gobierno a enviar los citados documentos. El propio portavoz socialista, Álvaro Cuesta, afirmó que "el Parlamento no puede ser me" nos que la inspección de Hacienda". Antonio Romero, de IU, advirtió que la reforma llega tarde para investigar los escándalos protagonizados por Roldán y Rubio.
Los trámites parlamentarios impedirán que dicha norma esté en vigor antes de 30 días, por lo que la comisión Roldán, en principio, no se beneficiará de ella, ya que sus trabajos concluyen el 31 de mayo.
Hasta el fondo
Pérez Rubalcaba aseguró que la vigente Ley General Tributaria establece "con claridad" que sólo se puede entregar esa documentación "para colaborar con la Administración de la Justicia cuando hay indicios de delito". "Por muchas que sean las urgencias políticas, el Gobierno no va a incumplir la ley", añadió.
El ministro, a renglón seguido, anunció que el Gobierno y el Grupo Socialista pretenden eliminar con este cambio de legislación cualquier sospecha de obstruccionismo. "El Gobierno ha mostrado su voluntad inequívoca de llegar hasta el fondo de los casos Roldán y Rubio, aclaró.
El ministro anunció también que esta misma semana la Agencia Tributaria -que ya tiene su trabajo prácticamente "ultimado"- informará al juez sobre las declaraciones de la renta y patrimonio de Luis Roldán. Afirmó también que la próxima semana la Fiscalía General del Estado informará ya sobre la situación de Rubio.
Un poco más tarde, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, aseguró que en el Consejo de Ministros del viernes se aprobarán una serie de medidas unticorrupción, entre ellas la fiscalía especial contra este tipo de delitos y la figura del arrepentido para casos de corrupción, informa Efe.
La Mesa del Congreso también abordó ayer el conflicto suscitado por la juez de Madrid que el viernes envió a dos inspectores de policía a recoger las declaraciones de Jorge Esparza, el testaferro de Roldán, ante la comisión. Los diputados se negaron a entregar la documentación. La Mesa del Congreso respaldó ayer por unanimidad esta actitud y declaró "improcedente" la actuación policial.
Interlocutor único
Desde ahora, según la Mesa del Congreso, la única interlocución válida para las comisiones de investigación será la de la Fiscalía del Estado, que es por donde se canalizará la información.
Por su parte, el presidente del Grupo Socialista, Carlos Solchaga, confirmó ayer su disposición adimitir. "Cuando quieran. Mañana, pasado, dentro de 10 días... cuando quieran". Con estas palabras tajantes, el ex ministro de Economía y Hacienda reafirmó su propensión a dejar su cargo si el Gobierno o la dirección del PSOE lo consideran conveniente.
Solchaga, además, hizo una breve declaración de principios que no era ninguna novedad en su caso: "En todos los cargos en los que he estado siempre he considerado que estaba a disposición del presidente del Gobiemo o mi partido".
Ayer mismo, el vicesecretario general socialista, Alfonso Guerra, puso como ejemplo la dimisión de Guillermo Galeote -que renunció cuando saltó el escándalo Filesa- cuando Sol chaga planteó en una reunión de la ejecutiva del PSOE la necesidad de abrir un debate so bre las responsabilidades políticas en los asuntos de corrupción, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias socialistas.
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