Los fiscales especiales investigan si Rubio cometió un delito de falsedad documental

El fiscal especial Luis Jordana de Pozas, que investiga un posible delito de falsedad documental del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio, lleva dos días examinando el protocolo -libros de registro- de Manuel de la Concha, donde aparecen inscritas sus operaciones bursátiles. Fuentes fiscales próximas, a la investigación expresaron una indisimulada satisfacción por los resultados que está arrojando el examen de estos libros, del que, según dijeron, también podrían derivarse responsabilidades criminales para Manuel de la Concha. Las citadas. fuentes indicaron que los fiscales "han dado con una buena veta".

Las investigaciones iniciadas desde la Administración son tres: la judicial, la tributaría y la de la Comisión de Valores. La primera trata de establecer responsabilidades en el marco del Código Penal; la segunda, la posible existencia de dinero que no haya tributado a Hacienda, y la tercera intenta determinar qué razones hubo para que algunas de las cuentas de clientes del despacho del ex agente de cambio y bolsa Manuel de la Concha no pasaran a la sociedad de valores que le sustituyó.La hipótesis que trata de confirmar la Fiscalía es que Rubio presuntamente habria facilitado información privilegiada a De la Concha con la que éste habría realizado algunas operaciones reservadas que acrecentaron los beneficios bursátiles de un grupo de clientes privilegiados -Rubio y otros personajes de la beautiful people- en detrimento de otros accionistas que utilizaron sus servicios como agente de cambio y bolsa. Estas supuestas actividades podrían integrar un delito de falsedad documental del que De la Concha sería responsable y Rubio, cooperador necesario, según fuentes del ministerio fiscal.

El equipo encabezado por el fiscal especial Luis Jordana de Pozas -apoyado por la fiscal Josefa Checa y con el asesoramiento del jefe de la Inspección de Hacienda Jesús Bermejo y el inspector de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Antonio del Campo- comenzó el jueves a examinar el protocolo de Manuel de la Concha, en el que también se espera obtener algún rastro documental de la presunta cuenta secreta de 130 millones que De la Concha administraba a Rubio.

Investigación contrarreloj

Jordana de Pozas y su equipo han trabajado en la sede del Colegio de Corredores de Comercio de Madrid, donde se encuentran depositados los libros de registro de Manuel de la Concha. El elevado volumen del protocolo, que consta de unos 600 libros en los que están registradas todas y cada una de las operaciones bursátiles intervenidas por el ex agente de cambio y bolsa, ha desaconsejado su traslado a la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, aunque la documentación está custodiada permanentemente.Los investigadores trabajan contrarreloj para obtener la máxima información posible del contenido del protocolo que pueda estar relacionado con el ex gobernador del Banco de España, antes de que Mariano Rubio comparezca para ser interrogado por Luis Jordana de Pozas en la Fiscalía de la Audiencia de Madrid el próximo lunes por la tarde. La Administración tiene además constancia de la existencia de la cuenta 7MM en la contabilidad oficial del ex agente de cambio Manuel de la Concha -no que perteneciera o no a Mariano Rubio- tanto porque siguieron abiertas en la sociedad de valores otras cuentas de numeración posterior como porque en la investigación iniciada se han encontrado rastros de ella.

No obstante, dicha cuenta no fue transformada en otra en la sociedad de valores que sustituyó al antiguo agente cuando entró en vigor la Ley del Mercado de Valores. Seguir la pista de esa cuenta y buscar dónde puede haber ido el dinero existente es uno de los objetivos que tienen tanto los inspectores de la Agencia Tributaría como los fiscales especiales del caso y los técnicos de la Comisión de Valores.

El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, afirmó ayer que si los presuntos delitos fiscales cometidos por Rubio han prescrito por haber transcurrido más de cinco años desde que se produjeron, habrá posibilidad de actuar contra él por un delito de falsedad, que prescribe a los 10 años, informa Concha Martín. Añadió que las investigaciones "terminarán muy pronto".

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, negó ayer categóricamente haber ordenado que no se investigase a Rubio por el caso Ibercorp, según publicó Abc. El teniente fiscal de Madrid, Juan Ignacio Campos, que asistió a una reunión sobre Ibercorp, aseguró también que la información de Abc es "absolutamente inveraz". Rubio ha pedido dos veces el archivo del caso Ibercorp, a lo que se ha opuesto la Fiscalía. El fiscal general ha ordenado abrir diligencias para ejercitar las acciones pertinentes.