El Gobierno estudia suprimir las pensiones de viudedad para personas con altos ingresos

El Gobierno reformará las pensiones a lo largo de 1995, pero ya ha empezado a preparar los primeros borradores. En ellos se incluye hacer incompatible la pensión de viudedad con las rentas altas: que los futuros viudos o viudas que disfruten de otros ingresos -su salario, una pensión propia alta o rentas elevadas de otro tipo- no tengan derecho a percibir la pensión del cónyuge fallecido. Con el objetivo de reducir el gasto total, se prevé incluir incentivos para retrasar la jubilación hasta los 67 años. Los primeros escenarios recogen asimismo la ampliación del periodo de cálculo de la pensión -ahora situado en ocho años- hasta los 12 o 15 años que han empezado a aplicar Alemania y Francia.

Los ministerios de Economía y Trabajo están elaborando ya los primeros documentos para modificar el sistema público de pensiones. Una reforma para la que cuentan con el trabajo paralelo de una ponencia del Parlamento, en la que están representados todos los partidos Políticos, y que debe entregar a finales de este año sus conclusiones sobre el futuro sistema de Seguridad Social.En los escenarios que diseña el Gobierno se precisa dónde es posible introducir modificaciones. La mayor esperanza de vida es un factor esencial que se está tomando en cuenta para la reforma del sistema público. En 1966, el tiempo medio de cobro de pensión era de 10 años, en 1994 será de 18 años y subirá a 25 años dentro de una década. Por ello y para recortar el gasto total de pensiones el Gobierno quiere retrasar la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67 años mediante incentivos y sin tener que recurrir a una modificación legal. El sistema puede ser simplemente compensar la permanencia en el puesto de trabajo, eliminar la jubilación obligatoria para los funcionarios y que en los convenios no se pacte la expulsión del trabajador.

Para las pensiones de jubilación -el 50% del total-, se pretende aumentar el periodo de carencia, es decir los años de la vida activa sobre los que se establece el monto de la pensión. Ahora se calcula en base a las cotizaciones de ocho años, dos de ellos deben estar entre los cinco años anteriores a la jubilación. La referencia para el Gobierno es la reforma que han empezado a aplicar Alemania y Francia, que tenían un periodo de carencia de 10. años y lo están aumentando hasta los 12 y 15 años.

En las prestaciones de invalidez -el 24% de las pensiones-, la principal vía de actuación será atajar el fraude. Se quiere evitar que se conviertan en un refugio en el que sigan entrando los trabajadores excedentes de las empresas y sectores con procesos de reconversión. El control y la inspección se intensificarán de manera especial y las unidades de valoración pasarán a depender de la Seguridad Social. También la incapacidad laboral transitoria y la invalidez provisional van a sufrir una profunda reforma, en este caso urgente en el segundo semestre de 1994. Las dos figuras desaparecen y serán sustituidas por la incapacidad temporal, en la que un trabajador podrá permanecer dos años -frente a los seis actuales-.

La modificación de las pensiones de viudedad -el 26% del total- es el punto más polémico. Esas prestaciones se gestaron como "una protección derivada" para los familiares de la persona fallecida y en una época en que la mujer no se había incorporado al mundo del trabajo. Ahora la cobran por igual viudas y viudos, al margen del nivel que tengan sus rentas, y el Gobierno se plantea hacer incompatible el cobro de esa pensión para las personas que tengan sus propios ingresos y con un nivel elevado.