Absueltos 28 jornaleros andaluces que cobraron el subsidio del PER mediante peonadas falsas

Los jornaleros andaluces que cobraron ilícitamente el subsidio de paro agrícola (PER) no defraudaron a la Hacienda pública, pues desconocían la responsabilidad criminal de sus actos. La Audiencia dé Granada absolvió ayer a los 28 braceros de Padul y estableció el primer antecedente en los juicios masivos por las peonadas falsas. El ex alcalde Diego García Villena (", en cambio, fue condenado a un año de prisión: "Yo conocía las consecuencias de lo que estaba haciendo, pero sobre todo sabía que aquél era un acto de justicia. Las peonadas serían falsas, pero no la necesidad que había".

El fraude de las peonadas, descubierto en 1986, abarcó toda Andalucía y parte de Extremadura. Durante dos años, numerosos alcaldes, principalmente del PSOE e IU, certificaron falsamente que los jornaleros habían trabajado al menos 60 días para cobrar el subsidio agrícola (unas 240.000 pesetas anuales) con cargo al Plan de Empleo Rural (PER).Los reproches políticos se centraron en el voto cautivo: los alcaldes tenían la fidelidad del votante a cambio de jornales. Pero en Padul, el razonamiento hace aguas. Tras el escándalo de las peonadas, fue elegido un alcalde socialista contrario a estos favores.

Ayer, tres años después de que se abrieran los primeros procedimientos, un tribunal redujo penalmente unos hechos que implicaron a miles de braceros a una insignificancia. Los peones procesados hasta hoy han sido sólo aquéllos cuya renta económica no les autorizaba a cobrar el subsidio.

La defraudación total en Andalucía y Extremadura es incalculable. Sólo el Ayuntamiento de Padul, respecto a los 28 jornaleros acusados y durante un año, defraudó, según el abogado del Estado, más de 96 millones.

La sentencia absolutoria de los jornaleros se basa en tres consideraciones. La primera estima que para que haya una estafa, los jornaleros y los alcaldes debieron inducir a engaño a la Administración. Según la sentencia, las autoridades laborales conocían "la problemática derivada del desempleo agrario" que existía antes de mayo de 1988 y cómo los jornaleros recurrían al fraude para lograr el subsidio.El estafado lo sabía

Este previo conocimiento de la Administración, por tanto, "hace inexistente el error e ineficaz el engaño", dice el tribunal. Por ello, agrega, no hubo delito de estafa, pues los estafados sabían lo que ocurría.

Diego García Villena declaró tras conocer la sentencia que las circunstancias no han cambiado en el campo andaluz respecto a 1987: "Hoy no hay, más trabajo en el campo. Alguien debe estar firmando las 50.000 peonadas que yo certifiqué, porque el subsidio se continúa cobrando".

El segundo fundamento de la inocencia de los braceros era su ignorancia: no sabían que estaban cometiendo un delito de falsedad de documento. Por un lado, el alcalde no les advirtió de la ilicitud de las firmas de favor que les concedía y de las previsibles consecuencias. Además, su nivel cultural "no les daba alcance para comprender lo antijurídico de sus conductas, máxime cuando era una actividad ejecutada masivamente y por la casi totalidad de los jornaleros del municipio". El alcalde, en cambio, que sí conocía el riesgo, cometió el delito continuado de falsificación de documento que le ha comportado el año de prisión. Su abogado anunció que recurrirá al Supremo.

Por último, la Audiencia de Granada afirma que la ley sólo establece condenas de prisión para quienes oculten o falseen las condiciones requeridas para lograr subvenciones de más de 2,5 millones. En cantidades menores, es suficiente con una sanción administrativa, que los inspectores de Trabajo ya impusieron por dos veces en Padul.

Además, el tribunal entiende que el concepto de subvención no abarca las "ayudas, auxilios, subsidios que la Administración otorga a determinados particulares en atención a la situación objetiva en la que se encuentran", entre los cuales se hallan "los subsidios por desempleo derivados de la aplicación del PER".

Desde la semana próxima proseguirán en Granada los juicios por fraude masivo semejantes al de Padul.