Economía retrasa al año 2000 el objetivo de rebajar el déficit público al 3% del PIB

Reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos) al 3% del productointerior bruto (PIB) en los próximos tres años, anunciado hace apenas un mes, se presenta ahora como inalcanzable. Parece serlo también para el resto de los países pertenecientes a la Unión Europea,comprometidos en este objetivo tras el acuerdo de Maastricht. De ahí que este criterio de convergencia pueda atrasarse a la frontera del año 2000, según fuentes oficiales del Ministerio de Economía.

En el Gobierno español existe la creencia, aseguran, de que la UE decidirá aplazar el pase a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria a esa fecha.El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya manifestó días atrás su creencia de que alcanzar el 3% de déficit en 1997 -desde el 7,3% de 1993- iba a ser poco menos que imposible. El escenario con que ahora se trabaja en el Gobierno aplaza este objetivo a finales de 1999. Las dificultades que todos los países de la UE han encontrado el pasado año para, controlar su desequilibrio presupuestario ha ensanchado el horizonte temporal que se había marcado en un principio.

Con más tiempo por delante, el plan que estudia el Ministerio de Economía y Hacienda no contempla subidas de impuestos salvo en los especiales, en cumplimiento del calendario de armonización con la UE. La subida de ingresos se confía al plan de lucha contra el fraude -que se presentará a mediados de año y que contempla medidas no sólo en el aspecto fiscal-, sino también en las prestaciones sociales. También se espera que la recuperación económica se produzca en la segunda mitad de este año para recuperar los ingresos.

En el gasto, el criterio es afianzar la política puesta en marcha en el presupuesto de 1994, aunque se abordarán algunos aspectos pendientes. En líneas generales, se apuesta por el mantenimiento de las inversiones y del gasto social, globalmente considerado. Se continuará con la política restrictiva en cuanto al número de plazas a ofertar por el empleo público, con la idea de sólo cubrir el 50% de las bajas por jubilación. Esta medida se considera más efectiva que la de cerrar organismos autónomos, ya que el problema, en este último caso, es qué se hace después con los funcionarios sin plaza.

Las reformas pendientes afectan a un amplio abanico de prestaciones sociales. Por ejemplo, se estudia retrasar la edad de jubilación para reducir el gasto en pensiones y adecuarlo a la mayor expectativa de vida en España. Se estudia también una reforma de la incapacidad laboral transitoria de los autónomos, ya que es dónde se han detectado numerosos casos de fraude. Lo mismo ocurre con las pensiones de invalidez. En sanidad, se apuesta por medidas como la ya anunciada de recortar el margen de beneficio de las farmacias.