El Gobierno reconoce su pasividad ante la corrupción

El Gobierno reconoce que la corrupción se le ha ido de las manos debido a su reacción lenta e insuficiente. Felipe González y sus ministros asumen que la pasividad en el control de la Administración ha supuesto una grave pérdida de tiempo en la lucha-contra los escándalos. Para atajar la indignación social provocada por casos como los de Mariano Rubio y Luis Roldán, Felipe González presentará el martes un nuevo paquete de medidas en el debate sobre el estado de la nación. El reforzamiento del control de la Administración, el endurecimiento de las condenas en figuras como el cohecho de los funcionarios (aceptación de sobornos) y la agilización del procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son algunas de esas medidas. Estas iniciativas, y una actuación más decidida contra la corrupción, serán lo que el Gobierno ofrezca para calmar a los ciudadanos y frenar el intento del PP e IU de arrastrarle en el escándalo.

El Consejo de Ministros del pasado viernes analizó estos problemas, y el propio Felipe González abrió el debate sobre el alcance de la corrupción política y las medidas a adoptar para combatirla.Los miembros del Ejecutivo coincidieron en que todavía pueden estallar nuevos escándalos y, por lo tanto, en la necesidad urgente de adoptar una estrategia nueva y clara para afrontarlos en el futuro. La piedra de toque será el caso Mariano Rubio. "La actitud que adoptemos ante este caso será la que nos marque en el futuro", manifestaron fuentes gubernamentales.

La discusión del Consejo de Ministros derivó hacia la manera de afrontar el debate sobre el estado de la nación. Para algunos ministros, la legislación actual es suficiente para afrontar la corrupción, pero el problema principal es que su aplicación ha sido hasta ahora ineficaz. Un ejemplo de ello ha sido la falta de respuesta ante las denuncias del interventor del Estado en el Ministerio del Interior por las contratas presuntamente irregulares del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, publicadas por este periódico el pasado domingo.

Para otros ministros, sin embargo, la alarma social originada por los últimos escándalos es de tal calibre que son necesarias nuevas medidas. El presidente del Gobierno, Felipe González, zanjó la discusión del Gabinete y se tomó el fin de semana para terminar de preparar el debate sobre el estado de la nación.

Preparativos en La Moncloa

González se reunirá mañana lunes con el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la secretaria general de la Presidencia, Rosa Conde, para dar los últimos toques al enfoque del debate sobre la corrupción y preparar el contraataque frente a la estrategia del Partido Popular, que exigirá al Gobierno y a Felipe González las responsabilidades políticas por los escándalos.

La cuestión de las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción no fue abordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Felipe González pidió su aplazamiento hasta que se termine de aclarar el caso Mariano Rubio. Los ministros debatieron de manera informal, mientras tomaban café, la posible dimisión del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el ex ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, principal valedor de la gestión de Mariano Rubio.

Hubo unanimidad en el respaldo a la continuidad de Solchaga en su cargo parlamentario, al menos hasta que se aclare el escándalo. El Gobierno refrenda con ello la posición adoptada previamente por el Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva del PSOE.

Sin embargo, el debate sobre las responsabilidades políticas está solamente aplazado. Felipe González manifestó el viernes que lo abordaría una vez aclarado el escándalo Mariano Rubio, esto es, en el plazo máximo de un mes. El presidente del Gobierno no ha hecho aún una manifestación pública sobre el asunto. Sin embargo, dentro del Gobierno, el grupo parlamentario y la dirección socialista hay posiciones variadas.

En el grupo parlamentario y la dirección del PSOE, la posición mayoritaria se inclina por limitar las responsabilidades políticas del escándalo Mariano Rubio al propio ex gobernador del Banco de España. Así lo pusieron de relieve el viernes el portavoz socialista en la comisión de Economía del Congreso, Juan Pedro Hernández Moltó, y el secretarlo de Estudios y Programas de la ejecutiva socialista, Joaquín Almunia, tras la nula explicación que Marlano Rubio hizo de sus presuntas irregularidades.

"Por muy gobernador del Banco de España que fuera, la gestión de su patrimonio no es una función pública, sino privada", dijo Almunia expresivamente.

La dirección del PSOE y la del grupo parlamentario confían en que la nueva iniciativa contra la corrupción sirva para contener el malestar social. Numerosos dirigentes socialistas admiten ahora que la mala estrategia iniciada en el caso Juan Guerra, con la atribución de los escándalos a campañas de desprestigio, organizadas mediante maniobras conspirativas, les ha hecho perder un tiempo precioso para reaccionar contra la corrupción.

La nueva estrategia se puso en marcha anteayer con la condena pública de Mariano Rubio por el Grupo Parlamentario Socialista. El debate sobre el estado de la nación será el siguiente eslabón, con nuevas medidas anticorrupción y una contundente declaración del presidente del Gobierno.

Pero hay un sector minoritario en el grupo parlamentario, la comisión ejecutiva y el propio Gobierno que cree que estas medidas son ya insuficientes para calmar la indignación pública. Es el caso de los independientes del grupo, como los ex jueces Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño, algunos dirigentes guerristas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Carlos Sanjuán, a los que hay que añadir ahora a algunos ministros.

Una posición minoritaria

Para estos dirigentes, las responsabilidades políticas hay que extenderlas a Carlos Solchaga, como ministro avalista de Mariano Rubio, e incluso algunos opinan que al Gobierno en su conjunto. Esta última es la pos¡ción,de un grupo reducido de ministros.

Este sector cree que los escándalos han afectado gravemente a la credibilidad del Gobierno y que el Ejecutivo debería plantearse una "retirada organizada". A su juicio, se trataría de que el Gobierno, con Felipe González al frente, dimitiera o convocara elecciones legislativas, inmediatamente después de dejar clara la contundente actuación del Ejecutivo contra la corrupción con el esclarecimiento de los escándalos y con la recuperación del tiempo perdido. Esta actitud debería ir acompañada, a su juicio, de una autocrítica por la posición mantenida por el Gobierno ante la cultura del pelotazo.

Felipe González no ha hecho aún una manifestación pública sobre una posible dimisión. Fuentes del entorno presidencial aseguran que no se lo ha planteado aún. "Si en algún momento lo hiciera, antes de irse o convocar elecciones aclararía a fondo los escándalos de corrupción. En ningún momento haría algo que se pudiera interpretar como una huida", aseguran fuentes gubernamentales.