La política común pesquera

España tiene, en materia de pesca, gran interés en que se incorpore a la Unión Europea un país como Noruega, afirma el autor; pero no puede justificar las derogaciones al acervo común alegando excepcionalidades geográficas o mayor eficacia en la gestión

La Unión Europea representa un proyecto, un reto y un compromiso.El proyecto es, ni más ni menos, alcanzar un nivel de integración en todos los terrenos que permita una actuación unitaria interna y externa. Este proyecto es posible porque existe, entre los países que componemos actualmente la Unión, una gran consonancia en temas tan fundamentales como pueden ser el modelo de sociedad que buscamos, las metas de desarrollo que perseguimos, la coincidencia histórica, cultural, social y política que nos define y la similitud de las políticas que hemos puesto en marcha para lograr estos objetivos.

El reto consiste en asegurar una integración que respete y realce nuestras propias identidades nacionales en el marco de este proyecto común.

El compromiso es precisamente asumir, tanto individual como colectivamente, los costes de esta unión, por considerar que las ventajas que se derivan de la misma compensan sobradamente este esfuerzo.

Lo anterior no ha sido, ni es, ni probablemente será, un proceso fácil. Por el contrario, todos y cada uno de los componentes de lo que ha venido a llamarse el acervo comunitario han sido el fruto de difíciles negociaciones a lo largo de más de 30 años de existencia de la Comunidad. De ahí la importancia fundamental que concede España al necesario respeto debido a este acervo comunitario, que es, a la vez, la piedra de toque y los cimientos de la construcción europea.

Dentro de este acervo cobran especial relevancia las llamadas políticas comunes, que son aquellas en las cuales los Estados miembros han sido capaces de hacer la máxima apuesta a favor precisamente del proyecto común. Representan claramente la mejor prueba de confianza respecto a la validez intrínseca del concepto de integración, cristalizada en una efectiva transferencia de soberanía nacional a favor de la comunitaria.

La política común pesquera representa un caso evidente de cesión, en aras del bien común, de un planteamiento nacional a un planteamiento colectivo. La política azul es una política dinámica y comprometida, que ha hecho un enorme esfuerzo, a partir de 1992, para actualizarse, para incorporar nuevos y necesarios instrumentos de conservación, gestión y control de la actividad pesquera, para poder responder eficazmente a los múltiples problemas con que se enfrenta el sector pesquero comunitario.

En 1992, la Comunidad redefine y rediseña toda una política pesquera, incorporando los principios generales y la normativa existente a la praxis de los 10 años anteriores y a las insuficiencias detectadas con un enfoque unificado y global.

El nuevo reglamento marco 3760/92 representa un hito fundamental en la elaboración de esta nueva política común de pesca. Incorpora un enfoque globalizador de la actividad en sus tres vertientes: recursos, estructuras y mercados pesqueros, y se complementa con el reglamento de control 2847/93, que establece las medidas necesarias para asegurar el respeto a la normativa pesquera.

Partiendo de esta sólida base están actualmente sobre la mesa de la Unión numerosos proyectos de nuevos reglamentos, cuya finalidad es ir encontrando soluciones que permitan garantizar una actividad pesquera responsable, sostenible y rentable. A la luz de lo anterior, no debe extrañar a nadie la insistencia con que España defiende esta política común. En efecto, el sector pesquero español es, con diferencia, el más importante y complejo de toda la Unión. La dependencia socioeconómica de la pesca española es superior a la de otros países miembros, como lo son también la magnitud de nuestra flota, su diversidad y sus necesidades.

Al igual que los demás Estados miembros, España ha tenido que hacer frente a las nuevas condiciones en las que se puede desarrollar la pesca, que han representado necesariamente grandes sacrificios, impuestos por la reducción de las posibilidades de pesca y el imperativo de asumir una política de conservación y gestión responsable, y se han traducido en una necesaria reconversión y racionalización del sector.

Ahora bien, precisamente por la magnitud y la diversidad a que antes se ha hecho referencia, el esfuerzo que ha tenido que asumir España ha sido cuantitativa y cualitativamente mayor.

España apoya sin reservas la ampliación de la Unión Europea, por considerar que representará un fortalecimiento del proyecto común y un voto de confianza en su justificación histórica.

Ahora bien, esta ampliación ni debe ni puede representar un retroceso frente a lo hasta ahora logrado. La adhesión exige necesariamente de los nuevos Estados miembros el mismo nivel de compromiso asumido por los actuales, por lo que cobra especial relevancia que acepten y respeten sin reservas el acervo comunitario.

En materia de pesca, España tiene gran interés en que se incorpore un país como Noruega, en el que el sector de la pesca tiene una importancia tan evidente. En definitiva, resultará beneficioso para nuestro propio sector y para nuestro país poder contar con quien debería ser un aliado natural en la defensa de los intereses pesqueros.

Más aún, España considera que la gran experiencia con la que cuenta Noruega en materia de conservación y gestión de los recursos será un nuevo elemento dinamizador y una garantía de la eficacia de los mecanismos e instrumentos de gestión que ya existen, o que deban crearse en el marco comunitario. Ahora bien, esta capacidad sinérgica se vería mermada si en lugar de integrar este valioso insumo se sustituyese por una derogación o excepcionalidad que fragmentase o diluyese las premisas básicas. de la propia política común pesquera (PCP).

El concepto de la Unión, su identidad básica y esencial, gira en torno a un planteamiento supranacional. Cada concesión que se hiciera, cada derogación que se pretenda establecer a costa de las políticas comunes, por motivos exclusivamente nacionales, agrietaría la solidez de los cimientos de la Unión Europea y pondría en peligro el futuro de nuestra Unión. No se pueden justificar, como pretende algún país candidato, las derogaciones al acervo común alegando excepcionalidades geográficas o como consecuencia de una posible mayor eficacia en la gestión y control. Tampoco deberían existir reticencias nacionales coyunturales, ni de los Estados que ya somos miembros de la Unión ni tampoco de los Estados candidatos, que serían poco acordes con una auténtica voluntad de compromiso con el proyecto común europeo.

es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.