EI Gobierno aprueba el proyecto de ley de arrendamientos urbanos

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley de arrendamientos urbanos (LAU), en el que se fija una duración mínima de cuatro años para los nuevos contratos, con actualizaciones anuales en función de la inflación. El texto reduce notablemente las subrogaciones y establece un mecanismo por el cual se actualizan las rentas de las viviendas con prórroga forzosa en diez años, aunque no estén congeladas. Los alquileres de locales comerciales con prórroga forzosa también la verán reducida, mientras que sus rentas se actualizarán notablemente.

Elste proyecto de ley es uno de los más esperados en las últimas legislaturas. El anterior decayó, cuando ya estaba siendo discutido en el Parlamento, como consecuencia de las elecciones generales del pasado 6 de junio. Precisamente su rápida tramitación fue una de las promesas electorales del PSOE en esa campaña electoral.El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló, al término de la reunión del Ejecutivo, que "la nueva LAU potenciará el mercado del alquiler, y ayudará a que todos los ciudadanos accedan a una vivienda digna". Rubalcaba precisó, además, que el texto aprobado "recoge algunas de las sugerencias procedentes del Partido Popular, Convergéncia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco".

El proyecto remitido al Parlamento "tiene como principal objetivo proporcionar, estabilidad al inquilino, solucionar gradualmente las situaciones históricas de las rentas antiguas, acercar a la realidad el mercado de los alquileres comerciales, y agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en todo lo relativo al desahucio", según señaló ayer el director general para la Vivienda, Borja Carreras.

La intención del texto es acabar con la doble situación que en estos momentos existe en el mercado del alquiler español. Por una parte, hay alquileres hechos al amparo del decreto Boyer de 1985, de corta duración y rentas, muy elevadas. Por la otra, hay un gran número de arrendamientos, básicamente anteriores a 1964, de larga duración y con rentas muy bajas.

Para paliar esta situación, la LAU fija un doble mecanismo. En primer lugar, recoge para los nuevos contratos una duración mínima de cuatro años, en el transcurso de los cuales se producirá una actualización de la renta. en función del IPC general. Con ello se pretende dar una cierta estabilidad tanto a la permanencia de una familia en una vivienda como a los precios de los alquileres.

En segundo lugar, se establece un mecanismo de recorte del tiempo de los antiguos alquileres- mediante la reducción de las subrogaciones-, y otro de actualización de las rentas. Esta revisión -que se realiza mediante una fórmula matemática con la que se pretende absorber la inflación pasada- afectará a las viviendas en alquiler con prórroga forzosa, aunque el texto plantea dos limitaciones. No se podrá aplicar a todas aquellas familias cuyos ingresos familiares no sobrepasen 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 2,8 millones de pesetas. Tampoco se aplicará a todas aquellas personas que no quieran, en cuyo caso su contrato de alquiler se extinguirá en un plazo de diez años. Ello quiere decir que hay casi dos millones de viviendas en alquiler afectadas potencialmente por esta actualización, aunque unas 415.000 los son de una forma muy significativa.

El proyecto de ley establece algunas modificaciones fiscales, como el descenso del impuesto sobre el patrimonio para el propietario o la imputación al inquilino de los gastos del inmueble arrendado. Además, allana notablemente los procesos judiciales que intentan aclarar los problemas derivados de los contratos de arrendamiento. Ente estas novedades destaca la agilización de los desahucios o que el juez de primera instancia del lugar donde se encuentra la finca el que se encargue delproceso.

La aprobación del proyecto por parte del Gobierno provocó ayer las primeras reacciones. La Plataforma de Crítica Vecinal aseguró que la legislación se ha endurecido innecesariamente".