Seis promesas en seis minutos

Felipe González transformó ayer la corrupción en un preámbulo de apenas seis minutos a su discurso sobre el estado de la nación. Antes de analizar la crisis económica, el impulso autonómico, el impulso democrático y Europa, González fijó su posición respecto al ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio y al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

"Quiero fijar la posición del Gobierno ante las denuncias de corrupción que han aparecido en las últimas semanas creando un clima de gran preocupación en la opinión pública. En la campana electoral nos comprometimos a actuar con vigor y energía contra los supuestos de corrupción que se presentaran, intentando eliminar de la vida pública a aquellas personas que no merecieran, por su comportamiento, la confianza depositada en ellas. Asimismo queremos que la justicia actúe con la celeridad debida para el esclarecimiento de hechos que puedan ser delictivos y para la correspondiente depuración de responsabilidades. ( ... )El Gobierno, asumiendo plenamente sus responsabilidades, considera imprescindible hacer frente a estos problemas y restaurar la confianza social. Lo que es cierto es que vivimos ese clima de desconfianza, incluso el riesgo de desafección frente a los valores democráticos que debilitan la capacidad para resolver los desafíos de la crisis. En el caso del ex director general de la Guardia Civil se ha constituido una comisión de investigación en el Parlamento. Hemos entregado el material que permita esclarecer los hechos que constituyen la finalidad de la comisión. Y así actuaremos en cualquier supuesto que se presente. Esperamos que con la mayor celeridad llegue a conclusiones que nos permitan situar con claridad los problemas denunciados en el ámbito que corresponde al Parlamento. Al tiempo, la justicia depurará las responsabilidades que hubiera, y la Inspección de Hacienda está actuando, señorías, con la misma finalidad en los últimos meses. ( ... )

Se ha solicitado también por varios grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, la constitución de otra comisión para el caso del ex gobernador del Banco de España. En este asunto, hemos actuado asimismo con prontitud y con energía. Considero este caso de extrema trascendencia y me considero directamente concernido por él al haber propuesto su nombramiento y haber apoyado hace dos años la honorabilidad del ex gobernador con ocasión de la crisis de Ibercorp. Hemos intentado infructuosamente que el ex gobernador explicara a la opinión pública si las imputaciones que se le hacían eran o no ciertas, si tenía o no dinero oculto, si tenía o no cubiertas sus obligaciones fiscales, etcétera. Ni siquiera su comparecencia, que nosotros mismos habíamos solicitado ante la Comisión de Economía y Hacienda, el pasado viernes, ha servido para esclarecer su comportamiento.

Depurar responsabilidades

Al mismo tiempo, hemos instado a la Fiscalía para que actúe inmediatamente, habiendo puesto a su disposición todos los medios materiales y humanos, y hemos puesto en marcha la Inspección de Hacienda para que investigue a fondo y depure las responsabilidades en el ámbito que le es propio. Debo informar a la Cámara que antes incluso de que este Parlamento iniciara sus actuaciones ya lo habían hecho la Fiscalía y la Inspección de Hacienda.

Consideramos conveniente mejorar las condiciones y los medios legales e instrumentales para combatir el fenómeno de la corrupción en el Estado de derecho que vivimos. Así pues, no sólo estamos dispuestos a la modificación del reglamento de esta Cámara para facilitar la investigación de estos hechos, sino que introduciremos, como habíamos comprometido, algunos cambios normativos, y estamos abiertos a estudiar las propuestas que los grupos puedan hacer.

En primer lugar, propondremos la modificación de la ley del Tribunal de Cuentas para aumentar su ámbito de competencias y para incrementar las posibilidades de fiscalización y de control del tribunal.

En segundo lugar, y de forma inmediata, introduciremos una más completa y estricta tipificación de las conductas relacionadas con los delitos de corrupción y una mayor severidad en las penas a imponer en la modificación del Código Penal.

En tercer lugar, incrementaremos la eficacia en la respuesta judicial por la vía de las reformas procesales.

En cuarto lugar, propondremos la creación de una fiscalía especial encargada de la persecución de los delitos económicos y de corrupción.

En quinto lugar, y en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, crearemos un grupo específico encargado de defender los intereses de la Hacienda pública, personándose en cualquier actuación judicial por delitos de esta naturaleza.

A eso hay que añadir el proyecto de reforma de la Ley General Presupuestaria, que reforzará el control económico-financiero del sector público, con mecanismos que permitan mayor eficacia en el examen de las auditorías de la Intervención General y la exigencia, en su caso, de las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes. Estos propósitos se ven fortalecidos por la rotunda repulsa social hacia la corrupción".