Un giro necesario y radical

Desde 1990, la economía mundial ha entrado en un proceso de recesión de enorme magnitud debido a causas de muy diversa naturaleza. En el caso español, la debilidad de nuestras estructuras productivas ha provocado que esta crisis nos afecte más duramente que a otros países.Prueba de ello es que, a pesar de los altos niveles de crecimiento entre 1985 y 1990, nuestra economía fue incapaz de generar empleo suficiente liar las altas tasas de desempleo que venimos padeciendo. Con la recesión, este problema, que podemos considerar estructural, se agrava situando dicha tasa en el doble de la media comunitaria.

La industria ha sido el sector productivo más afectado, habiéndose convertido en la auténtica víctima de la crisis actual. Así, podemos afirmar que la práctica totalidad de los sectores industriales se encuentran actualmente, en mayor o menor medida, inmersos en procesos de reestructuración, lo que se ha plasmado en numerosos despidos colectivos y cierres de plantas productivas que han conducido a una reducción de la producción industrial española en un 10% en los últimos tres años. En 1993, el producto interior bruto (PIB) descendió un 1%, mientras que el PIB industrial cayó un 3,2%.

En términos de empleo, se han destruido en la industria en estos tres años más de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 200.000 se han perdido en 1993, lo que supone una sexta parte del total del empleo industrial de 1990.. Actualmente, la ocupación industrial se sitúa en torno a los 2,5 millones de trabajadores, el nivel más bajo de los últimos 20 años.

En contra de la opinión manifestada por el Gobierno, creemos que la recesión, al menos a nivel industrial, no ha terminado, sino que, por el contrario, nos encontramos en el punto más crítico de los últimos años. En el caso concreto del sector del metal, todos los subsectores que lo componen -siderurgia, defensa, automoción, naval, bienes de equipo, etcétera- se están enfrentando a importantes problemas. No podemos olvidar que estos mismos sectores ya se encontraron inmersos en la reconversión industrial de los años ochenta, que supuso una considerable reducción tanto del empleo como de la dimensión de dichos sectores.

Nos entontramos de nuevo frente a duras reestructuraciones, con indiferencia de que las empresas afectadas pertenezcan a sectores maduros o considerados de futuro: Santa Bárbara, Hunosa, la Corporación de la Siderurgia Integral, Nissan, Seat o Indra Sistemas.

A esta situación hay que sumar los cierres de instalaciones productivas que se están produciendo en nuestro país, especialmente por parte de las multinacionales. Los casos de Santana Motor,Ebro-Kubota, SKF (en el caso de su planta madrileña), Gillette, la fábrica de Madrid de Rank-Xerox o General Electric Electromedicina son claros ejemplos de ello. Junto a la pérdida de empleo en estas empresas, se está produciendo un goteo continuo de destrucción de puestos de trabajo en empresas auxiliares y suministradoras de las anteriores, lo que está provocando a su vez la desertización industrial de comarcas enteras.

Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Desde el punto de vista de las medidas macroeconómicas adoptadas en España, la política desarrollada se ha basado en medidas enfocadas a controlar la inflación mediante una política monetaria restrictiva, cuya consecuencia ha sido la elevación de los tipos de interés, y con ellos el coste de financiación de las empresas, a la vez que se deprimía el consumo privado. Estos altos tipos de interés han primado las inversiones financieras en detrimento de las productivas. Los capitales extranjeros, atraídos por esos altos tipos de interés, se han orientado en su gran mayoría, al igual que las inversiones nacionales, hacia operaciones de carácter especulativo, produciéndose un fuerte deterioro del tejido productivo español.

Asimismo, el Gobierno ha seguido una política de tipos de cambio que ha sobrevaluado la peseta, penalizando nuestras exportaciones y favoreciendo las importaciones. Las devaluaciones de 1992, que no se adoptaron por las necesidades de nuestra industria, llegaron muy tarde para muchas empresas, como se comprueba en la actualidad.A esto hay que añadir la inadaptación de la industria española para enfrentarse al desarme arancelario y a las exigencias derivadas de nuestra adhesión a la Comunidad Europea en la medida en que el Gobierno no puso en marcha una política industrial que ayudara a nuestro sistema productivo a situarse en márgenes de competitividad asimilables a los de los restantes países de nuestro entorno.

Las medidas macroeconómicas señaladas han estado acompañadas de políticas liberalizadoras que han abandonado a nuestras empresas a los designios del mercado y de medidas fiscales que han gravado la inversión en materia productiva. Pero el hecho más grave que nos ha conducido a esta situación es que España no ha contado con una política industrial durante los últimos 12 años, lo que nos ha llevado, tras la dura reconversion, a contar con empresas y sectores más pequeños, pero no por ello más competitivos.

