El Gobierno fue incapaz de cobrar las multas de 1990

Los responsables de Hacienda encajan sin pestañear uno de los apuntes más negativos hacia su gestión en 1990 por parte del Tribunal de Cuentas. Ese año, la mayoría de los ciudadanos multados por la Dirección General de Transportes y por la de Consumo no pagaron. El tribunal concluye que la gestión desarrollada por la Comunidad de Madrid en este aspecto ha sido "deficiente, acumulándose deudores por multas o sanciones" en materia de consumo y transportes.El problema, según los responsables de la consejería, ya se ha resuelto y todos los ingresos por multas que no se cobraron aquel año se empezarán a cobrar en 1994. Este departamento autonómico ha organizado una oficina de recaudación por vía de apremio para que ningún infractor se escape.

Entre los deudores que el Tribunal de Cuentas destaca figura el Ayuntamiento de Madrid. Curiosamente, mientras el Ejecutivo de Joaquín Leguina asegura que el municipio le debe 1.695 millones de los recargos de la licencia fiscal de 1988 y 1989, el Gobierno de José María Álvarez del Manzano reconoce 2.348 millones de deudas con la Comunidad, "superior en 653 millones al reconocido en cuentas". El tribunal denuncia que este hecho impide determinar el saldo real adeudado por el Ayuntamiento y, por tanto, "el efecto sobre los resultados del ejercicio".