El PSOE sólo hace "mejoras técnicas" en la reforma laboral

El Grupo Parlamentario Socialista tan sólo introducirá "mejoras técnicas" en la reforma laboral. El plazo de presentación de enmiendas finaliza mañana y los textos del PSOE no recogen las sugerencias de los sindicatos ni las de la CEOE. La edad tope de 25 años para los contratos de aprendizaje se mantiene, pese a que el PP e IU defienden que se reduzca por debajo de la edad fijada por el Gobierno.En ese tipo de contratos de aprendizaje, el grupo socialista introducirá una enmienda que reconoce el derecho a la baja retribuida por maternidad, no incluido en el texto inicial y que entraba en colisión con una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También recoge el compromiso de desarrollar en una norma posterior un contrato específico para minusválidos. Según el proyecto de ley, este colectivo puede ser contratado en la modalidad de aprendiz sin límite de edad.

Esas modificaciones fueron decididas en las reuniones que mantuvieron la semana pasada miembros del grupo socialista con el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán. En esos encuentros se habló de introducir algún retoque en la regulación de los despidos, que el PSOE concretará antes de mañana martes.Demandas sindicalesEn todo caso, el PSOE no defenderá la enmienda pedida por los sindicatos, consistente en mantener la autorización administrativa previa en los despidos denominados individuales -que afecten a un número de trabajadores inferior al 10% de la plantilla-

La propuesta de UGT y CC OO se recoge en un documento en el que también reclaman que se eliminen algunas de las nuevas causas objetivas en los despidos -organizativas y de producción- y que se mantengan las que establece el Estatuto de los Trabajadores -económicas y técnicas-. Las centrales proponen que se reduzca de tres a dos años el tiempo máximo del contrato de aprendiz y que la jornada no se pueda fijar mediante pactos individuales.

Las peticiones sindicales son claramente divergentes de las enmiendas propuestas por la CEOE. Ésta pretende que se elimine la autorización administrativa previa en los casos de despidos colectivos y no sólo en los individuales, como se dice en el anteproyecto del Gobierno.