La Generalitat propugna un uso "exclusivo o preferente" del catalán en las administraciones

El documento elaborado por la Presidencia de la Generalitat para elevar el techo autonómico fija que el régimen de derechos lingüísticos es territorial y no se define por la procedencia y condición de las personas. A partir de este criterio y de la definición del catalán en el estatuto de autonomía como "lengua propia y oficial de Cataluña", el documento, cuyo contenido ha conocido EL PAÍS, propugna un uso exclusivo o preferente del catalán en las administraciones públicas, "sin perjuicio" de una atención en castellano cuando así se reclame por parte de los interesados. Otro de los aspectos destacados del documento es la progresiva conversión de la policía autonómica en el cuerpo policial responsable de la seguridad en Cataluña

Las tesis políticas contenidas en este documento servirán de punto de referencia de las reivindicaciones de CiU cuando se produzca la esperada entrevista entre Felipe González y Jordi Pujol. Una primera parte de los aspectos políticos más destacados, como la reivindicación de un modelo radical de Administración única que prevé la asunción por parte de la Generalitat de las funciones que corresponden al poder ejecutivo del Estado y una relación directa del presidente de la Generalitat con la Corona, fue avanzada ayer por este diario. EL Gobierno catalán sostiene que puede hacerse sin modificar la Constitución y el Estatuto.El documento, aún sometido a la correspondiente fase de enmiendas de los dos partidos de la coalición, Convergència y Unió Democrática, ha sido coordinado técnicamente por Ramon Maria Llevadot, director del gabinete jurídico central de la Generalitat, y confeccionado a partir de las aportaciones de Jordi Pujol y, en menor medida, de otros miembros de su Gobierno como Macià Alavedra (Economía), Josep Maria Cullell (Política Territorial) y Joan Maria Pujals (Enseñanza).

El secretario general de la Presidencia, Joaquim Pujol, ha tenido igualmente un papel destacado. Éste último emitió ayer un comunicado en el que precisa que los únicos documentos oficiales son aquellos que ya han sido aprobados por el Ejecutivo "y su presidente". Algunos medios tomaron ayer -erróneamente- esta precisión, que abundaba en la advertencia ya realizada por este periódico de que el documento está aún sujeto a enmiendas, por un desmentido.

Pujol ya ha avanzado que la concreción de los acuerdos en materia autonómica que pueda alcanzar con Felipe González marcarán la disposición de la coalición nacionalista a seguir apoyando al Ejecutivo socialista.

El documento de trabajo de la Generalitat asume como única doctrina válida que el régimen lingüístico es territorial y que, por tanto, no se define por la procedencia, condición u origen de las personas y las instituciones. A partir de este carácter territorial de la lengua se sostiene que cualquier Administración -también la central-, por el simple hecho de estar presente en Cataluña, se debe acomodar a los criterios que derivan del catalán como lengua propia (artículo 3, punto 1 del Estatuto) y oficial (artículo 3, punto 2).

Para hacer normal y oficial el uso del catalán en unas cotas superiores a las actuales, la Administración central y la de justicia deberían incluir en todos los procedimientos de selección de fun- para superar las pruebas se pueda acreditar un conocimiento escrito y oral del catalán. La evolución hasta llegar a esta situación ideal se prevé necesariamente larga y el final de un camino.

Un paradigma de esta doctrina sería que los impresos, documentación, señalización e identificación de todos los órganos de las administraciones se hiciera "de manera exclusiva o preferente" en catalán. El documento sostiene que los poderes públicos no pueden ser neutrales ante la inferioridad del catalán y que la Administración central está obligada a adoptar medidas para subsanar la desigualdad.

Medios de comunicación

Las medidas de protección del catalán no sólo han de afectar a todas las administraciones públicas actuantes en Cataluña -se sostiene-, sino también a los medios de comunicación, tanto prensa como radio y televisión. Así, por ejemplo, se apunta que cuando un grupo de prensa escrita radicado en Cataluña solicite determinadas ayuda s para la reconversión industrial se deberá tener en cuenta en los pliegos que formalicen las ayudas la inclusión de consideraciones lingüísticas.

Respecto a la radio y la televisión, se constata que las competencias autonómicas son reducidas y la aplicación de la disposición transitoria octava del Estatuto, que establece que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Generalitat la utilización de un tercer canal, de titularidad estatal. Hasta la puesta en marcha de este nuevo canal de televisión, Radiotelevisión Española articulará a través de su organización en Cataluña un régimen transitorio de programación específica para Cataluña que TVE emitirá por la segunda cadena.

La Administración central también deberá velar para que las televisiones privadas usen el catalán bien sea a través de porcentajes o de cuotas de reserva para el catalán. Para reforzar el uso social de la lengua catalana se aboga por el establecimiento de una serie de incentivos.

En materia de seguridad y orden público, se pretende un acercamiento al modelo del País Vasco, en el que la Ertzaintza es la policía principal en la totalidad de territorio. Convertir a los Mossos d'Esquadra en la policía principal precisa, en primer lugar, de más policías autonómicos en Cataluña, ya que el número de agentes de que actualmente dispone (unos 1.800 frente a los más de 5.000 en el País Vasco) lo hace inviable. En similitud con el País Vasco, también se pide para Cataluña que se articule por la senda de la delegación de competencias la policía de tráfico interurbano.

Dentro de un sistema integral de policía que pretende asemejarse al que rige en Alemania se aboga porque la policía autonómica catalana vaya asumiendo las funciones generales de seguridad mientras que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado irían concentrando los esfuerzos en los ámbitos específicamente suyos y de carácter supracomunitario.