Las pensiones del siglo XXI

El ministro de Economía, Pedro Solbes, abrió la caja de los truenos con sus declaraciones sobre las pensiones del futuro. Y sin embargo la semana anterior el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la constitución de una ponencia para estudiar, sin límite de tiempo, la reforma económica de la Seguridad Social de cara a proporcionar un diagnóstico sobre el futuro del sistema. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene preparando papeles para una eventual reforma de las prestaciones sociales desde hace varios meses y algunos de estos documentos fueron enseñados en las reuniones celebradas durante el proceso de concertación social de 1993.La reforma de la Seguridad Social es, según fuentes del Ministerio de Economía, una necesidad inaplazable. No abordarla, explican, sería una irresponsabilidad. Es algo que todos los países de nuestro entorno se plantean. Incluso, representantes de la oposición que calificaron de alarmistas las advertencias de Solbes, defendieron en la comisión del Congreso creada a tal fin la necesidad de. actuar. Es lo que el ministro quiso decir y no dijo: que quienes rondan los 40 pueden tener problemas con su pensión si no se adoptan medidas.

El debate se ha iniciado en torno a los problemas demográficos de la sociedad española de las próximas décadas, dado el fuerte ritmo de envejecimiento que experimentará la población española en las próximas décadas. Algunos expertos en demografía, en Seguridad Social y responsables políticos consideran, sin embargo, que no es precisamente la demografia el elemento sustancial a tener en cuenta sobre el futuro de las pensiones o las pensiones del futuro.

Estos demógrafos y economistas tratan de quitar importancia al efecto "demografía" (aumento de las personas de mayor edad con respecto al conjunto de la sociedad y al volumen de cotizantes) sobre las pensiones futuras. Por razones distintas llegan a conclusiones similares.

Razones de edad

En la actualidad hay casi 6,8 millones de pensionistas en España. De ellos sólo la mitad lo son por razones de edad. El resto perciben una pensión por otros motivos: invalidez y viudedad, fundamentalmente, y orfandad y otros, en mucha menor medida. "Por ello", dice Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, "los problemas demográficos, de afectar, sólo lo hacen sobre una parte de los gastos de pensiones".Con este argumento no están de acuerdo todos los expertos consultados. Para Almudena Durán, demógrafa, "buena parte de las pensiones de viudedad y de invalidez las perciben personas mayores, en edad de jubilación, que lo que ocurre es que puede que no tengan derecho a una pensión de jubilación".

Pero Durán sí da una gran importancia al proceso de envejecimiento de la población. Las proyecciones sobre evolución de la población por grupos de edad parece taxativa: en 1990 algo menos del 14% de la población tenía más de 65 años; en 1995 este porcentaje se elevará en algo menos de dos puntos y en el 2000 en 1,5 puntos. Para el 2010 se situará ya en 17,86% de la población total, mientras que en el 2025 superará el 22% y en 2040 supondrá casi un tercio de la población.

"No se trata tanto del porcentaje de población mayor sobre el total de la población", afirma José Aranda, estadístico facultativo del Instituto Nacional de Estadística, "sino la cifra en sí misma" que supondrá que a principios del próximo siglo haya 6,5 millones de personas de 65 años o más y que cuarenta años más tarde esa cifra llegue a los nueve millones de personas.

"Junto a las necesidades de' recursos para pagar pensiones a todas estas personas", dice Aranda "hay que tener en cuenta el resto de gastos sociales que se van a demandar por parte de este colectivo, mucho más elevados que los que se exigen ahora". Es tos gastos nuevos son todos los referidos a sanidad derivada de la edad, al cuidado de las personas mayores que con el tiempo van siendo incapaces de desenvolverse por sí mismas y necesitan ayuda.

Crear empleo

La cuestión demográfica es importante, se señala, pero no es la esencial si junto al crecimiento de la edad media de la población se produce un proceso de crecimiento de la población activa y ocupada; "si la tasa de desempleo desciende hasta niveles comparables con lo que ocurrre en otros países europeos; si la incorporación de la mujer al mundo del trabajo se coloca en tasas similares a las que ya existen en otras zonas, el proceso de envejecimiento, al menos en un horizonte de 30 años, puede verse compensado". Por eso hay tomar medidas para paliar los problemas que se ven venir para plazos mayores.El sistema de pensiones de reparto está basado en el número de cotizantes para los ingresos, mientras que los gastos dependen del número de pensiones, de la pensión media, del proceso de revalorización de las mismas y de la política de mínimo s que se decida llevar a cabo como elemento de redistribución de la renta.

Además, hay otros gastos correspondientes a prestaciones no contributivas que siguen a cargo de la Seguridad Social pero que, en puridad, deberían ser sufragadas por el Estado directamente. Cualquier reforma que se intenta, y de manera periódica se llevan a cabo en todos los países, busca volver a encontrar un equilibrio entre los ingresos y los gastos para un periodo prolongado de tiempo.

