La Comunidad arremete contra las críticas del Tribunal de Cuentas

El informe del Tribunal de Cuentas que confirma múltiples irregularidades en la contabilidad de la Comunidad de Madrid durante 1990 ha calado. Las "salvedades, excepciones e infracciones" cuestionadas por el tribunal han molestado a varios miembros del ejecutivo autonómico que, primero, las calificaron como "anormálidades menores" y luego han arremetido contra el desfase con que trabaja el tribunal y contra el contenido de muchas denuncias de fondo. El PP relaciona los defectos contables, observados con el caso Atocha.

Los responsables de la Consejería de Hacienda, encargada de supervisar el funcionamiento interno de la Comunidad, insisten en que las valoraciones del tribunal son, en general, positivas hacia la gestión autonómica. Los auditores, efectivamente, destacan la coherencia de la documentación suministrada y el "adecuado reflejo de la liquidación presupuestaria y de la gestión económica financiera".El Tribunal de Cuentas, sin embargo, dedica seis páginas a enumerar fallos contables muy concretos . Los auditores señalan: "Se mantiene la irregular situación de confusión normativa en materia de modificaciones presupuestarias a que se hacía alusión en el informe correspondiente al ejercicio anterior, realizándose diversas operaciones amparadas en figuras recogidas en órdenes la Consejería de Hacienda y no autorizadas en la ley de Presupuestos".

Al consejero de Hacienda, Ramón Espinar, esta alusión le fastidia especialmente: "El tribunal no es quién debe criticar nuestras 'innumerables' modificaciones porque la ley de Presupuestos la aprueban los partidos de la Asamblea de Madrid, que nos habilitan para hacer las modificaciones que queramos con plena legalidad".

El informe auditor comprobó también "deficiencias" de control en la disposición de fondos y de los pagos, falta de documentos en otras operaciones y lamenta la inexistencia de un buen registro de avales. Esta última corrección, por ejemplo, es aceptada por la consejería de Hacienda.

Los dirigentes regionales, no obstante, también critican la actuación del tribunal. Primero ponen en cuestión que "sirvan de algo" todas estas consideraciones cuando se efectúan cuatro años después de cerrado el ejercicio. Luego discrepan sobre el fondo de muchas de las precisiones contables señaladas por los auditores.

La Comunidad, por citar una de las divergencias más importantes, no contabiliza en el capítulo del endeudamiento las partidas de créditos solicitadas y concedidas hasta que éstas son utilizadas. Con ello se evita tener que abonar más intereses. El tribunal quiere, por el contrario, que estas partidas se computen desde el principio del ejercicio.

El tribunal no ve con buenos ojos el sistema utilizado por varias Consejerías, puesto en evidencia durante el caso Atocha, de adelantar dinero a la constructora de una obra comprar materiales necesarios para el proyecto. La Consejería de Hacienda tampoco. La Comunidad ha restringido este método de pago desde que estalló el escándalo.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea de Madrid, Pedro Diez Olazabal, respondió ayer al PP, quien le había calificado de obstruccionista por no haber facilitado aún el informe del Tribunal de Cuentas. Diez expresó su perplejidad "por la manipulación con fines estrictamente partidarios" había hecho el PP "de un simple procedimiento administrativo habitual en la Cámara".