la agonía de Guatemala

El sueño ha terminado. La violencia y el caos han roto las expectativas de paz y democratización que creó en Guatemala la llegada a la presidencia, el 6 de junio de 1993, de Ramiro de León Carpio, combativo procurador de los derechos humanos. Al cabo de 10 meses, los guatemaltecos retornan a su eterna pesadilla. Nada ha cambiado en esta república centroamericana, desvertebrada y en quiebra, hecha jirones por las oligarquías financieras, el estamento militar y los políticos corruptos, donde el único consuelo que le queda a una población depauperada es el humor negro.Ramiro de León Carpio, abogado bigotudo y bien plantado, encarnaba ese 6 de junio la fuerza arrolladora de la renovación. Su programa requería lejía y estropajo: depuración de las instituciones, reforma económica e impulso de las lentas negociaciones de paz con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El balance de sus 10 meses de gestión anda por los suelos. únicamente las conversaciones con, la URNG han dado frutos concretos con la firma, el 29 de marzo en México, de un acuerdo marco que empieza por situar a las Naciones Unidas como supervisora del respeto a los derechos humanos.

El programa social ha brillado por su ausencia en un país donde el 50% de la población está desempleada y dos terceras partes de la ciudadanía viven por debajo de los umbrales de pobreza. "Esto no es achacable a Ramiro", comenta Gabriel Aguilera, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). "Guatemala está condicionada por las políticas de ajuste estructural que propugna el neoliberalismo internacional". En última instancia, reconoce Aguilera, a De León Carpio vinculado tradicionalmente con la clase empresarial, se le ha adjudicado una imagen izquierdista que no le corresponde en absoluto.

El Gobierno hace frente a una de las peores crisis económicas con las arca! estatales vacías. Cada día se cierran nuevos servicios hospitalarios y las progresivas devaluaciones de la moneda, el quetzal, han dejado los salarios reducidos a la mínima capacidad adquisitiva. Los intentos del actual Gobierno de reformar el laxo sistema impositivo chocan con la resistencia de la poderosa oligarquía empresarial que exige una serie de contrapartidas poco compatibles con eventuales avances sociales.

Así las cosas, De León Carpio agarró con fuerza la bandera de la depuración ética de la vida institucional, otra de las exigencias populares más perentorias. Empezó por retar a los 116 diputados y a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia a que dejaran sus cargos, so pena de provocar, incluso movilizaciones populares.

Pero la campaña se ha vuelto en su contra y el país vive momentos de ingobernabilidad. "Claro que hay corrupción, pero el presidente no puede desmantelar los organismos del Estado saltándose las leyes", afirma Fernando Andrade, empresario y ex ministro de Exteriores. "De León estaba empujado por sectores empresariales que, utilizaron la cuestión ética corno cortina de humo para hacerse con el patrimonio del Estado a través de promulgar privatizaciones".

Este mismo argumento era empleado por algunos diputados afectados por la depuración, pero es también matizado por muchos analistas. "No es tanto eso como que los empresarios están ya cansados de un Congreso inoperante y corrupto" dice Francisco Pérez de Antón, presidente de la revista Crónica. La opinión sobre la integridad de sus señorías es unánime. "En el Congreso hay diputados bienintencionados, pero la mayoría son mafiosos que se venden al mejor postor" comenta un observador europeo.

El antecesor de De León Carpio, Jorge Serrano Elías, que no era precisamente un prodigio depureza, impuso su política -a base de comprar los votos de los parlamentarios. Serrano, saturado, dio un autogolpe en mayo de 1993, que no prosperó.

Cuando llegó a la presidencia, De León Carpio creyó conveniente cortar por lo sano. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia esperaron calladitos, pero el Congreso se transformó en un bodevil, con sesiones que acababan a puñetazos. El país estuvo así paralizado ocho semanas.

"De León Carpio se condujo mal. Los grupos mafiosos incrustados en el Congreso demostraron una mayor capacidad estratégica que el presidente", comenta Gabriel Aguilera. El resultado fue un pacto de paz por el que De León Carpio abandonaba su radical campaña de depuración a cambio de que los parlamentarios. sacaran adelante varios proyectos de ley y un paquete de reformas constitucionales que darían paso a elecciones legislativas el próximo verano. Los diputados, pese a todo, han llevado a cabo sin recato una labor obstruccionista para impedir la convocatoria de elecciones.

En medio de este maremágnum, Epaminondas González Dubón, prestigioso presidente de la Corte de Constitucionalidad, única instancia del país que trabaja con rigor, era asesinado el día de Viernes Santo. "Los autores fueron aquellos que desean evitar que el país se depure institucionalmente y provocar el estado de excepción" dice Héctor Rosada, asesor presidencial. De hecho, el Congreso pidió la imposición de medidas extraordinarias que habrían truncado las elecciones convocadas ayer para el próximo agosto. Otros señalan a sectores militares que desean abortar las conversaciones de paz con la guerrilla. "Puede que incluso ambos juntos" musita Rosada. Por lo pronto, el presidente ha rechazado cualquier relación de su Estado Mayor con la acción. Nadie cree que jamás se resuelvan los atentados. Son parte de la estrategia política. Mientras, Guatemala vive sumida en la incertidumbre: sigue siendo, como apuntaba un humorista del diario Siglo XXI, "el país de la eterna noche".