Justicia reformará la Ley de Objeción de Conciencia por mandato imperativo del Congreso

El Ministerio de Justicia reformará la vigente ley de Objeción de Conciencia en contra de su criterio y por mandato imperativo del Pleno del Congreso. Un portavoz de dicho departamento manifestó ayer que "naturalmente, se cumplirá" la resolución parlamentaria, aprobada el miércoles por la noche, al término del debate sobre el estado de la nación, que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de reforma de la ley de 1984. El mismo portavoz agregó que el ministerio estudiará en los próximos,días el contenido del acuerdo del Congreso.

Fuentes gubernamentales subrayaron la dificultad de remitir el texto en sólo tres meses, tal como decidió el pleno, ya que quedan poco más de dos meses para que concluya el actual periodo de sesiones.La resolución cogió por sorpresa a los departamentos de Justicia y Defensa, los más implicados en el tema de la objeción, a los que obliga a revisar todos sus planteamientos al respecto. El texto, propuesto por el Partido Nacionalista Vasco y por el diputado Xabier Albistur, se aprobó en la última fase del pleno, en un momento de gran confusión, por lo que pasó casi inadvertido. Los socialistas no contaban con que todos los demás grupos apoyarían la propuesta y ésta saldría adelante por 185 votos contra 155. Como muestra de esta imprevisión, el PSOE ni siquiera ofreció al PNV una enmienda transaccional suavizando el texto, lo que sí hizo con otras propuestas que salieron aprobadas.

La resolución afirma que la ley actual "no ha dado solución completa ni satisfactoria al libre ejercicio del derecho de objeción de conciencia", por lo que el Congreso "insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses remita un proyecto de ley de reforma a fin de introducir en dicha normativa modificaciones que corrijan las actuales deficiencias prácticas, se adecúe a las orientaciones más progresistas que ofrece el derecho comparado y dé solución inmediata a la actual situación de los objetores reconocidos como tales y que, por causas que en modo alguno les son imputables, no han podido realizar aún la Prestación Social Sustitutoria establecida".

Los ministerios de Justicia, que dirige Juan Alberto Belloch, y Defensa, del que es titular Julián García Vargas, han mantenido en los últimos meses un enconado debate sobre la necesidad o no de reformar la Ley de Objeción para frenar el rechazo al servicio militar.

La postura del Ministerio de Defensa, partidaria de una reforma restrictiva, quedó aparcada finalmente y el Gobierno dio luz verde en marzo a un plan para reformar la prestación sustitutoria y endurecer las condiciones de su cumplimiento sin necesidad de modificar la ley.