Los ingresos de la Seguridad Social proceden de las cuotas, satisfechas por los trabajadores y las empresas, y de las aportaciones del Estado. Por eso lo mejor es aumentar los ingresos gracias a la creación de empleo que dé lugar a nuevos cotizantes. Incrementar los ingresos, subiendo las cotizaciones, permite obtener mayores ingresos en unos anos, al tiempo que se generan obligaciones mayores de pago para el futuro, ya que la pensiones de jubilación se calculan sobre las cantidades efectivamente devengadas a lo largo de un número determinado de años.

"Sin embargo", señala Joaquín Almunia diputado socialista que forma parte de la ponencia del Congreso, "elevar mucho las cotizaciones supone encarecer el coste del factor trabajo con las repercusiones de pérdida de competitividad para la producción española que ello llevaría consigo". Almudena Durán añade a ello que "una mayor cotización eleva el coste relativo del factor trabajo frente al factor capital, lo que puede incidir negativamente sobre la creación de empleo".

El Estado puede aumentar su aportación a la Seguridad Social permitiendo que se reduzca, relativamente la de trabajadores y empresas. Ello supondría que una parte mayor de los impuestos actuales, u otros nuevos, se destinarían a financiar más la Seguridad Social.

En la situación actual, con el nivel de déficit público que se ha alcanzado, y con la necesidad de reducirlo, parece poco probable que se pudiera optar por una solución de ese tipo. Otra cosa es que, como la reforma que se ponga en marcha tendrá un proceso de adaptación muy prolongado en el tiempo, se acabe imponiendo como parte de la solución global una medida de este tipo. Bien porque aumente la aportación del Estado bien porque los gastos por prestaciones no contributivas, que en la actualidad pueden cifrarse casi en un billón de pesetas anuales, acaben siendo excluidos de la financiación por la Seguridad Social.

Controlar gastos

En el componente de gastos es donde algunos de los expertos consideran que puede resultar más fácil actuar. Como lo que. se busca, como se señalaba ya en los documentos manejados en la mesa de la concertación social, es un equilibrio para las próximas décadas, ya que el de las actuales está garantizado, se puede actuar sobre la pensión media aumentando progresivamente el periodo mínimo exigible para tener derecho a pensiones contributivas. También se puede incrementar el periodo de cotización sobre el que se calcula la pensión futura, al tiempo que se puede aumentar tanto la edad real de jubilación como la legal, dando marcha atrás al proceso iniciado por el primer Gobierno socialista que bajó la edad de jubilación de los 70 años a los 65."La desaparición del sistema público de Seguridad Social es impensable e imposible", coinciden en señalar Adolfo Jiménez y Joaquín Almunia. Ambos dicen que no hay ahorro suficiente para hacer frente a los compromisos adquiridos en materia de pensiones y al tiempo iniciar un proceso de capitalización que sustituya al actual sistema de reparto.

Así piensa Juan Antonio Fernández Cordón, director de Instituto de Demografía, que se decanta claramente porque "el sistema de pensiones continúe siendo un pacto entre generaciones que se renueva y que permite al Estado mantener una política redistributiva de la renta porque, de otra forma, se irían formando dos grupos cada vez más diferenciados entre los pensionistas futuros".

El otro orden de intervención en el que se trabaja es lograr reducir de forma importante el peso del resto de las pensiones sobre el conjunto de los gastos. Rebajar las pensiones por invalidez, definiendo mejor las causas que las generan y tratando de eliminar el fraude existente, es uno de los objetivos básicos de la unidad especial contra el fraude puesta en marcha a finales del pasado año.

La incapacidad laboral transitoria y la invalidez suele utilizarse como válvula de escape para generar pensiones en algunos regímenes especiales y en momentos de crisis económica. Las tasas de siniestralidad tienden a crecer en los años en los que el empleo cae.

Algunas regulaciones de empleo acaban disfrazándose de expedientes de invalidez. Otra explicación no tiene el incremento que se registra en esos años. Y no se puede olvidar que el 25% de las pensiones corresponden a invalidez.

Otro de los componentes importantes del gasto de pensiones se produce por la revalorización que éstas tienen todos los años. En los últimos siete años la revalorización de pensiones ya existentes ha sido superior a la subida del índice de precios de esos años. Sólo hubo un año en el que las pensiones subieron menos que los precios. Esta revalorización ha sido socialmente necesaria, dados los bajos niveles de los que partían buena parte de las pensiones. Por eso las subidas han sido más altas en las más bajas que en el resto.

Hay expertos que empiezan a señalar que la política de mínimos, al acercarse la pensión mínima no contributiva al salario mínimo, y de revalorización continuada por encima del IPC, puede estar llegando a su fin al haber alcanzado niveles aceptables.

Otra de las vías de solución es ahondar en el concepto de pensión familiar o concurrencia de pensiones, no sólo cuando se produce en una persona sino cuando tiene lugar en la unidad familiar. Cada vez van a ser más las familias en las que ambos cónyuges hayan generado derechos de pensión o casos de viudedad en los que haya también una pensión propia. Limitar la percepción de ambas pensiones, al establecer topes máximos, es una alternativa que se maneja para el futuro a medio plazo. Pero ello choca con la filosofía de diseñar un sistema público de pensiones en el que la capitalización, y no el reparto, sea el elemento esencial.