En defensa del Banco de España

Las revelaciones periodísticas sobre las operaciones bursátiles de un ex gobernador del Banco de España han conmocionado a la opinión pública y provocado una tormenta política, agitada por su coincidencia con las investigaciones a un alto cargo del Ministerio del Interior y la proximidad del debate sobre el estado de la nación.El ex gobernador no ha respondido todavía a las acusaciones, con lo cual tiene todo el derecho a seguir siendo considerado inocente. Pero lo grave es el daño que ya ha ocasionado a la institución que un día dirigió. El populismo vengativo de grandes sectores de la sociedad española, su propensión a condenar de antemano a quien considera ha disfrutado de privilegios inmerecidos, la falta de madurez de muchos políticos y la ausencia de criterios éticos arraigados entre quienes deberían orientar a la opinión pública hacen temer que una institución tan vital como el Banco de España acabe este episodio tocada de muerte.

No son sólo las necedades que se oyen a propósito de los billetes en circulación -lamentablemente, generadas por la desafortunada reflexión de un político sobre el privilegio de emisión del banco-; lo que ahora debería preocupares el arraigo de una desconfianza política y social hacia una institución que necesita justamente lo contrario: confianza y autonomía para cumplir los fines que las leyes le atribuyen.

En estos momentos está en trámite de discusión ante el Senado el proyecto de ley de autonomía del Banco de España. Ese proyecto había sufrido antes de las citadas noticias cambios que no sólo mostraban una desconfianza, entonces y ahora inútil respecto a los altos cargos del banco, sino que socavaban su autonomía en la conducción de la política monetaria so pretexto de integrarla en el marco más amplio de la política económica, encomendada al Gobierno. Es decir, que si ya entonces el proyecto distaba de ser el marco legal que un banco central de una economía moderna precisa para contribuir con eficacia a la estabilidad de la misma, lo más probable es que¡ so pretexto de evitar conductas como las que ahora imputan al ex gobernador, se restrinja el ámbito de actuación del banco y se le someta en exceso ya a los dictados del Gobierno, ya a los vaivenes políticos de que es teatro él Parlamento.

Curiosamente, los aires inquisitoriales que sobre el banco emisor arrecian pueden pasar de refilón sobre las soluciones que evitarían la peligrosa identificación entre las conductas personales de los rectores del banco y su funcionamiento institucional. Esa identificación hunde sus raíces en textos legales que han tendido a personalizar en demasía el banco, concentrando muchos poderes en el gobernador -y eventualmente, el subgobernador-, en detrimento de las facultades de los órganos colegiados -concretamente, los consejos general y ejecutivo-.

El proyecto de ley en discusión parlamentaria supone, pues, una oportunidad para dotar al banco de la estructura adecuada, de forma que, sin detrimento de las facultades del gobernador, se refuerce el papel de los consejos, incorporando para ello a los miembros no natos en el funcionamiento diario del banco, eliminando la presencia de representantes oficiales en aquéllos y aceptando que el régimen de incompatibilidades ha de ser el justo para evitar tentaciones peligrosas, pero que no deben impedir la incorporación al banco de las personas que puedan cimentar su autonomía y prestigio.

En resumen, huyamos de la tentación de quemar imágenes y separemos la conducta de una persona de la confianza en una institución.