25 partidos entran en la lista de la comisión de estudio sobre financiación
La oposición quería investigar el escándalo Filesa y la presunta financiación ilegal del PSOE. Pero el Congreso acabó aprobando una resolución que obligará a revisar hasta las cuentas de la Unión Nacional, el partido con el que Blas Piñar consiguió un escaño en 1979. La prudencia de sus señorías al detener el auto de fe catártica en el año 1979 evitará someter a análisis los ingresos y gastos de ignotas formaciones políticas, como la Candidatura Independiente del Centro, que en 1977 obtuvo un escaño por Castellón. Otros 25 partidos del más variado pelaje deberán quedar bajo la claridad de los focos, al haber obtenido representación en el Congreso desde 1979.
Muchas de estas 25 formaciones son las mismas con distintos collares o denominaciones, pero la revisión del Senado puede todavía engrosar el listado.El mejor librado es Miquel Roca, cuya enmienda a la proposición original del PSOE fue utilizada para impedir la insumisión y el voto favorable a la idea del PP de crear una comisión investigadora sobre Filesa de los dos independientes socialistas: los magistrados en excedencia Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño.
Roca, convertido en árbitro de la situación, ya había conseguido que los socialistas retiraran de su texto una alusión al caso Casinos -presuntamente relacionado con la financiación de Convergència Democrática de Catalunya- tras la mención de los escándalos Filesa (PSOE) y Naseiro (PP).
La comisión aprobada, además, al limitarse a los partidos con representación parlamentaria, excluye al Partido Reformista Democrático (PRD), más conocido como Operación Roca, uno de los proyectos políticos más manirrotos de la democracia. Según medios bancarios, el PRD consumió en cuatro años 4.000 millones sin lograr un solo escaño.
La 'operación Roca'
Del partido apadrinado por Roca nunca se ha sabido quién respondió de los créditos. Los reformistas recibieron 300 millones para crear el partido, 200 para su funcionamiento ordinario, 500 para las elecciones gallegas de 1985 y 3.000 para las generales y andaluzas de 1986. Roca admitió sólo un coste de 1.200 millones.
Además de dejar excluida la Operación Roca, el destino y las funciones de la comisión son inciertos. Mientras el PP quería una comisión para investigar Filesa, que el PSOE rechazó, los socialistas deseaban una comisión para "el estudio de la financiación de los partidos políticos ( ... ) puesta en cuestión por los casos como Filesa, Naseiro, etcétera".
Las amenazas de Garzón y Pérez Mariño obligaron al PSOE a aceptar dos añadiduras de CiU. Tras la frase citada se agregó: "Asimismo, se investigarán los referidos casos". Más adelante, se especifica que la comisión debe proponer Ias responsabilidades correspondientes a las investigaciones citadas".
La comisión, según los socialistas, es "de estudio e investigación". Pero se crea al amparo del artículo 51 del reglamento del Congreso, que habla sólo de comisiones de estudio. La diferencia es que las de investigación tienen fuerza legal para pedir comparecencias. Desatender la convocatoria es un delito de desobediencia. Pueden, también, recabar la documentación que crean necesaria y el Gobierno está obligado a dársela salvo impedimento legal.
El PSOE alega que la comisión investigará los "casos Filesa y Naseiro" y si hace falta variar su naturaleza reglamentaria, se hará. Para ello, haría falta una decisión del pleno del Congreso. El PP insiste en sus protestas. La comisión creada, dicen, es un simulacro, una maniobra "para confundir Filesa en el paisaje", según la diputada Loyola de Palacio, y lo que debe quedar claro, añade, es que el PSOE ha rechazado una comisión que investigue Filesa.
El PP entiende que el Gobierno y el PSOE intentan aplastar a la comisión, que además contará con un solo representante por cada grupo, en una montaña de papeles. Por su parte, IU está decidida a plantear el papel investigador de la comisión. Entretanto no se sabe bien si es niño o niña, de estudio o de investigación, San Antón o la Purísima Concepción.
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