El déficit de las administraciones públicas fue el pasado año el mayor de la historia

Terminó el annus horribilis, pero pasará a la historia como el peor para las finanzas públicas desde que existen estadísticas fiables. El Presupuesto consolidado del Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos presentó el pasado año un déficit del 7,1% del PIB, sólo rozado en el año 1985 (6,9%). En el sector Estado, los gastos han crecido cinco veces más que los ingresos, en términos de caja. El Gobierno se plantea, a pesar de ello, el ambicioso objetivo de colocar el déficit total en el 3% del PIB en 1996, para lo que ha diseñado un plan que pretende, sobre todo, reducir gastos de funcionamiento en todas las administraciones. Los gastos sociales -pensiones y desempleo- no sufrirán un nuevo recorte a corto plazo.

El plan que prepara el Ministerio de Hacienda para recortar drásticamente el déficit de las administraciones públicas (al 3% del PIB en 1996, frente al 7,1% de 1993) pasa por una severa contención en todos los gastos corrientes. No existe, a medio plazo, la intención de volver a recortar los gastos sociales. Con el nuevo sistema de actualización de las pensiones y el reciente recorte en el subsidio de paro, en Hacienda se considera que se ha llegado al límite de lo posible.Se trata ahora de cortar una sangría que ha sido especialmente grave el pasado año. Según el avance de liquidación del Presupuesto del Estado para 1993, el Estado se gastó 1,83 billones más de lo presupuestado para las denominadas operaciones corrientes (en contabilidad nacional). Éstas incluyen los gastos de personal, las compras de bienes y servicios, los intereses de la deuda y las transferencias a comunidades autónomas, ayuntamientos, Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo y empresas públicas; es decir, todo lo que no es inversión y transferencias de capital.

Esta desviación explica, por sí sola, el 79% de todo lo que el Estado se gastó de más el pasado año (2,319 billones de pesetas). Las cuatro partidas del gasto corriente se quedaron cortas porque se quiso presentar un presupuesto riguroso sin tener en cuenta el verdadero alcance de la crisis. Los excesos en las transferencias a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo se han justificado porque ha habido más paro, menos cotizantes y más subsidios y porque se han tapado agujeros de años anteriores.

Pero lo que desde Hacienda no acaba de encajarse es que se haya producido una desviación del 35% en la compra de bienes y servicios. Se presupuestaron 323.600 millones de pesetas y se gastaron 113.200 millones de pesetas más. De ahí que una de las primeras medidas que ya se han adoptado para el presupuesto de 1994 sea un ahorro de 25.093 millones de pesetas en este tipo de gastos por parte del Estado y todos sus organismos de la Administración central, respecto de lo presupuestado para 1993 (1,007 billones).

Puede parecer poca cosa, pero por algo se empieza. Según fuentes de Hacienda, el plan para reducir el gasto se centrará sobre todo en contener los gastos corrientes. Los criterios son respetar los compromisos adquiridos en pensiones, pago de las nóminas de los funcionarios, intereses de la deuda, prestaciones por desempleo, y dotar las cantidades necesarias para atender los gastos de sanidad y transferencias a otras administraciones públicas (comunidades y ayuntamientos), pero con los criterios, restrictivos ya aplicados en 1994.

Se quiere, sin embargo, ir más allá y llevar adelante una política que permita, por ejemplo, evitar duplicidades en los servicios que prestan las distintas administraciones. Para ello, se utilizará la movilidad de funcionarios prevista en la Ley Financiera que se aprobó junto a los Presupuestos de 1994. La oferta de empleo público se limitará a lo imprescincible, y seguirá la misma política en cuanto a las retribuciones de los funcionarios. No están previstas privatizaciones masivas de empresas públicas.

Incumplimientos

Los 2,319 billones de pesetas que el Estado gastó de más el pasado año se han materializado, sobre todo, en créditos extraordinarios. Éstos -la mayoría para tapar déficits del Inem de los años 1991, 1992 y 1993- explican más de la mitad de esta desviación, al alcanzar los 1,291 billones de pesetas y ser un 463,4% superiores a los del año anterior. Se habría incumplido así el límite del 3% sobre los créditos iniciales que la Ley de Presupuestos estableció. Pero el Gobierno decidió eliminar este autocontrol del gasto por decreto ley en diciembre pasado.

Además de los créditos extraordinarios, que han ido a parar a gastos corrientes, el presupuesto del Estado se desvió en las llamadas incorporaciones de remanentes que se han producido, sobre todo, en los gastos de inversión. Esta partida responde a gastos que no se efectuaron en 1992 y que se han incorporado al presupuesto de 1993. Esto suele ocurrir en las inversiones públicas que tienen un programa de ejecución plurianual. El pasado año, los remanentes alcanzaron los 514.400 millones de pesetas, un 29% más que el año anterior.

El Consejo de Ministros, en un acuerdo de finales del pasado año no hecho público, decidió cortar con esta fórmula que emplean algunos ministerios -sobre todo Obras Públicas y Defensa- para disponer de más presupuesto. Según este acuerdo, las incorporaciones de remanentes del año anterior no pueden superar el 10% de los créditos iniciales del año en curso.

En los ingresos, los beneficios históricos del Banco de España -un billón de pesetas, gracias a las tormentas monetarias- han amortiguado una caída que podría haber sido estrepitosa. El pasado año, se recaudó en conjunto 636.500 millones de pesetas menos de lo previsto. Solamente en las grandes figuras impositivas (IVA, Sociedades y Renta) se han recaudado 1,110 billones de pesetas menos de lo presupuestado y 341.300 millones menos que el año anterior. Las principales razones están en una menor actividad económica, las mayores solicitudes de aplazamientos de pagos y una mayor agilidad en las devoluciones.

Todos igual

Este panorama poco alentador no es, según Hacienda, una característica exclusiva de España. Según este departamento, la mayoría de los países de nuestro entorno han batido igualmente marcas históricas en sus cifras de déficit. La crisis económica ha hecho disminuir los ingresos y aumentar los gastos sociales en todos los países. Pero en España, a los efectos de la recesión se han unido los de un presupuesto al que no se quiso dar por enterado de ella. Así, los agujeros de la sanidad y el desempleo han cabalgado un año sobre otro, hasta que al final, como suele ocurrir, los defectos salen a la superficie.