Punto ciego

Dice el refrán que las armas las carga el diablo, pero parece sensato buscar más responsabilidad en las autoridades civiles que en las fuerzas infernales: si a un irresponsable le entregas un arma, tenga o no licencia para matar, terminará por usarla. Entre nosotros ha habido recientes ejemplos de honrados ciudadanos que, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa propia, han matado para evitar ser robados. Pero estas desafortunadas extralimitaciones no son nada comparadas con el caso norteamericano, donde el derecho constitucional de portar armas permite que cada ciudadano pueda disparar indiscriminadamente. Lo cual es una monstruosidad jurídica, pues el Estado de derecho se fundamenta en el monopolio estatal de la violencia legítima. Por ello, esta peculiaridad norteamericana constituye un atavismo premoderno que (al igual que sucede con el punto ciego que hay en la retina del ojo) hace de esta flagrante contradicción constitucional un auténtico punto ciego de su ordenamiento jurídico.Pues bien, nosotros tampoco estamos libres de análogos puntos ciegos, dudosamente constitucionales. Y no me refiero con ello al derecho de portar armas, que, por fortuna, ya no existe en Europa, sino a la licencia de irresponsabilidad para usar otras armas metafóricas como son los llamados fondos reservados. De hecho, ni siquiera se excluye que también estos fondos, como las mismas armas, sirvan para matar, pues permiten ser invertidos en la contratación de asesinos a sueldo. Pero el problema no es sólo éste, con ser ya grave, sino el derivado de su misma irresponsabilidad jurídica: por definición, no se puede pedir cuentas de su uso. Ahora bien, todo poder incontrolado tiende a caer, más pronto o más tarde, en la extralimitación de su peor uso: esta ley de la caída en la peor posibilidad parece ineluctable. Y la peor posibilidad no es sólo el asesinato político y la compra del silencio de los asesinos, sino, dada nuestra esperpéntica tradición de corruptelas, la apropiación privada de sobresueldos clandestinos.

No obstante, aquí hay mucha hipocresía y mucho farisaico rasgamiento de vestiduras. Todos denunciamos a los altos cargos policiales que se autosobornan con fondos reservados, pero a la vez, contradictoriamente, todos consentimos que los altos funcionarios civiles se autogratifiquen repartiéndose en exclusiva los fondos de productividad. Y qué decir de las bufandas o los sobres que lubrifican el tejido administrativo de las empresas o los ministerios: ¿cómo se incentivaría, si no, a unos cuadros de ejecutivos o a unos cuerpos de funcionarios que se niegan en redondo a hacer el primo? Además, ¿acaso no seguimos estando en el país de la propina, donde no hay nada que funcione sin su correspondiente gratificación clandestina, tan contante y sonante como tácita e implícita? ¿Es justo esperar que los funcionarios antiterroristas sean distintos a los demás españoles?

Por ello, yo sostengo que el problema más grave no reside tanto en los sobresueldos clandestinos (el que esté libre de pecado que tire la primera piedra) como en la irresponsabilidad jurídica. Si esto supone un punto ciego de nuestro ordenamiento constitucional es porque resulta imposible de controlar. Los demás fondos furtivos, como el de productividad, son susceptibles de control, pues existen medios de hacerlo y bastaría voluntad política para ello. Pero estos fondos reservados, por definición, son imposibles de fiscalizar. Pues bien, esta irresponsabilidad jurídica (análoga a la que detenta la Corona, ese otro punto ciego de nuestro ordenamiento legal, que carece de responsabilidad exigible), me parece contraria a derecho: nada ni nadie debe escapar al imperio de la ley. Por eso creo que debieran legislarse instrumentos de control de los fondos reservados, e instrumentos quizá no parlamentarios (dada la necesidad de secreto y la identificación entre Ejecutivo y Legislativo), sino jurisdiccionales (el Supremo, por ejemplo), como corresponde al Estado de derecho. Ningún poder ni punto ciego sin juez ad hoc, so pena de que se extralimite y caiga en lo peor.