Las pyme, que conforman el 97% del tejido industrial de nuestro país y el 80% del empleo, se caracterizan por una orientación centrada en el mercado interior, con una propensión a exportar muy reducida, una práctica ausencia de actividades en investigación y desarrollo (I+D) y un escaso nivel tecnológico, lo que las hace fuertemente dependientes del exterior. Por estos motivos, las pyme han revelado su menor capacidad de respuesta ante coyunturas recesivas y su dificultad para competir en un mercado cada vez más internacionalizado y dominado por las multinacionales. Consideramos que las pyme sólo podrán mantener una posición más sólida en la medida que dispongan de un entramado de relaciones y cooperación interempresarial que les aporte la estabilidad de la que carecen por sí solas.

En cuanto a las multinacionales, es preciso valorar la incidencia que en sus decisiones presentan los cambios políticos ocurridos en Europa y sureste asiático y las repercusiones de este hecho en nuestra estructura industrial, ya que muchas compañías han optado por cambiar su estrategia y abandonar la producción en España para trasladarla a nuevas instalaciones en otros países donde las condiciones laborales y la libertad sindical están por debajo de los niveles existentes en los países comunitarios, produciéndose un verdadero dumping social.

Aunque bien es cierto que han aportado elementos de modernización y que la inversión extranjera ha sido un factor positivo para el reflotamiento y salvamento de muchas empresas, han aportado serias distorsiones a nuestro tejido industrial, derivadas del hecho de que la adopción de sus decisiones se produce, en gran medida, fuera de nuestras fronteras. En varios casos actuales, una vez que sus productos están introducidos tanto en el mercado español como en el europeo y han consolidado sus redes de distribución, en lugar de emprender las inversiones necesarias para su modernización deciden trasladar la producción a los países a los que hacíamos referencia, beneficiándose de menores costes y nuevos incentivos a la inversión y pretendiendo a la vez mantener la cuota de mercado.

Ante este panorama, en las federaciones siderometalúrgica de UGT y minerometalúrgica de CC OO consideramos que el futuro de nuestra industria pasa necesariamente por una política industrial activa, coherente con las medidas macroeconómicas que se adopten, que han de servir tanto para superar las carencias estructurales como los problemas coyunturales, todo ello dentro del marco de competencia establecido por el mercado único europeo. Los sindicatos consideramos que no es a través del empeoramiento de las condiciones laborales ni de la disminución de los salarios, tal y como plantea la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno, como podemos mejorar la competitividad.

A nuestro juicio, la política industrial del Gobierno debe perseguir dos objetivos: por una parte, lograr una base productiva más sólida, lo que incidirá en alcanzar un crecimiento sostenido que, a su vez, permitirá que nos acerquemos, al resto de los países de la, Unión Europea en cuanto al grado de industrialización, y que contribuirá a la creación de empleo; por otra parte, modernizar nuestro aparato productivo, de forma que se mejore la productividad, la calidad y el nivel tecnológico, lo que redundaría en una mayor competitividad de nuestras empresas. Es imprescindible conseguir un alto nivel de inversiones que capitalice la industria.

Consideramos que es necesario actuar en dos frentes. La Administración debe articular políticas que mejoren el entorno en que las empresas actúan, mientras que las direcciones de las compañías y los sindicatos debemos incidir en nuevos sistemas de organización del trabajo, en la formación de los recursos humanos y en la introducción de nuevas tecnologías. Las distintas administraciones deben potenciar la creación de nuevas actividades productivas, actuando sobre el conjunto del tejido industrial y dedicando una especial atención a las pyme.

Para poner en marcha estas acciones es preciso que la Administración cree instrumentos que atiendan tanto aspectos horizontales como sectoriales. Las acciones de carácter horizontal han de centrarse, fundamentalmente, en medidas tendentes a fomentar la investigación y el desarrollo; a potenciar las infraestructuras -en su sentido más amplio-; a fomentar la lo calización industrial mediante incentivos y una política de fomento de suelo barato para actividades industriales; a fomentar la internacionalización de nuestras empresas a través de la cooperación empresarial extra fronteriza en el caso de las pyme-, y a apoyar la inversión, tanto por acciones monetarias y fiscales como a través de acciones directas, enfocadas específicamente hacia la industria en su conjunto, un sector o una región concreta. Para lograr que estas medidas sean eficaces es necesario que se establezca una correcta coordinación entre las distintas administraciones públicas. En el plano sectorial, las actuaciones deben dirigirse a promover el desarrollo de los sectores que se consideren de futuro -sin que se entienda exclusivamente como tales a los que aplican o crean alta tecnología- y a la reestructuración de aquellos sectores maduros cuya oferta no se adapte a los requerimientos del mercado o a las necesidades estratégicas del país.

Es preciso destacar el papel que la empresa pública debe jugar en este modelo, teniendo en cuenta que constituyen los únicos grandes grupos empresariales de capital español. Por tanto, consideramos que es necesario defender el mantenimiento de la presencia del sector público industrial como elemento de consolidación del tejido productivo. Asimismo, la existencia de empresas públicas se revela como imprescindible para la permanencia de sectores considerados como estratégicos, así como en aquellas actividades que requieren una fuerte capacidad inversora que el sector privado, presumiblemente, no va a asumir. Por contra, rechazamos la política privatizadora, cuyo único objetivo es obtener recursos inmediatos que palien el déficit público.