Morir en comisaría

SI HAY un lugar donde no está justificada bajo ningún concepto una muerte violenta es la comisaría. El ciudadano que se encuentra en ella como detenido tiene un nivel de protección mayor, si cabe, que el que está en libertad. Su seguridad es responsabilidad directa del Estado, cuyos funcionarios tienen el mandato expreso de la ley de proteger sus derechos, y muy especialmente los de su vida e integridad física. De ahí la particular gravedad que reviste el hecho de que un ciudadano muera a manos de la policía cuando está bajo su custodia. Investigar los hechos, castigarlos como corresponde y reparar económicamente el daño moral producido constituyen en ese supuesto objetivos irrenunciables del Estado de derecho.No puede decirse que tales objetivos se hayan alcanzado plenamente en el caso del fallecimiento, hace 12 años, en la comisaría de Telde (Gran Canaria), del joven Manuel Jesús Díaz Santana, detenido como sospechoso de participar en un robo. En todo caso, la iniciativa del ministro de Justicia de alcanzar un arreglo amistoso con el padre de la víctima, mediante la indemnización de seis millones de pesetas, constituye una respuesta positiva, aunque manifiestamente tardía, del Estado a un hecho ante el que no podía quedar indiferente.

Judicialmente quedó probado que el joven detenido murió de un tiro en la ceja izquierda, disparado por uno de los dos policías que le interrogaban sin la presencia de un abogado. Pero la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo a la versión de los policías -los únicos que pudieron contarlo-, asumió que el joven detenido arrebató el arma a un agente e hizo fuego contra el otro, quien repelió la agresión con un único y certero disparo. La sala aplicó la eximente incompleta de legítima defensa y condenó al policía a dos años y cuatro meses de cárcel y 2,5 millones de indemnización. Más tarde, el Tribunal Supremo le absolvió y el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo. El caso se halla ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El acuerdo amistoso evita a España una probable condena del tribunal europeo, que sería la quinta. Pero el que haya sido posible muestra también la sensibilidad en materia de derechos humanos del actual ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, que inaugura un mecanismo hasta ahora no ensayado por sus antecesores. En este caso, además, significa un modo de que el Estado utilice la razón frente a la razón de Estado que subyace en las resoluciones judiciales que debieron dar una respuesta justa a los hechos enjuiciados, por encima de actitudes poco compatibles con los derechos fundamentales. No se puede mirar hacia otro lado cuando alguien muere a tiros en una comisaría.